El inicio del curso escolar de 2026 estuvo marcado por un movimiento estudiantil inesperado que estalló en los suburbios empobrecidos de la región de Isla de Francia para reclamar, entre otras cosas, mejores condiciones de aprendizaje. Los jóvenes decidieron organizar manifestaciones y bloqueos, y el movimiento se extendió rápidamente a numerosos centros educativos y universidades, poniendo bajo presión a las fuerzas del orden. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió entonces la decisión de dar una respuesta policial extremadamente contundente. Tras varios días de manifestaciones, marcados por actos violentos y por las heridas y mutilaciones sufridas por varios adolescentes, el ministro prohibió temporalmente el uso de granadas aturdidoras.
El 17 de octubre (jornada de movilización nacional convocada por los chalecos amarillos, centrales sindicales, estudiantes de secundaria y organizaciones agrarias, n. del ed.), la situación empeoró, con graves actos vandálicos cometidos por varios miles de «alborotadores» y saqueadores que actuaban al margen de la manifestación unitaria. Cientos de tiendas fueron destrozadas, se incendió mobiliario urbano en las principales ciudades y, en Limoges (Alto Vienne), ardió el ayuntamiento.
El hecho de que los servicios de inteligencia territorial hubieran subestimado ampliamente tanto el número de manifestantes (800.000 participantes según los sindicatos y 500.000 según el Ministerio del Interior, n. del ed.) como el riesgo de que se produjeran disturbios se utilizó para justificar el fracaso del dispositivo de mantenimiento del orden. Por el contrario, algunas críticas consideraron que las autoridades habían situado deliberadamente mal a las fuerzas del orden para desacreditar un movimiento bastante popular, bloqueando las manifestaciones pacíficas y permitiendo los saqueos.
En cualquier caso, las escenas de saqueo dieron la vuelta al mundo y llevaron al presidente de la República a anunciar, el 18 de octubre, la posibilidad de que los prefectos prohibieran futuras manifestaciones.
Esta lógica de excepción —cuando el derecho de manifestación es un derecho fundamental— puede interpretarse como un fracaso del mantenimiento del orden, cuya doctrina y cuyas prácticas se han endurecido considerablemente en las dos últimas décadas.
Violencia durante la reforma de las pensiones
En este sentido, el episodio más reciente y destacado se remonta a 2023, cuando se produjo un fuerte aumento de los incidentes relacionados con las intervenciones policiales en las manifestaciones contra la reforma de las pensiones.
Para responder a los lanzamientos de piedras y a la quema de contenedores, el entonces ministro del Interior, Gérald Darmanin, ordenó un importante despliegue de fuerzas, considerado excesivo e inadecuado en el ámbito internacional por distintos observadores, entre ellos Amnistía Internacional.
Ante estas graves acusaciones de violaciones reiteradas de los derechos humanos —manifestarse, circular libremente y expresar opiniones en público sin correr riesgos—, el Gobierno intentó dar la vuelta a las críticas: el problema no serían los excesos de una parte de las fuerzas del orden, sino «los facciosos», es decir, los manifestantes que querrían derrocar al poder.
El LBD, ejemplo de la creciente militarización de las fuerzas del orden
Si nos remontamos más atrás, observamos que, desde hace unos treinta años, los sucesivos gobiernos han decidido reforzar el equipamiento de los gendarmes móviles y de las CRS, las principales fuerzas de seguridad desplegadas para controlar las manifestaciones.
La armadura, la pistola, los gases lacrimógenos y las armas reconocidas por el Estado como armas de guerra —fusiles de asalto, granadas de dispersión y lanzadores de balas de defensa (LBD)— se están convirtiendo poco a poco en parte del equipamiento estándar para el mantenimiento del orden.
Uno de los símbolos de este nuevo equipamiento es el LBD. Introducido por Claude Guéant en 1995, en aquel momento estaba prohibido en las manifestaciones y se probó en unidades especiales para combatir el terrorismo y responder a situaciones con toma de rehenes. Esta decisión se explica tanto por las presiones sufridas por el Consejo de Europa como por la muerte de Malik Oussekine en 1986, que seguía presente en la memoria de los dirigentes políticos.
Hubo que esperar hasta al menos 2007 para que el LBD se utilizara de forma experimental en una manifestación, y su primer uso se saldó con una lesión grave. Un estudiante de secundaria perdió un ojo y, tras once años de proceso judicial, la justicia reconoció que el agente de policía había disparado de forma ilegal e ilegítima contra un manifestante indefenso.
Una «peligrosidad totalmente desproporcionada»
Con esta decisión, adoptada en julio de 2018, el tribunal administrativo se sumó a varias resoluciones condenatorias de otros organismos franceses: en julio de 2009, la Inspección General de Servicios alertó del incumplimiento de las normas que regulan el uso del LBD por parte de las fuerzas del orden; la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, encargada de velar por la conducta ética de los servicios de seguridad públicos y privados, expresó su preocupación por la «peligrosidad totalmente desproporcionada» del LBD en las manifestaciones; y, en 2015, el defensor de los derechos humanos pidió que se prohibiera su uso en manifestaciones, dado que el arma resultaba peligrosa e inútil (incluso sin el LBD, «la policía no está desarmada»: dispone de otros medios menos peligrosos para mantener el orden).
