La cancelación de su conversación con Jordi Wild abre un debate sobre la independencia de los entrevistadores y el intento de los partidos de controlar cómo se presentan públicamente sus líderes.

Santiago Abascal reclama que las entrevistas a los dirigentes políticos se emitan completas y sin manipulaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento de sentarse ante Jordi Wild, las condiciones que Vox había aceptado para participar en The Wild Project dejaron de parecerle suficientes al partido. La entrevista prevista para el miércoles 11 de noviembre terminó cancelándose después de que Vox planteara nuevas exigencias sobre el control de la grabación y sus derechos audiovisuales.

La secuencia plantea una contradicción difícil de ignorar: no se puede reclamar libertad para que un medio publique íntegramente una entrevista y, al mismo tiempo, pretender que el entrevistado controle el material y las condiciones de su difusión.

Una entrevista no es un espacio de propaganda

La propuesta de Jordi Wild era, según su explicación, bastante sencilla: ofrecer a los cuatro candidatos las mismas condiciones y garantizar que las conversaciones se publicarían completas. El compromiso del entrevistador era no manipular ni modificar el contenido; el de los políticos, aceptar que no podrían imponer recortes o cambios después de la grabación.

Vox había aceptado inicialmente ese marco. Así lo ha explicado Wild y así lo recoge la información publicada por El País y la Cadena SER.

El problema llegó después de la entrevista de Abascal con David Broncano en La Revuelta. Vox denunció que RTVE había dejado fuera unos 40 minutos de conversación y reclamó la entrega o publicación de la grabación completa. A raíz de aquella disputa, el partido quiso modificar las condiciones de su participación en el programa de Jordi Wild.

Wild asegura que aceptó revisar el contrato y ofrecer garantías adicionales. Pero rechazó que Vox se quedara con el control de la grabación y con los derechos audiovisuales en exclusiva. No era una cuestión menor: suponía alterar la naturaleza del acuerdo inicial y desplazar al entrevistador de su propia producción.

El cambio de condiciones a última hora

La entrevista estaba prevista para el miércoles 11 de noviembre a las once de la mañana. La cancelación se comunicó la noche anterior, después de semanas de preparación.

Wild había invertido tiempo en documentarse, preparar preguntas, organizar el encuentro y contratar verificadores externos. No se trataba de una conversación improvisada, sino de una entrevista integrada en una ronda con los principales candidatos políticos.

La decisión de Vox perjudicó al programa y dejó sin efecto un compromiso que, según el presentador, ya estaba firmado. Y aquí aparece un detalle especialmente revelador: el propio comunicado de Vox aclaró que no atribuía a Jordi Wild ningún incumplimiento del acuerdo.

Es decir, el partido no justificó la cancelación por una falta profesional del entrevistador, sino por su decisión de cambiar las condiciones bajo las que estaba dispuesto a conceder entrevistas.

Abascal tiene derecho a no responder, pero no a imponer las reglas

Naturalmente, Santiago Abascal puede decidir no acudir a un programa. Ningún periodista puede obligar a un político a conceder una entrevista. Pero ese derecho no le exime de respetar los compromisos que su equipo ha adquirido.

La independencia editorial no puede depender de la comodidad del entrevistado. Un periodista debe poder decidir qué preguntas formula, cómo organiza la conversación y cómo presenta el contenido, respetando el compromiso de no manipularlo.

La pretensión de Vox de disponer de los derechos audiovisuales en exclusiva va más allá de pedir una entrevista íntegra. Supone reclamar una capacidad de control sobre el material que no se corresponde con el papel de un invitado.

Y si ese criterio se generalizara, cualquier dirigente político podría exigir las grabaciones, seleccionar los fragmentos que le interesan y convertir una entrevista periodística en una pieza de comunicación de su propio partido.

La contradicción de Vox

Hay una contradicción política que merece destacarse.

Vox denuncia que RTVE recortó la entrevista de Abascal y reclama que se haga pública en su totalidad. Sin embargo, en el caso de Jordi Wild, el partido quiso introducir unas condiciones que, según el presentador, le daban un control exclusivo sobre la grabación y los derechos audiovisuales.

La defensa de la transparencia no puede convertirse en una exigencia de control sobre los medios. Si una entrevista se acuerda para ser publicada íntegramente, lo razonable es respetar ese compromiso. Y si el político no está dispuesto a aceptar las reglas, lo honesto es no firmar el acuerdo desde el principio.

¿Miedo a las preguntas?

Jordi Wild ha sugerido que Abascal pudo preferir evitar una entrevista que consideraba incómoda. Ha señalado que tenía preparadas preguntas sobre cuestiones económicas y de política exterior que no encajaban necesariamente con el discurso habitual del líder de Vox.

Es una hipótesis del entrevistador, no una motivación demostrada. No hace falta convertirla en una certeza para señalar lo que sí está documentado: la cancelación se produjo después de que Vox intentara modificar las condiciones pactadas y reclamara un control que Wild no estaba dispuesto a conceder.

Una victoria de la independencia periodística

Jordi Wild ha hecho bien en no aceptar unas condiciones que, a su juicio, desnaturalizaban su trabajo. Su responsabilidad no era garantizar que Abascal saliera satisfecho de la entrevista, sino ofrecerle un espacio en el que pudiera explicar sus posiciones y responder a las preguntas de un entrevistador independiente.

La decisión de Vox, por el contrario, transmite una imagen de desconfianza hacia cualquier formato en el que el partido no pueda controlar plenamente el destino de las declaraciones de su líder.

Abascal no estaba obligado a acudir. Pero Vox sí tenía una responsabilidad política y profesional con un compromiso que, según Wild, había aceptado previamente. Cambiar las condiciones a pocas horas de la grabación y cancelar después la entrevista supone, como mínimo, una ruptura de la palabra dada.

La conclusión es sencilla: Abascal puede elegir las entrevistas que concede, pero no puede pretender que los periodistas renuncien a su independencia para sentarlo delante de una cámara.