La subida del salario mínimo, la mejora de la protección por desempleo, la ampliación de los permisos de nacimiento y los acuerdos salariales en las administraciones públicas figuran entre los principales avances de estos años. UGT y CCOO reivindican el valor del diálogo social y de la negociación colectiva, mientras mantienen abiertas importantes reivindicaciones, como la reducción de la jornada laboral. Su papel va mucho más allá de la defensa de los intereses laborales: constituye una pieza esencial de nuestra democracia.

La legislatura que llega a su fin deja un balance significativo de la actividad sindical en España. Durante estos años, UGT y CCOO han desarrollado una intensa labor de negociación, diálogo social y reivindicación para mejorar las condiciones laborales, proteger el poder adquisitivo de los salarios y ampliar los derechos sociales. Una actividad que ha permitido alcanzar acuerdos y conseguir avances que afectan directamente a millones de trabajadores y trabajadoras.

No todos los objetivos se han conseguido, ni todas las propuestas han llegado a convertirse en ley. Pero sería injusto ignorar los resultados obtenidos y, sobre todo, el papel desempeñado por las organizaciones sindicales para hacer posibles muchas de esas mejoras.

Más salario y mayor protección social

Uno de los resultados más visibles ha sido la evolución del salario mínimo interprofesional. En 2023 se situaba en 1.080 euros mensuales en catorce pagas. En 2026 alcanza los 1.221 euros. Supone un incremento de 141 euros mensuales y refleja una política de recuperación de los salarios más bajos en la que las organizaciones sindicales han mantenido una reivindicación constante.

La subida ha beneficiado especialmente a las personas con menores ingresos y a sectores con una elevada presencia de salarios bajos, como los cuidados, la hostelería, el comercio y otros servicios. No se trata solamente de una mejora económica: el salario mínimo constituye una herramienta de protección frente a la pobreza laboral y de reducción de las desigualdades.

Otro avance importante ha sido la reforma del nivel asistencial de protección por desempleo, acordada con las organizaciones sindicales. La reforma, en vigor desde noviembre de 2024, simplificó el acceso a los subsidios, eliminó el mes de espera, amplió los colectivos protegidos y estableció cuantías superiores durante los primeros meses de percepción: el 95% del IPREM durante los seis primeros meses y el 90% durante los seis siguientes.

También se introdujo una mayor compatibilidad entre el subsidio y el empleo mediante el Complemento de Apoyo al Empleo. Se trata de mejoras relevantes para quienes atraviesan situaciones de desempleo y necesitan una protección social que facilite su reincorporación al mercado laboral.

Nuevos derechos para la conciliación y los cuidados

La ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor constituye otro de los avances de esta etapa. Los permisos retribuidos han pasado de 16 a 19 semanas para cada progenitor y alcanzan las 32 semanas en las familias monoparentales y monomarentales.

La medida refuerza la conciliación y la corresponsabilidad, reconoce las necesidades de las familias y amplía el tiempo disponible para el cuidado de los hijos. Es un avance social que debe situarse también en el contexto de las reivindicaciones sindicales sobre igualdad, cuidados y derechos de conciliación.

Un acuerdo salarial para millones de empleados públicos

La negociación en el ámbito de las administraciones públicas permitió alcanzar en noviembre de 2025 un acuerdo marco para mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos.

El pacto, suscrito por el Gobierno con UGT y CSIF y al que posteriormente se adhirió CCOO, contempla un incremento retributivo acumulado del 11% entre 2025 y 2028, distribuido en diferentes ejercicios. El acuerdo afecta a más de tres millones de empleados públicos e incorpora compromisos para modernizar las administraciones, agilizar los procesos selectivos, mejorar la promoción interna y reforzar la formación profesional y digital.

Es un ejemplo de la importancia de la negociación colectiva en un ámbito fundamental para el funcionamiento del Estado del bienestar. Mejorar las condiciones de quienes trabajan en las administraciones también significa contribuir a mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.

La reducción de jornada: una conquista pendiente

No todos los objetivos sindicales han conseguido convertirse en derechos efectivos. La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, sin merma salarial, fue una de las principales reivindicaciones de UGT y CCOO.

Las organizaciones sindicales alcanzaron un acuerdo con el Gobierno en diciembre de 2024. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado por el Congreso en septiembre de 2025, después de prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, con 178 votos a favor y 170 en contra.

El bloqueo parlamentario impidió culminar una reforma que habría supuesto una mejora sustancial en la organización del tiempo de trabajo y en la conciliación de la vida personal y laboral. Su fracaso demuestra que el diálogo social y los acuerdos alcanzados entre Gobierno y sindicatos necesitan también respaldo parlamentario para convertirse en legislación.

Quedan igualmente pendientes otras reivindicaciones, como la aprobación definitiva del Estatuto del Becario, la actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales y nuevas medidas para mejorar la calidad del empleo y la protección de los trabajadores.

