Teniendo en cuenta solamente al sector formal, más de 3,7 millones de personas se encuentran involucrados en la esfera de la seguridad privada en América Latina, según el último estudio académico elaborado sobre este tema. Esta cifra indica un crecimiento superior al 50 % en apenas una década. De acuerdo con estas fuentes, el espacio latinoamericano reúne aproximadamente el 15 % del personal de seguridad privada mundial, estimado en más de 25 millones de personas.
En cuanto a las dimensiones del sector informal, aunque por su misma naturaleza no hay cálculos concretos sobre el tema, la Federación Panamericana de Seguridad Privada estima que existen tres vigiladores clandestinos por cada vigilante formal.
Esta opción por los servicios privados no está exenta de críticas. Se ha alertado sobre una “mercantilización” de la seguridad, cuyos beneficios disfrutan únicamente aquellos que pueden pagarla. También se ha señalado que el Estado ha abdicado del monopolio de la fuerza legítima, cediéndolo en favor de otros actores. Pero los gobiernos latinoamericanos no se han sentido intimidados por la aparición de este eventual competidor. De hecho, son sus principales clientes.
Su auge tiene también una vertiente laboral y profesional. Las empresas de seguridad privada constituyen una interesante oportunidad para personal procedente de las instituciones policiales, que de esta forma aumentan sus ingresos y mejoran su nivel de vida.
Privatización y desmovilización tras conflictos armados
El concepto de seguridad privada hace referencia a servicios relacionados con la protección de personas y bienes físicos proporcionados por entidades particulares con fines de lucro. Al Estado le corresponde su regulación y supervisión.
La seguridad privada ha experimentado un sostenido crecimiento en América Latina, desde su aparición en los años 40 del pasado siglo. En su consolidación y expansión, a partir de los 80 y 90, incidió la disponibilidad de abundantes recursos humanos capacitados en el empleo de armamento, como producto de los procesos de desarme y desmovilización que siguieron a la resolución de conflictos armados en toda América. También influyeron los postulados económicos que, en aras de una modernización del Estado, abogaban por la reducción de sus dimensiones, transfiriendo ciertos roles y funciones a la actividad privada.
Adicionalmente, impactó el crecimiento económico que registraron ciertos estratos sociales en todas las naciones latinoamericanas. Estos grupos adquirieron bienes muebles e inmuebles, cuya tutela no podía atribuirse a las instituciones policiales, pues estas parecían encontrarse al límite de sus capacidades, incluso para atender sus responsabilidades indelegables.
Sin embargo, la clave principal del auge de la seguridad privada en América Latina radica en el sostenido aumento de la violencia y la delincuencia que azota a toda la región, como efecto de una extendida criminalidad organizada.
La ciudadanía muestra escepticismo frente a la efectividad de las fuerzas policiales y de seguridad para resolver esta situación. Según el Informe de ley y orden de Gallup 2023, que mide la percepción sobre seguridad pública en 140 países, América Latina comparte con el África Subsahariana los más bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizarla. Este hecho plantea una relación directamente proporcional entre esa percepción y la demanda de servicios de seguridad privada.
Hoy, la seguridad privada latinoamericana configura un heterogéneo universo cuya manifestación más visible es el personal que desempeña vigilancias y custodias de activos físicos, la seguridad de espectáculos y eventos masivos y el transporte de valores y mercancías. Pero también incluye servicios de blindaje de automóviles, alarmas y vigilancia por vídeo, inteligencia, ciberseguridad, entrenamiento canino y hasta negociadores en caso de secuestro, por citar algunos casos.
Informalidad y ausencia de cooperación público-privada
Los protagonistas del sector abarcan tanto compañías locales de diferentes dimensiones, como poderosas y conocidas empresas internacionales cuyas casas matrices se encuentran en Estados Unidos o Europa Occidental. La mayoría de las primeras se encuentran en situación de informalidad, un rasgo típico de la seguridad privada en la región. Esta característica obstaculiza el cumplimiento tanto de los estándares de gestión como de los códigos de conducta existentes en este ámbito a nivel internacional.
La informalidad no se limita al desarrollo de actividades sin licencias ni permisos adecuados, sino que alcanza marcos normativos, regulaciones internas, procedimientos de selección y contratación de personal y mecanismos de supervisión.
Ya se ha dicho que América Latina está azotada por la delincuencia, sobre todo urbana, y la criminalidad organizada. Frente a este panorama, los mecanismos de cooperación entre las empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad pública son virtualmente inexistentes. En la mayoría de los casos se limitan a la provisión de información a las últimas por parte de las primeras. Urge modificar esta situación para beneficio de la ciudadanía en su conjunto, un avance que solo será posible en la medida en que el sector resuelva el flagelo de la informalidad.
Mariano César Bartolomé, Profesor, especializado en asuntos latinoamericanos, Seguridad y Geopolítica, Universidad Camilo José Cela
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.
