Le 24 juillet 2026, réunie en session extraordinaire à New York, l’Assemblée des États parties au Statut de Rome destituyó a Karim Khan de su cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Nunca antes se había destituido al máximo responsable de la acusación. Desde entonces, sus funciones las ejercen conjuntamente sus dos fiscales adjuntos: la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang.
La CPI, primera jurisdicción penal internacional permanente, fue concebida en 1998 para juzgar de forma duradera los crímenes más graves, a diferencia de los tribunales que la precedieron, creados para un conflicto concreto y disueltos después. Su fiscal, elegido por la Asamblea de los Estados Partes, decide la apertura de investigaciones y el inicio de procesos judiciales: es el guardián de toda la estructura. Pero esta vez hubo que juzgar al propio guardián y la Corte tuvo que improvisar.
El desarrollo de una destitución sin precedentes
En mayo de 2024, dos miembros de la Fiscalía denunciaron conductas de carácter sexual indebidas por parte del fiscal hacia una empleada que estaba bajo su autoridad, hechos que él siempre ha negado.
Tras recibir el caso, el mecanismo de supervisión independiente de la Corte cerró su investigación unos días después, ya que la persona directamente afectada se había negado a presentar una denuncia formal. El 11 de noviembre de 2024, tras las revelaciones aparecidas en la prensa, la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes, órgano político de la Corte, anunció que se llevaría a cabo una investigación externa e independiente. Esta se encomendó a los servicios de supervisión interna de las Naciones Unidas. Antes de que concluyera esta segunda investigación, en mayo de 2025, Karim Khan se apartó voluntariamente de sus funciones.
La investigación de las Naciones Unidas duró más de un año. Tras recibir el informe, la Mesa de la Asamblea —órgano integrado por una veintena de Estados elegidos por la Asamblea— encargó a un panel de tres jueces de la Corte que calificara jurídicamente los hechos. Estos consideraron que las pruebas reunidas no permitían demostrar una falta más allá de toda duda razonable. Su mandato era consultivo, por lo que no podían reabrir la investigación ni establecer los hechos por sí mismos.
Sin embargo, el 8 de junio de 2026, la Mesa de la Asamblea concluyó, basándose en los resultados de la investigación de las Naciones Unidas, que Karim Khan había cometido un incumplimiento grave de sus obligaciones como fiscal; lo suspendió de sus funciones y remitió el asunto a la Asamblea. Reunida el 24 de julio, esta decidió mediante votación secreta, por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, y destituir al fiscal al amparo del artículo 46 del Estatuto de Roma.
Esta destitución es, por tanto, el resultado de un procedimiento largo, pero sobre todo deficientemente regulado por los textos. El artículo 46 establece el motivo de la destitución —una falta grave o un incumplimiento grave de las obligaciones del fiscal— y la mayoría necesaria, pero remite el procedimiento al Reglamento de Procedimiento y Prueba, que resulta muy incompleto para un caso de este tipo. La presidenta de la Asamblea lo reconoció implícitamente en su declaración final: si la Asamblea y su Mesa tuvieron que conceder a Karim Khan garantías que iban más allá de las previstas en el marco aplicable, fue precisamente porque este era insuficiente. Por tanto, la dificultad reside menos en la decisión en sí que en la forma en que se tomó.
Un primer fiscal que ya había sido objeto de acusaciones
Sin embargo, no es la primera vez que la CPI se enfrenta a una situación semejante. En 2006, un miembro de la Fiscalía, Christian Palme, acusó al primer fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo —en el cargo entre 2003 y 2012—, de haber agredido sexualmente a una periodista durante un viaje. Un panel de jueces escuchó entonces a la presunta víctima, que lo negó, al igual que el fiscal, y archivó la denuncia por considerarla manifiestamente infundada.
Posteriormente, Ocampo despidió al funcionario que había presentado la denuncia; el despido fue finalmente declarado improcedente por el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo.
Dos acusaciones de naturaleza similar contra fiscales, dos desenlaces distintos para ellos, pero la misma improvisación por parte de la Corte: al no existir un procedimiento establecido de antemano, la institución tuvo que inventar una respuesta en cada ocasión.
Un procedimiento opaco e imperfecto
Estas improvisaciones sucesivas se deben al lugar singular que el Estatuto de Roma reserva al fiscal. Que un fiscal pueda ser destituido con más facilidad que un juez no es casual. El primero, elegido por mayoría absoluta de los Estados Partes, puede ser destituido con esa misma mayoría, mientras que para un juez se requieren dos tercios.
Aunque esta diferencia refleja el carácter político del cargo de fiscal, el procedimiento no determina los hechos que sanciona. En el caso de los demás responsables de la Corte, son jueces quienes establecen los hechos; en el del fiscal, el asunto pasa de la presidencia a la Mesa de la Asamblea y después a la propia Asamblea, sin que ninguna instancia judicial independiente determine lo sucedido.
