La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 12 de noviembre, el conocido como decreto Maricarmen, una norma que recupera distintas medidas de protección en materia de vivienda y que había sido rechazada por el Pleno de la Cámara el pasado 2 de octubre. La iniciativa ha salido adelante por un solo voto: 35 a favor y 34 en contra.

La votación se ha producido con las Cortes disueltas y a pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante este periodo, ha permitido al Gobierno recuperar una de las dos normas de vivienda que habían decaído tras su primer rechazo parlamentario.

El decreto lleva el nombre de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid se convirtió en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y de la situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas mayores y familias sin alternativa habitacional.

Protección frente a los desahucios y prórroga de alquileres

Entre las principales medidas de la norma figura la suspensión de determinados desahucios de personas y hogares vulnerables sin alternativa habitacional, una protección que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 en los supuestos previstos por el decreto.

La norma también contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Esta extensión deberá ser solicitada por el inquilino y estará sujeta a las condiciones establecidas en la disposición.

El texto incorpora, además, medidas para limitar las operaciones de compra especulativa de viviendas por parte de determinadas entidades y grandes tenedores, así como cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

En el caso de los contratos de temporada, se exigirá acreditar la causa temporal que justifica esa modalidad. Cuando no exista una causa expresa y acreditada, el contrato podrá quedar sujeto al régimen del alquiler de vivienda habitual. También se establecen límites para evitar que la suma de las rentas de habitaciones supere el precio que correspondería al alquiler de la vivienda completa.

La norma incluye otras medidas fiscales y de acceso a la vivienda, como la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan recargos de hasta el 150 % en el IBI para determinadas viviendas vacías y pisos turísticos en zonas tensionadas, incentivos para propietarios que reduzcan el precio del alquiler y préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda a través del programa Tu Casa.

Estas medidas no suponen una prohibición general de los desahucios ni una prórroga automática para todos los contratos: su aplicación depende de los requisitos y supuestos recogidos en el texto legal.

El segundo decreto de alquileres no sale adelante

La jornada parlamentaria ha dejado también un revés para el Gobierno. La Diputación Permanente ha rechazado el segundo decreto de vivienda, impulsado para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler y establecer un mecanismo de prórroga automática.

La propuesta ha obtenido 34 votos a favor y 35 en contra. El rechazo de PP, Vox, Junts y PNV ha impedido su convalidación.

El resultado evidencia las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria en torno a una política de vivienda común. El PNV ha apoyado el decreto Maricarmen, pero ha votado en contra de la segunda iniciativa, una diferencia que ha resultado decisiva para que una norma saliera adelante y la otra quedara rechazada.

Una votación marcada por la campaña electoral

El debate se ha celebrado un día después de la huelga general y las movilizaciones por el derecho a la vivienda del 11 de noviembre, y en vísperas del inicio de la campaña electoral.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido las medidas y ha vinculado su aprobación con la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda. Durante su intervención también ha llamado a la movilización de los ciudadanos en las elecciones del 29 de noviembre.

Desde la oposición, el Partido Popular ha cuestionado el procedimiento y ha acusado al Gobierno de utilizar la Diputación Permanente para recuperar unas medidas que ya habían sido rechazadas por el Pleno. Junts también ha criticado la iniciativa y ha denunciado su carácter electoralista.

La aprobación por 35 votos frente a 34 supone una victoria parlamentaria para el Ejecutivo, aunque limitada por el fracaso del segundo decreto. El Gobierno consigue mantener una parte de las medidas de protección a los inquilinos vulnerables, pero no logra sacar adelante la reforma que pretendía reforzar de forma más amplia la continuidad de los contratos.

La vivienda, en el centro de la disputa política

El resultado vuelve a situar la vivienda como uno de los principales ejes de confrontación política en España. La aprobación del decreto Maricarmen permite recuperar medidas de protección frente a determinados desahucios y actuaciones especulativas, pero deja pendiente el debate sobre la estabilidad de los alquileres y la falta de oferta de vivienda asequible.

La votación también muestra que las mayorías parlamentarias pueden variar según el contenido de cada iniciativa: el PNV ha respaldado una norma y rechazado la otra, mientras que Junts ha mantenido su oposición a ambas.

A poco más de dos semanas de las elecciones generales, la vivienda vuelve así a ocupar un lugar central en la confrontación entre los partidos. El decreto Maricarmen sale adelante, pero la respuesta política a la crisis habitacional continúa lejos de contar con un consenso amplio.