Ada Colau propone un pacto de Estado que permita reunificar Renfe y Adif, mientras Irene Montero defiende la renacionalización del sector. Ambas dirigentes reclaman cambios en el modelo ferroviario y cuestionan la liberalización de los servicios.
El futuro del sistema ferroviario español ha vuelto al centro del debate político tras el accidente de Urda (Toledo), que ha causado 69 muertos. Ada Colau e Irene Montero han defendido este lunes la necesidad de reforzar el control público del ferrocarril, aunque con propuestas que presentan diferencias en su alcance.
La candidata de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ada Colau, ha planteado un pacto de Estado que permita abordar una reforma integral del sistema ferroviario. Entre sus principales propuestas figura la reunificación de Renfe y Adif en un gran operador público que asuma el liderazgo de las infraestructuras y los servicios.
Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha reclamado la renacionalización del sector y ha vinculado los problemas de seguridad con el proceso de liberalización y la externalización de servicios.
Colau propone un pacto de Estado y una auditoría independiente
Tras reunirse en Barcelona con representantes de los principales sindicatos ferroviarios, Colau ha defendido que la respuesta al accidente no debe limitarse a la exigencia de responsabilidades políticas. A su juicio, la ciudadanía reclama también soluciones que permitan recuperar la confianza en el transporte ferroviario.
La exalcaldesa de Barcelona propone que las fuerzas políticas comiencen a trabajar en un acuerdo amplio a partir del día siguiente a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Entre las medidas que debería contemplar ese pacto ha destacado una auditoría independiente para conocer el estado de toda la infraestructura ferroviaria, recuperar el liderazgo público en su gestión, revertir externalizaciones relacionadas con el mantenimiento y aumentar tanto las plantillas como su formación.
Colau considera que la separación entre Renfe y Adif fue un error y sostiene que un servicio esencial como el ferroviario debería contar con una dirección pública más integrada, especialmente ante situaciones críticas.
También ha planteado destinar más recursos al conjunto del sistema, incluidos los servicios de Cercanías, y ha sugerido aparcar las ampliaciones aeroportuarias para priorizar la financiación ferroviaria.
Aunque ha vuelto a considerar «imprescindible» la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en que el debate debe centrarse en la cooperación política y en las soluciones para mejorar la seguridad.
Irene Montero reclama renacionalizar el ferrocarril
La candidata de Podemos, Irene Montero, ha ido más allá al defender la renacionalización del sistema ferroviario. Tras reunirse en Madrid con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT, ha reclamado recuperar el control público de un servicio que considera esencial para la ciudadanía.
Montero ha invocado el artículo 128 de la Constitución, que establece la posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en situaciones de monopolio, e intervenir empresas cuando lo exija el interés general.
La dirigente de Podemos ha responsabilizado a la liberalización de haber favorecido, según su valoración, problemas de seguridad y ha criticado que empresas privadas gestionen servicios externalizados con el objetivo de maximizar beneficios.
Además de reclamar la dimisión de Óscar Puente, Montero ha pedido que no se responsabilice exclusivamente a un trabajador del accidente de Urda y ha reclamado que el análisis tenga en cuenta el modelo de gestión ferroviaria.
El control público, en el centro del debate
Las propuestas de Colau y Montero coinciden en reclamar un mayor protagonismo del sector público, pero no son idénticas. Mientras la primera apuesta por un pacto político, una auditoría y la reunificación de Renfe y Adif, la segunda plantea una transformación más profunda mediante la renacionalización del sistema.
Las dos intervenciones reflejan cómo el accidente de Urda ha abierto una discusión sobre la organización del ferrocarril, el papel de las empresas privadas, el mantenimiento de las infraestructuras y las garantías de seguridad.
El debate sobre las responsabilidades inmediatas por el siniestro convive así con otra cuestión de fondo: qué modelo de gestión debe garantizar un servicio ferroviario seguro, fiable y al servicio del interés general.
