Una vez finalizada la guerra civil, la represión que sufrieron los masones durante el primer franquismo, se realizó principalmente con la "Ley de 1 de marzo de 1940 sobre Represión de la Masonería y el Comunismo". Esta ley señalaba, en virtud de lo establecido en su artículo núm. doce, que debía crearse un "Tribunal especial" para reprimir a los miembros de estas dos organizaciones. Tres meses después de la publicación de la ley, Francisco Franco firmó, el 4 de junio de 1940, un breve Decreto por el que, en primera instancia, se creaba oficialmente el "Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo" (TERM) y se designaba, como presidente, al carlista Marcelino Ulibarri y Eguilaz que, al mismo tiempo, presidía también la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos.