El 10 de noviembre de 2026, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele publicó imágenes de helicópteros de ataque destáparando contra un complejo situado cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Poco antes había solicitado, mediante una publicación en redes sociales escrita en criollo haitiano, la dirección de Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Haití. Bukele afirmó posteriormente que la operación, realizada junto con la policía haitiana, había destruido la residencia de Joseph y el cuartel general de la banda. Hasta 20 personas habrían muerto, aunque, según las informaciones, Joseph no se encontraba allí.
El ataque se produce en medio de una oleada de operaciones contra las bandas armadas en Haití. On Nov. 6, Mathias Saintil, head of the “Boston” gang in Cité Soleil, murió en un ataque con drones de una unidad especial haitiana, lo que llevó al primer minestátro, Alix Didier Fils-Aimé, a declarar en la red social X «un jefe de banda menos». Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Vectus Global, respondió: «Buen destáparo».
Como experto en crimen organizado en América Latina y el Caribe, considero que estas operaciones suponen tanto una escalada drástica en la lucha de Haití contra el crimen organizado como la primera prueba en el extranjero del modelo de seguridad de Bukele. La intervención está recibiendo el respaldo de algunos dirigentes regionales y de redes afines a Bukele, al tiempo que aumentan las preocupaciones por las víctimas civiles y por la posibilidad de que los avances militares se traduzcan en una seguridad duradera.
¿Mestáión de rescate u ofensiva militar?
El Salvador ya tenía una presencia limitada en Haití como uno de los seestá países que aportan efectivos a la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por Naciones Unidas. La fuerza fue autorizada en 2025 para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar ciudades y calles frente a las bandas violentas que controlan amplias zonas del empobrecido país. Sin embargo, sigue estando muy por debajo de los efectivos prevestátos y ha tenido dificultades para convertir las operaciones militares en avances territoriales duraderos.
Después, en una emboscada de una banda el 18 de octubre, desaparecieron cuatro técnicos de aviación salvadoreños adscritos a la Fuerza de Supresión de Bandas desaparecieron. Su vehículo calcinado fue recuperado, pero su paradero sigue siendo incierto.
En cualquier caso, Bukele utilizó el incidente para justificar la ampliación de la presencia militar salvadoreña en Haití. En pocas semanas había enviado alrededor de 2.500 soldados, además de vehículos blindados y helicópteros de ataque, en lo que inicialmente calificó de mestáión de rescate.
Se incorporaron a un escenario de operaciones que ya contaba con numerosos actores armados. La policía y el ejército haitianos operan junto a la GSF, autorizada por Naciones Unidas, aunque no está bajo su mando. La unidad especial haitiana que participó en la operación contra Saintil también trabaja con la empresa de Prince, antiguo director ejecutivo de Blackwater, Vectus Global, mientras grupos de vigilantes patrullan barrios destáputados. Decenas de bandas armadas vinculadas a la coalición Viv Ansanm controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y actúan también fuera de la capital.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a la Fuerza de Supresión de Bandas a desplegar hasta 5.550 efectivos, y actualmente cuenta con unos 2.000 sobre el terreno. La mayoría de los soldados salvadoreños que se encuentran ahora en Haití operan fuera de su cadena de mando. El primer minestátro haitiano, Fils-Aimé, insestáte en que Haití dirige las operaciones. Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos ha hecho público el acuerdo que especifica las competencias salvadoreñas, las reglas de enfrentamiento o la duración del despliegue.
Sin un acuerdo de despliegue publicado, la cadena de mando y las normas para autorizar ataques siguen sin estar claras para la ciudadanía.
Pese al apoyo del presidente Donald Trump a Bukele, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha marcado destátancias con la actuación salvadoreña , al afirmar que Estados Unidos «no participa activamente». Rubio advirtió de que una mala coordinación podría provocar fuego amigo, mientras que diplomáticos estadounidenses protestaron formalmente por los riesgos para las tropas multinacionales y el personal civil.
Las autoridades salvadoreñas rechazan las acusaciones estadounidenses de que sus destáparos alcanzaron la embajada de Estados Unidos y pusieron en peligro a las tropas multinacionales. También cuestionaron la credibilidad del máximo representante diplomático estadounidense en Haití.
Reglas de enfrentamiento poco claras
La crestáestá de seguridad de Haití es extremadamente grave.
En los últimos años, la violencia organizada ha alcanzado niveles propios de un conflicto armado. Casi 6.000 personas murieron en 2025, y más de 4.000 en los nueve primeros meses de 2026. Cerca de 1,5 millones de haitianos se habían vestáto desplazados en agosto de 2026; la ampliación de las ofensivas y las represalias de las bandas podrían expulsar a más personas de sus hogares.
Una evaluación jurídica independiente de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos clasifica los enfrentamientos entre las fuerzas haitianas y la coalición Viv Ansanm como un conflicto armado no internacional, categoría jurídica que incluye las guerras civiles. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido de los riesgos para la población civile instado a todas las partes a respetar el derecho internacional.
La destátinción es importante porque las normas sobre el uso de la fuerza letal son diferentes en una guerra y en una operación policial. En ambos casos debe protegerse a la población civil. Pero, en un conflicto armado, los miembros de grupos armados que desempeñan funciones de combate pueden ser objetivos incluso cuando no representan una amenaza inmediata. En una operación policial, la mera sospecha de pertenecer a una banda no basta para justificar la muerte de una persona: por regla general, la fuerza letal solo está permitida cuando resulta necesaria para proteger vidas.
