El Sindicato Español Universitario (SEU) comenzó a gestarse en octubre de 1933, aunque sus primeros estatutos no se aprobaron hasta abril del año siguiente. El Sindicato estaba estrechamente vinculado a Falange. Se organizó en delegados de curso que formaban una cámara de facultad o escuela. El conjunto de cámaras daría lugar a la cámara sindical provincial. La junta ejecutiva estaba integrada por los tres presidentes más antiguos de cámaras de facultad. En abril de 1935 se celebró su I Congreso Nacional.

Matilde Zapata Borrego nació en 1906 en Sevilla, aunque muy pronto se trasladó a vivir a Santander, ya que su padre era conserje en la Escuela de Naútica. El despertar político de Matilde fue muy temprano, ya que fue presidenta del Grupo Infantil Socialista, para luego militar en las Juventudes Socialistas.

El poder e influencia de la Iglesia Católica en la historia americana desde el comienzo de la conquista y colonización hispana y portuguesa es un hecho histórico evidente. Las dos Coronas ibéricas estaban estrechamente ligadas a la Iglesia. A partir de los procesos de independencia, en las primeras décadas del siglo XIX, la Iglesia vivió una cierta división entre partidarios y contrarios a este proceso. Las nuevas Repúblicas buscaron el apoyo eclesiástico para difundir el nuevo estado de cosas y, también, para intentar evitar la revolución social, pero una parte de la Iglesia se mantuvo al margen o militó contra las nuevas ideas por la estrecha conexión de las mismas con el liberalismo, en la misma línea estaba haciendo la mayor parte de la Iglesia Católica en los procesos de Revoluciones liberal-burguesas europeas. Esta situación generó en los sectores más radicales o avanzados del liberalismo latinoamericano una reacción anticlerical. La Iglesia era vista como un nuevo enemigo. Durante el siglo XIX se planteó cuál habría de ser la relación entre el Estado y la Iglesia, generando un amplio movimiento de oposición a la intervención de ésta en los asuntos públicos, defendiéndose la separación y hasta el control por parte de aquél de la institución eclesiástica.

Las ideas principales de Lenin se encuentran en dos obras, El imperialismo, estadio supremo del capitalismo (1916), y El Estado y la Revolución (1917). Lenin realizó una adaptación del marxismo a la realidad que le tocó vivir en Rusia. Las ideas de Marx se habrían elaborado en unas circunstancias históricas concretas que eran las de la Europa occidental de la primera Revolución Industrial, donde eran más determinantes los aspectos industriales que los financieros en la economía. En la obra del imperialismo Lenin consideraba que el capitalismo había pasado de una etapa casi exclusivamente industrial a otra financiera, por lo que a la lucha de clases se habría añadido la lucha política entre los Estados por las materias primas, las colonias y el mercado. Si Marx había planteado las contradicciones del capitalismo en su época, Lenin lo hacía en la suya, en la del triunfo de la Segunda Revolución Industrial, la de la escala mundial. Por eso, pensó que debía modificar algunas de las teorías del primero.

El Terror en política se refiere al conjunto de métodos expeditivos de justicia revolucionaria o contrarrevolucionaria. 

El Diccionario de la Real Academia entiende por derrotismo “la tendencia a propagar el desaliento en el propio país con noticias o ideas pesimistas acerca del resultado de una guerra o, por extensión, acerca de cualquier otra empresa”. En todas las guerras, los gobiernos y ejércitos han perseguido con dureza a los derrotistas. La República estableció el derrotismo como delito en un decreto de 22 de junio de 1937. Lo definía como la difusión de noticias o juicios desfavorables en relación con las operaciones militares y a la autoridad, así como la difusión de noticias favorables del enemigo o sobre la conveniencia de pactar o buscar acuerdos con él. La concepción del delito era más amplia, ya que incluía los actos o manifestaciones que tendiesen a deprimir la moral general o del ejército. En el bando de los sublevados, el derrotismo también fue perseguido.

Los socialistas se hacían eco a través de Le Socialiste, en febrero de 1969, de la situación de las trabajadoras de la industria aceitunera de Sevilla en relación con el salario mínimo.

El socialista Fermín Blázquez Nieto (1882-1946) fue el segundo candidato más votado con 53.214 sufragios en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 en Toledo.

En el Castillo de Santa Catalina de Cádiz existe una placa que recuerda que durante el régimen franquista, siendo dicho castillo un penal militar, más de trescientos jóvenes testigos de Jehová cumplieron condena entre 1965 y 1976 por negarse a prestar el servicio militar debido a su objeción de conciencia. Hace unos años (25/09/2021), José Carmona en el diario Público explicó en un artículo la situación de los testigos de Jehová que la dictadura encarceló en dicho castillo por no querer hacer la mili, y que podemos consultar en la red. Pero también podemos acudir a un reportaje anterior de 9 de diciembre de 2017 en El Español de Pepe Barahona sobre el regreso de algunos ellos a dicho penal promovido por dicho periódico. Por fin, de forma pionera El País, el 25 de febrero de 1991 explicó como los testigos de Jehová fueron los pioneros en la objeción de conciencia, en un artículo de Miguel Mora y Ramón J. Campo.