La independencia del fiscal tiene una contrapartida. Los redactores del Estatuto de Roma establecieron un mandato de nueve años, sin posibilidad de renovación, para evitar que tuviera que temer contrariar a alguien. Sin embargo, esa misma regla deja a la Corte casi sin capacidad de actuación sobre él durante el mandato. Ante una falta grave, la institución se encuentra ante una disyuntiva: tolerarla o destituirlo.
Además, es necesario poder calificar los hechos, algo que no resulta sencillo. El Estatuto contempla la falta grave o el incumplimiento grave de las obligaciones, pero estas categorías, concebidas para deficiencias profesionales, no encajan bien con una conducta sexual indebida contra una subordinada, que implica tanto una cuestión de conducta personal como un abuso de autoridad. El texto no precisa en qué categoría debe incluirse una falta de este tipo.
A estas carencias se suma que la confidencialidad del procedimiento no se ha preservado plenamente, como demuestran los distintos informes que han circulado en la prensa. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo y por quién se establecieron los hechos. Para investigar a su propio fiscal, la Corte recurrió a la ONU, pese a que desde 2009 dispone de un mecanismo de supervisión independiente competente para examinar su conducta. La CPI no depende de la ONU, pero recurrir a ella podía entenderse: la denunciante no quería ser escuchada por el mecanismo interno. No obstante, esta decisión se tomó sin un marco claramente definido, lo que alimentó las sospechas de Karim Khan y sus partidarios sobre un procedimiento politizado (el procedimiento comenzó cuando Karim Khan se disponía a solicitar órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, así como contra dirigentes de Hamás).
¿Y ahora qué?
Karim Khan ha anunciado que recurrirá su destitución ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, órgano jurisdiccional en el que el personal de la Corte impugna las decisiones laborales.
Incluso este recurso es incierto. El fiscal es un cargo electo, no un empleado ordinario de la Corte, y este tribunal nunca ha tenido que pronunciarse sobre una destitución semejante. Abdul Koroma, antiguo juez de la Corte Internacional de Justicia, considera que el recurso tiene perspectivas favorables: a su juicio, podría dar lugar a una indemnización e incluso a la readmisión. Sin embargo, este tribunal casi nunca ordena la readmisión; por ello, el desenlace más probable sería una condena económica, la segunda después del caso Ocampo derivada de una situación que afecta a un fiscal de la CPI. Sobre todo, demostraría que la Asamblea solo podía elegir entre dos males: el descrédito de una Corte incapaz de proteger a su personal o la pesada tarea de elegir a un nuevo fiscal.
Pero una nueva elección no bastará. Lo que ha faltado no está en la fase previa, en la selección del fiscal, cuya integridad ya está contemplada en el Estatuto, sino en la posterior: un procedimiento disciplinario claro e independiente, llevado hasta el final y que dé lugar a una resolución satisfactoria para todas las personas implicadas, incluida la propia institución.
Por último, el coste de esta improvisación no es solo institucional, sino también humano. Al no existir un procedimiento seguro, no se estableció ningún mecanismo para proteger a la denunciante, que permaneció en su puesto dentro de la institución, pendiente primero de recomendaciones no vinculantes y después de una votación política. El fiscal tampoco contó con protección: aunque hubiera quedado exonerado, no había previsto ningún mecanismo para reparar el daño a su reputación. Lo que quedó en entredicho no fue la actuación de la Corte, sino la situación de las dos personas a las que dejó sin protección. Ambas han atravesado una prueba de más de dos años, que quizá no haya terminado para ella y que, sin duda, aún no ha concluido para él.
En definitiva, el caso Khan plantea una pregunta sencilla: ¿se ha dotado la Corte, en lo que respecta a su propio fiscal, de las normas que exige una institución permanente? La continuidad de una jurisdicción requiere seguridad jurídica: reglas establecidas de antemano cuya aplicación puedan prever tanto el fiscal investigado como la persona que lo denuncia y los Estados encargados de decidir. Esta necesidad es aún más urgente porque, al mismo tiempo, la Corte se enfrenta a las sanciones estadounidenses, que desde 2025 afectan a su fiscal, a varios de sus jueces e incluso a los dos fiscales adjuntos que hoy ejercen provisionalmente sus funciones. La Corte sufre estas presiones externas desde su creación y probablemente seguirá soportándolas durante mucho tiempo, aunque nunca habían alcanzado tal intensidad. Las crisis internas, en cambio, pueden evitarse. El reto ahora es completar el diseño: codificar lo que se improvisó, encomendar la determinación de los hechos a una instancia independiente y garantizar la transparencia. Solo así la permanencia podrá rimar, por fin, con previsión.
Aude Brejon, Investigadora contratada y profesora de Derecho penal internacional, Derecho internacional de los derechos humanos y Derecho de las organizaciones internacionales y regionales, Universidad de Borgoña Europa
Este artículo se republica a partir de The Conversation bajo una licencia Creative Commons.