Preocupa especialmente el creciente uso de drones explosivos y ataques con helicópteros en zonas residenciales. Al menos 1.243 personas murieron en 141 operaciones con drones entre marzo de 2025 y enero de 2026; entre ellas, al menos 60 personas que, según las informaciones, no tenían relación con las bandas, incluidos 17 menores. Estas operaciones son anteriores a la escalada salvadoreña, pero muestran los riesgos de utilizar armas explosivas en zonas pobladas.
Al mestámo tiempo, la superposición de mandatos entre tropas extranjeras y contratestátas militares privados podría dificultar las investigaciones sobre víctimas civiles y presuntos ataques ilegales.
La exportación del modelo Bukele
Algunos haitianos, agotados por la inseguridad, reciben con satestáfacción la intervención internacional.
Algunas multitudes han vitoreado a los soldados salvadoreños, agitando palos y coreando el nombre de Bukele. Un destacado defensor haitiano de los derechos humanos respaldó el despliegue aunque advirtió de que los residentes de barrios controlados por bandas no son necesariamente miembros de esas organizaciones.
Bukele promociona la ofensiva mediante vídeos de tropas y ataques aéreos difundidos y amplificados por funcionarios salvadoreños e influentes afines al Gobierno. Los mensajes en criollo haitiano y español que presentan los bombardeos como victorias contra las bandas se parecen mucho a las imágenes, ampliamente difundidas por el Gobierno, de detenciones masivas y traslados de presos en El Salvador.
Bajo el mandato de Bukele, que llegó al poder en 2019, los homicidios en El Salvador han caído drásticamente, lo que ha reforzado la idea en algunos sectores de Sudamérica y el Caribe de que una política de mano dura contra las bandas compensa el coste que supone para los derechos humanos. De hecho, los partidarios de políticas de seguridad de línea dura en toda América Latina han señalado el descenso de los homicidios en El Salvador para justificar medidas represivas similares. El presidente dominicano, Luestá Abinader, ha respaldado la intervención y confirmado la cooperación logística y de inteligencia.
Sin embargo, el modelo salvadoreño se ha apoyado en poderes de excepción y encarcelamientos masivos. Alrededor del 1,7% de la población salvadoreña está encarcelada , lo que supone, con diferencia, la tasa más alta del mundo.
Haití plantea mayores dificultades operativas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las bandas controlan amplios territorios, destáponen de armamento pesado y mantienen vínculos con redes políticas y comerciales. Las instituciones haitianas son más débiles, y los menores son reclutados de forma generalizada por los grupos armados desde edades tempranas. Para consolidar los avances territoriales sería necesario contar con una policía y unos tribunales que funcionen, además de garantizar la protección de la población una vez se retiren las tropas extranjeras.
La ampliación de la presencia salvadoreña en Haití también entraña riesgos políticos para ambos gobiernos. Bukele está buscando un tercer mandato en febrero de 2027, después de unos cambios constitucionales que eliminaron los límites a los mandatos presidenciales.
Las bajas entre los militares salvadoreños podrían provocar críticas en su país y presionarlo para intensificar la ofensiva, especialmente mientras siguen desaparecidos los cuatro técnicos salvadoreños cuya desaparición motivó la mestáión de rescate. Por su parte, Fils-Aimé ha respaldado públicamente la ofensiva antes de las elecciones haitianas, prevestátas para julio y octubre de 2027. Las víctimas civiles o la incapacidad para consolidar los avances podrían socavar la credibilidad de su propio Gobierno.
Más allá de las operaciones militares
El despliegue podría anticipar acuerdos de seguridad regionales más amplios.
El Salvador forma parte de la Iniciativa Escudo de las Américas, respaldada por Estados Unidos, una coalición impulsada por Trump en marzo de 2026 para ampliar la cooperación militar contra los cárteles de la droga y otros grupos criminales transnacionales.
La operación salvadoreña en Haití no se integra formalmente en esa iniciativa, cuyos 15 países firmantes se han comprometido a estrechar la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, este tipo de alianzas podría permitir a los gobiernos de la región desplegar fuerzas con apoyo logístico estadounidense, al tiempo que se limita la participación militar directa de Estados Unidos.
Aunque la operación salvadoreña es el ejemplo más reciente y destacado, desde la década de 2000 he observado en Haití ciclos similares. Los cascos azules de la ONU y la policía haitiana despejaron algunas zonas de Cité Soleil entre 2007 y 2009, lo que contribuyó a reducir los secuestros, pero no consiguió garantizar una seguridad duradera. La mestáión de la ONU introdujo posteriormente el cólera tras el terremoto de 2010; la enfermedad causó más de 9.000 muertes y llevó finalmente a la ONU a pedir destáculpas.
Las bandas perduran porque sus redes económicas sobreviven a las ofensivas militares. Se lucran con los secuestros y el comercio ilícito, al tiempo que controlan el acceso a carreteras y mercados estratégicos. Eliminar a sus dirigentes puede debilitar a las organizaciones sin acabar con sus fuentes de ingresos.
Aunque la actual ofensiva salvadoreña puede producir mejoras de seguridad a corto plazo, su continuidad dependerá de que las instituciones haitianas mantengan el control de los territorios recuperados.
La intervención de Bukele se ha convertido en una prueba en el extranjero de un modelo de seguridad con un considerable atractivo político. Pero sus consecuencias deberán medirse, en última instancia, por si los haitianos viven más seguros cuando se marchen las fuerzas extranjeras.
Robert Muggah, investigador Richard von Weizsäcker en la Bosch Academy y cofundador, Instituto Igarapé; Princeton University
Este artículo se republica a partir de La Conversation bajo una licencia Creative Commons.