Dialogar, negociar y movilizarse: la responsabilidad de la acción sindical

En los últimos tiempos se ha extendido desde determinados ámbitos políticos y mediáticos, especialmente próximos al Partido Popular, una crítica recurrente: ¿por qué los sindicatos no han convocado antes movilizaciones de mayor alcance? ¿Por qué han esperado hasta ahora para salir a la calle?

La pregunta merece una respuesta que vaya más allá de la confrontación política. Que las organizaciones sindicales hayan priorizado durante buena parte de la legislatura el diálogo social, la negociación y la búsqueda de acuerdos no constituye una señal de debilidad. Es, precisamente, una de las funciones fundamentales del sindicalismo representativo.

La responsabilidad de las organizaciones sindicales no consiste en convocar movilizaciones permanentemente, sino en defender los intereses de los trabajadores utilizando todos los instrumentos a su alcance. Negociar cuando existen posibilidades de acuerdo, alcanzar compromisos que se traduzcan en mejoras concretas y movilizar a los trabajadores cuando las reivindicaciones no encuentran respuesta suficiente.

Los avances conseguidos durante estos años en materia de salario mínimo, protección por desempleo, permisos y retribuciones de los empleados públicos muestran la importancia de esa actividad negociadora. No todos los objetivos se han alcanzado, como demuestra el bloqueo de la reducción de jornada, pero tampoco puede ignorarse lo conseguido.

Confundir diálogo con conformismo o negociación con renuncia es desconocer la naturaleza del sindicalismo. La movilización del 11N no contradice el trabajo desarrollado durante estos años: representa otro instrumento de defensa de los derechos laborales y sociales cuando la negociación no basta.

La capacidad de negociar y alcanzar acuerdos, sin renunciar al derecho a la movilización, constituye una expresión de responsabilidad. Y es precisamente esa combinación la que permite a los sindicatos representar a los trabajadores en distintos escenarios y defender sus intereses ante gobiernos, patronales e instituciones.

Los sindicatos, pilares de la democracia y protagonistas de nuestra historia

Hay otra cuestión que merece una reflexión más profunda y que en ocasiones parece olvidarse en determinados debates políticos y mediáticos: el papel de los sindicatos en un Estado social y democrático de derecho.

Junto a los partidos políticos, las organizaciones sindicales constituyen instituciones esenciales para la representación de la sociedad y la defensa del pluralismo. Nuestra Constitución no deja lugar a dudas. El artículo 6 reconoce a los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política, mientras que el artículo 7 establece que los sindicatos contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

No son organizaciones accesorias ni simples interlocutores económicos. Representan intereses colectivos, articulan demandas sociales y contribuyen a equilibrar unas relaciones laborales en las que, sin representación y organización de los trabajadores, la desigualdad de fuerzas sería mucho mayor.

En España, además, los sindicatos tienen una trayectoria histórica que no puede ignorarse. El movimiento obrero y las organizaciones sindicales desempeñaron un papel decisivo en la lucha contra la dictadura y en la conquista de las libertades. Durante la Transición, su capacidad de movilización, organización y negociación fue una pieza clave para construir consensos, defender los derechos de los trabajadores y contribuir a consolidar la democracia.

UGT y CCOO forman parte de esa historia. Su participación en la construcción del nuevo marco de relaciones laborales, en la negociación de los grandes acuerdos sociales y en la consolidación de los derechos constitucionales forma parte de la evolución democrática de nuestro país.

Por eso resulta especialmente desafortunado que desde determinados sectores políticos y mediáticos se intente presentar la actividad sindical como una interferencia, un obstáculo o una actuación partidista. Los sindicatos no tienen que pedir disculpas por representar a los trabajadores, negociar con los gobiernos o ejercer su derecho a la movilización. Esa es precisamente su función en una democracia plural.

La fortaleza de un sistema democrático también se mide por la fortaleza de sus organizaciones sociales, por su capacidad para representar intereses colectivos y por la posibilidad de que la ciudadanía se organice para defender sus derechos. Una democracia sin sindicatos libres y representativos sería una democracia más débil, con menos instrumentos de equilibrio social y menos capacidad para proteger a quienes se encuentran en una posición más vulnerable.

Una legislatura de avances que deja nuevas reivindicaciones

El balance de estos años permite constatar que la acción sindical ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas. El incremento del salario mínimo, la reforma de los subsidios, la ampliación de los permisos por nacimiento y el acuerdo salarial de los empleados públicos son resultados concretos. La reducción de jornada y otras reformas pendientes muestran, al mismo tiempo, los límites de la negociación y las dificultades para convertir determinados compromisos en derechos efectivos.

El sindicalismo afronta ahora una nueva etapa con reivindicaciones que siguen sobre la mesa: mejorar los salarios, reducir el tiempo de trabajo, reforzar la prevención de riesgos laborales, combatir la precariedad y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida.

La legislatura termina, por tanto, con avances importantes, pero también con una agenda de derechos todavía por completar. Y deja una enseñanza que conviene recordar frente a quienes cuestionan la función de las organizaciones sindicales: el diálogo, la negociación y la movilización no son caminos incompatibles, sino herramientas complementarias de una misma responsabilidad colectiva.

Los sindicatos no son un problema para la democracia. Son una de sus garantías.