Desde que asumió el cargo de primer ministro, Andy Burnham ha presentado una agenda política relativamente ambiciosa. Ha expuesto sus planes para crear un servicio nacional de cuidados, una «Gran Red Británica» y ha planteado la posibilidad de replantear la relación del Reino Unido con la Unión Europea.

Sin embargo, una de las grandes ausencias de la agenda de Burnham es la política climática. Entre las propuestas que marcan una clara distancia respecto a su predecesor, Keir Starmer, la agenda climática de Burnham sigue siendo una incógnita.

El primer ministro ha reiterado su intención de alcanzar las emisiones netas cero en 2050 (aunque este objetivo es objeto de controversia, tanto por la cuestión de si refleja realmente la ciencia climática como por el grado en que depende de tecnologías que todavía no están disponibles). También se ha comprometido a asistir en persona a la COP31, la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima que se celebra actualmente en Turquía. Sin embargo, los presupuestos —la primera oportunidad real de Burnham para exponer su visión— han suscitado dudas sobre si su discurso político puede traducirse en una política climática coherente.

Los presupuestos revelaron que el aumento del gasto en defensa se financiaría, en parte, con recortes de 3.000 millones de libras en el Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto. Entre las políticas más destacadas que se han eliminado figuran las subvenciones para bombas de calor, calderas, el plan de hogares cálidos, el hidrógeno y la captura y almacenamiento de carbono. Esto no solo limita la política industrial verde del Reino Unido, sino que también sugiere que la seguridad energética todavía no se considera parte de la seguridad nacional.

Seguridad energética y aumento de las facturas

Durante años, el Reino Unido ha estado desalineado respecto a sus propios presupuestos de carbono, establecidos en virtud de la Ley de Cambio Climático de 2008. Después de que los conservadores comenzaran a cuestionar el objetivo de cero emisiones netas hacia el final de su mandato, se esperaba que la elección del primer Gobierno laborista en 14 años marcara un punto de inflexión.

La posición de Burnham sobre el clima se ha visto entrelazada —y en cierta medida debilitada— por las preocupaciones sobre la seguridad energética tras las presiones inflacionistas de los combustibles fósiles provocadas por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta situación ha influido en la concesión de la licencia para el yacimiento de gas Jackdaw, situado a 150 millas al este de Aberdeen. La decisión forma parte del enfoque que el propio Burnham ha definido como «pragmático» respecto a las nuevas perforaciones en el mar del Norte.

La justificación inicial fue que la medida mejoraría la seguridad energética al aumentar el suministro nacional de petróleo y gas. Sin embargo, sus críticos sostienen que el aumento de la oferta tiene poco o ningún efecto sobre las facturas de los hogares, ya que los precios se fijan en los mercados internacionales. Los ingresos del proyecto se destinarán a financiar un Fondo de Riqueza Energética para invertir en tecnologías verdes en otros ámbitos.

Y después está el coste de la vida. A medida que se acerca el invierno, un número creciente de hogares tendrá que elegir entre calentar la casa o comprar alimentos. En respuesta, los presupuestos del ministro de Hacienda, John Healey, eliminaron de las facturas de los consumidores los gravámenes destinados a financiar políticas verdes. Estos gravámenes sufragan programas medioambientales, como los relacionados con las energías renovables, pero a partir de ahora el dinero procederá de los impuestos generales.

Esta medida sí reduce las facturas a corto plazo. Pero el cambio, unido a otros recortes, plantea dudas sobre sus consecuencias a largo plazo.

Se argumenta que eliminar los gravámenes verdes de las facturas reducirá el coste relativo de la energía. Es un argumento relevante cuando el Reino Unido se acerca a un periodo de mayor demanda energética para calentar los hogares. Sin embargo, los críticos sostienen que reducir el apoyo a las infraestructuras de energía limpia retrasará la llegada de una energía abundante y barata.

Retos políticos y económicos

El Partido Laborista afronta ahora dos desafíos. El primero es el dilema político en el que se encuentra. Su programa electoral no contiene nada que pueda considerarse una política climática ambiciosa. Aunque Burnham representa un cambio en la dirección del Gobierno, no ha obtenido un mandato electoral para apartarse del programa con el que Starmer fue elegido.

Está abierto el debate sobre si esto supone una limitación para la visión política de Burnham o si, sencillamente, representa una continuidad de una política climática poco ambiciosa.

El segundo desafío es de carácter económico y está relacionado con la ajustada situación fiscal del Reino Unido. Esto ocurre pese a que la presión fiscal se encuentra en niveles históricamente elevados, en buena medida debido al llamado «arrastre fiscal»: un fenómeno por el que los contribuyentes pasan a tramos impositivos superiores sin que necesariamente aumente su poder adquisitivo real.

El problema de fondo es que la rentabilidad de los bonos británicos a diez años —el tipo de interés que paga el Gobierno por su deuda— ha subido hasta el 5,13%. La ironía de este aumento es que se debe principalmente a la «fósil-inflación»: las perturbaciones en el suministro han repercutido en los precios de la energía.

Como consecuencia, el Banco de Inglaterra ha elevado los tipos de interés por primera vez en tres años, hasta el 4%. Esto aumentará aún más los costes de financiación y hará que la vida resulte menos asequible para los hogares británicos.

Y, sin embargo, las propuestas laboristas no hacen sino aumentar las dudas sobre su política climática. Todavía está por ver si el Gobierno concederá una licencia para explotar el yacimiento petrolífero de Rosebank, al oeste de las islas Shetland, que es mayor que el de Jackdaw. Si el Gobierno cede a las presiones políticas, Burnham y la ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, podrían volver a utilizar los mismos argumentos sobre la seguridad energética.

Mientras tanto, Burnham ha manifestado su intención de elevar los aranceles a las tecnologías verdes chinas para acercar la posición del Reino Unido a la de la Unión Europea. La medida buscaría responder a preocupaciones de seguridad, pero gravar la principal fuente de tecnologías verdes, que además es la más barata, supone anteponer las consideraciones geopolíticas a los objetivos climáticos.

Con Burnham, la política climática ha quedado, en el mejor de los casos, relegada entre las prioridades de su programa político general. En el peor, el Gobierno puede haber concluido que es un precio asumible para alcanzar sus otros objetivos.

James Jackson, profesor y becario de investigación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Manchester

Este artículo se reproduce de The Conversation bajo una licencia Creative Commons.