La entrevista en La Revuelta volvió a situar en el centro el modelo de Vox: admite que existe violencia contra las mujeres, pero rechaza el concepto de violencia de género y cuestiona las políticas públicas construidas para prevenirla.

La conversación entre Santiago Abascal y David Broncano en La Revuelta dejó algo más que un intercambio tenso en un plató de televisión. El bloque inicial dedicado al feminismo y a la violencia contra las mujeres permitió observar con claridad la posición política de Vox: reconocer que hay mujeres que sufren discriminación y violencia, pero impugnar el marco legal e institucional que España ha desarrollado para abordar esa realidad.

Abascal afirmó que su partido «no tiene ninguna dificultad en reconocer la discriminación y la violencia que sufre la mujer». A continuación, sin embargo, defendió que las normas aprobadas para combatirla son «ineficaces» y que, a su juicio, fomentan el «enfrentamiento de sexos». También sostuvo que esas leyes no están evitando que haya menos mujeres asesinadas y que, por tanto, deben revisarse.

La cuestión de fondo no es únicamente terminológica. El desacuerdo afecta a cómo se interpreta la violencia, qué responsabilidad corresponde a las instituciones y qué instrumentos deben ponerse a disposición de las víctimas.

Una diferencia de enfoque: violencia individual o problema estructural

Vox sostiene que no comparte el concepto de violencia de género. La distinción es relevante. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Congreso en 2004, parte de que determinadas agresiones contra las mujeres no pueden entenderse solo como episodios aislados entre individuos, sino también como una manifestación de desigualdades y relaciones de poder que requieren una respuesta pública específica.

Ese enfoque estructural explica que la respuesta no se limite al castigo penal. Incluye prevención, educación, protección, asistencia jurídica, atención psicológica, recursos sociales y coordinación entre administraciones. Se puede debatir la eficacia concreta de cada medida, su aplicación y sus resultados; pero afirmar que una ley no funciona porque siguen produciéndose asesinatos no basta, por sí solo, para evaluar su impacto. La persistencia de un problema no demuestra automáticamente que las herramientas destinadas a combatirlo carezcan de utilidad.

La denuncia no supone una detención automática

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó cuando Abascal cuestionó que las mujeres y otros colectivos puedan denunciar y que esa denuncia lleve aparejada la detención del denunciado. La formulación transmite la idea de que la mera presentación de una denuncia conduce automáticamente al calabozo. Esa descripción no se corresponde con el funcionamiento legal.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial explicó, en declaraciones recogidas por El País, que es incorrecto equiparar denuncia y detención automática. Cada caso requiere una valoración individualizada por parte de las fuerzas policiales y queda sometido posteriormente al control judicial. La detención es una medida cautelar cuya procedencia depende de las circunstancias concretas, de los indicios, de la gravedad de los hechos y de la necesidad de proteger a la víctima o asegurar la comparecencia ante la justicia.

La verificación publicada por Verificat añadió un dato ilustrativo: en 2025, la prisión provisional representó menos del 3% de las medidas cautelares de protección dictadas en casos de violencia de género. Las medidas de protección pueden adoptar otras formas, como órdenes de alejamiento o prohibiciones de comunicación. Por tanto, denunciar no equivale a que el denunciado ingrese automáticamente en prisión ni elimina la presunción de inocencia.

«El mayor machismo es el importado»

Abascal afirmó que «el mayor machismo es el importado de aquellos que no respetan a nuestras mujeres». La frase desplaza el foco hacia la inmigración y presenta el machismo como una amenaza procedente principalmente del exterior. Es una generalización que no se sostiene si se contrasta con los datos disponibles sobre violencia contra las mujeres en España.

El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre víctimas mortales de violencia de género correspondiente a 2025, citado por El País, señala que el 63,3% de los agresores eran españoles y que en el 71,4% de los casos víctima y agresor compartían nacionalidad. Estos porcentajes se refieren específicamente a los casos de víctimas mortales analizados por el informe: no deben extrapolarse sin matices al conjunto de delitos de violencia machista. Sí bastan, no obstante, para descartar que pueda presentarse el fenómeno como una realidad esencialmente importada.

El machismo no tiene una nacionalidad única. La prevención y la protección de las víctimas deben aplicarse con independencia del origen de quien agrede y de quien sufre la violencia. Convertir la nacionalidad en explicación principal corre el riesgo de ocultar las dinámicas de desigualdad y dominación que también existen dentro de la propia sociedad española.

El castigo no puede ser la única respuesta

Durante la entrevista, Abascal defendió que los violadores «no tienen que salir de la cárcel». Es una posición de endurecimiento penal que forma parte de su discurso sobre seguridad y justicia. Pero la respuesta a la violencia contra las mujeres no puede reducirse a la duración de las condenas.

La intervención penal es necesaria cuando se cometen delitos, pero llega después de la agresión. Una política integral debe actuar también antes: detectar situaciones de riesgo, facilitar que las víctimas puedan pedir ayuda, garantizar recursos de protección, formar a los profesionales que intervienen y trabajar en la prevención. La discusión sobre las penas no debería desplazar estas otras dimensiones.

Una disputa política sobre el significado de la igualdad

Otro momento significativo se produjo cuando Abascal ironizó con que «cualquier cosa es machismo» y mencionó que había oído calificar de machista incluso al aire acondicionado. Broncano le pidió que no frivolizara con el asunto. El intercambio condensó dos formas distintas de abordar el debate: una que presenta las políticas de igualdad como una extensión excesiva de la confrontación entre hombres y mujeres, y otra que insiste en que las desigualdades y la violencia requieren atención pública y análisis específico.

La crítica a una política concreta es legítima y necesaria en democracia. Lo que no resuelve el problema es desacreditar de manera genérica el marco de igualdad sin explicar qué instrumentos alternativos garantizarían la prevención, la protección y la reparación de las víctimas. Si Vox considera ineficaces las leyes actuales, la pregunta fundamental es qué modelo propone en su lugar y cómo demostraría que protege mejor a las mujeres.

La pregunta que queda pendiente

La entrevista dejó claro que Abascal reconoce la existencia de la violencia contra las mujeres, pero rechaza buena parte del marco conceptual y normativo desde el que las instituciones españolas la combaten. También mostró que algunas de sus afirmaciones —en particular, la supuesta detención automática tras una denuncia— necesitan ser contrastadas con el funcionamiento real de la justicia.

El debate público merece algo más que consignas enfrentadas. Exige datos, rigor jurídico y propuestas evaluables. La cuestión decisiva no es quién gana un intercambio televisivo, sino qué políticas reducen la violencia, protegen a quienes la sufren y permiten exigir responsabilidades a los agresores. En ese terreno, cualquier alternativa debe explicar con claridad qué mantiene, qué cambia y qué garantías ofrece.