Sin embargo, en diciembre de 2018, el tercer acto de los chalecos amarillos marcó también el regreso del LBD con toda su fuerza. En solo cuatro meses se efectuaron más de 13.000 disparos de LBD contra los manifestantes.
Según el periodista David Dufresne, en el plazo de un año más de 300 chalecos amarillos resultaron gravemente heridos y alrededor de treinta perdieron un ojo a consecuencia de estos disparos. El LBD, un arma de guerra según la normativa francesa e internacional, pasó en menos de tres décadas de ser un arma experimental antiterrorista a convertirse en un «arma no letal».
Un mantenimiento del orden eficaz y más pacífico en el último tercio del siglo XX
Desde 2018, la revista The Economist ha clasificado a Francia como una «democracia defectuosa», al igual que Italia, Polonia y Hungría… Un resultado sorprendente si se compara el protocolo actual de mantenimiento del orden con el aplicado entre 1968 y 2000.
Aunque imperfecto, el modelo adoptado durante los acontecimientos de 1968 y después de ellos por el prefecto Maurice Grimaud y el ministro del Interior Raymond Marcellin —e imitado por sus sucesores— resultó muy eficaz.
La separación física entre manifestantes y policías; el establecimiento de una respuesta gradual por parte de los agentes; la vigilancia mediante la infiltración entre los manifestantes (para informar mejor a las fuerzas del orden sobre la situación); el desarrollo de nuevas tácticas adaptadas a los riesgos de enfrentamiento; y la voluntad de permitir que los manifestantes se expresaran tranquilamente en el espacio público fueron cambios que contribuyeron a pacificar considerablemente las calles. Los agentes encargados de detener a los «alborotadores» permanecían en segundo plano, preparados para intervenir en cuanto recibieran la señal, sin tener que cargar contra toda la manifestación. Contrariamente a ciertas declaraciones oficiales, los manifestantes violentos ya llevaban calzado adecuado para huir, del mismo modo que los agentes estaban preparados para perseguirlos.
Sin embargo, los años comprendidos entre 1968 y 1983 estuvieron marcados por manifestaciones especialmente violentas. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden eran habituales. No obstante, existía una voluntad política de pacificar las relaciones entre «la calle» y las fuerzas del orden. Esta pacificación continuó durante las décadas de 1970 a 1990.
Por supuesto, no hay que idealizar ese periodo. Se produjeron incidentes, algunos muy graves. Entre 1977 y 1999 hubo al menos tres muertos y varias decenas de heridos entre los manifestantes, según los datos disponibles, y también resultaron heridos varias decenas de policías y gendarmes; además, un agente de las CRS murió por un disparo en 1976. Sin embargo, la voluntad de los gobiernos de entonces de garantizar un mantenimiento del orden pacífico produjo excelentes resultados: entre 1975 y 1990, solo el 5 % de las manifestaciones registró daños contra bienes o personas.
La preocupación ante la tentación autoritaria
Hoy puede observarse que el refuerzo del equipamiento para el mantenimiento del orden —en paralelo a la reducción de efectivos especializados en este ámbito— ha ido acompañado de un aumento de las denuncias por abusos de las fuerzas del orden. El problema no reside en la formación de los CRS y de los gendarmes móviles, que es rigurosa por el tiempo que se le dedica y por su adaptación a la evolución de las manifestaciones públicas, sino en el cambio de doctrina, el despliegue de policías no especializados en este tipo de misiones y los fallos en la cadena de mando.
Los sociólogos Sebastian Roché y Olivier Fillieule lo han analizado en profundidad: aunque ha disminuido el uso de los LBD, las directrices que fomentan el contacto con los manifestantes, el uso reiterado de los cercos policiales, «las detenciones masivas para disuadir de participar en la manifestación» o la negativa a garantizar que los agentes lleven visible el RIO (número de identificación policial) no pueden sino alimentar los incidentes y aumentar la desconfianza de la población hacia las fuerzas del orden.
Francia, en el punto de mira
El aumento de la represión ha empezado a preocupar a los franceses, que sienten un miedo creciente a salir a manifestarse en la calle, e incluso a expresar públicamente sus opiniones. También preocupa a observadores europeos y norteamericanos, que ven en ello la imagen de un poder «despectivo e insensible», «autoritario» y «brutal».
En una democracia no se puede tolerar el uso de la violencia. Esto se aplica tanto a los manifestantes, que deben responder ante la ley, como a las fuerzas del orden. Como recordaba Maurice Grimaud en mayo de 1968: «Golpear a un manifestante caído en el suelo es golpearse a uno mismo, al ofrecer una imagen que perjudica a toda la función policial».
Bryan Muller, doctor en Historia Contemporánea, Universidad de Lorena
Este artículo se reproduce de The Conversation bajo licencia Creative Commons.