Aunque todas las Repúblicas han establecido distinciones y condecoraciones para los ciudadanos y ciudadanas que hubieran resaltado en distintos campos de la actividad humana, ya fuera política, ya cultural, artística, científica o social, hemos encontrado una justificación contraria a establecer este tipo menciones en la Primera República española en el año 1873 a cuenta de la supresión de la Orden Civil de María Victoria, que creemos muy sugerente recordar, al teorizar sobre cómo se debía recompensar el esfuerzo o genio de los más destacados. Estamos hablando de un compromiso contrario a la vanidad y en favor de la igualdad.

En el SPD se produjo un intenso debate a finales del siglo XIX, muy paradójico y complejo, como tendremos oportunidad de comprobar, y en el que tomaría carta de naturaleza una forma de conjugar socialismo y democracia, alejándose de tentaciones totalitarias o autoritarias, en todo caso. Posteriormente, en distintas fases y con matices o adaptaciones propias de cada lugar, los partidos hermanos adoptarían este modelo. Pensemos, por ejemplo, y en relación con esta cuestión de las particularidades, en la existencia de los conflictos nacionalistas que tuvo que abordar la socialdemocracia austriaca, o la relación peculiar con fuerzas liberales y burguesas de algunas socialdemocracias nórdicas. También es importante para entender estas especificidades la cuestión de las complejas relaciones con el anarquismo, algo que marcaría mucho a los socialistas españoles e italianos.

Luxemburgo fue un país invadido por Alemania en la Gran Guerra. Los alemanes permitieron que el Gobierno y la Gran Duquesa María Adelaida permanecieran en sus cargos durante la ocupación. Este hecho generó polémica porque a muchos luxemburgueses no les gustó la actitud de la Gran Duquesa con acusaciones de colaboracionismo. Luxemburgo sería liberado por los franceses y norteamericanos, quedándose dos divisiones de tropas estadounidenses. En todo caso, el referéndum de 1919 dio la confianza a los Nassau. La Gran Duquesa cedió el poder a su hermana Carlota, aprobándose además una Constitución más liberal.

La prohibición del carnaval en el franquismo comenzó ya en plena Guerra Civil y se mantuvo al terminar la contienda hasta el final de la dictadura. En este trabajo intentaremos dar algunas claves, al respecto.

Recordamos el manifiesto que el 12 de febrero de 1873 publicó la Diputación de Barcelona ante la proclamación de la República en Madrid el día 11.

La Francia revolucionaria anexionó el Ducado de Luxemburgo en el año 1795, convirtiéndose en un departamento francés, pero el Tratado de París de 1815 en el contexto del Congreso de Viena, en la derrota de Napoleón, cambió su estatus internacional al designar que quedaría bajo la administración del rey de los Países Bajos, Guillermo I, que lo erigió en Gran Ducado. Luxemburgo perdió parte de sus territorios en favor de Prusia, en su expansión en la zona occidental de la Confederación Germánica, aunque recibió a cambio el ducado de Bouillon. Luxemburgo, precisamente, formaría parte de dicha Confederación.

En el mes de febrero de 1972 en Le Socialiste, Esteban Gómez reflexionó sobre el fenómeno de las horas extraordinarias en el mundo laboral español para denunciar que hubiera proliferado tanto.

Regresando a nuestro método de sugerir ideas y reflexiones sobre materiales históricos acudimos, justo ahora que hace 150 años de la Primera República. Y lo hacemos sobre los intereses conservadores, y desde la perspectiva republicana, pero, además, moderada, de un artículo del mes de abril de 1873 de La República, un diario afín a las ideas y planteamientos del republicanismo más moderado. Vamos a ver, pues.

De acuerdo con lo estipulado en los acuerdos Sykes-Picot, de 1916, entre el Reino Unido y Francia para organizar entre ambas potencias las áreas de influencia de la zona, nominalmente bajo soberanía turca, en plena Gran Guerra y con vistas al final de la misma, Siria y Líbano pasarían a ser territorios controlados por los franceses, que lo serían después de terminada la contienda bajo la fórmula de un mandato de la Sociedad de Naciones. Debemos recordar que los mandatos eran territorios establecidos en el artículo 22 del Tratado de Versalles que habían pertenecido a Estados derrotados en la Primera Guerra Mundial, tanto del Imperio Alemán, como del Imperio turco, como es el caso que aquí nos ocupa. Los mandatos debían ser administrados por las potencias vencedoras, es decir, Francia y Reino Unidos, con la supervisión de la Comisión Permanente de Mandatos de la Sociedad de Naciones. Los mandatos se distribuían en tres tipos. Están los de tipo A (territorios del Imperio otomano), a los que se consideraba que por su grado de desarrollo podrían alcanzar en un breve plazo de tiempo la independencia. Los de tipo B era territorios sin mucho desarrollo y con problemas sociales e internacionales, especialmente en África (antiguas colonias alemanas), y, por fin, los de tipo C se reunían territorios muy alejados de Europa y que se pensaban que debían ser administrado como parte integrante de la metrópoli colonial, es decir, antiguas colonias alemanas en África también, pero sobre todo en Oceanía. En esta clasificación, Siria sería considerada como mandato de tipo A, incluyendo al Líbano.

En distintas ocasiones nos hemos hecho eco del intento de las patronales europeas por revertir la conquista de la jornada de ocho horas y aumentar la jornada laboral como medio para hacer frente a la crisis económica acontecida al terminar la Gran Guerra. España no se vio libre de estos intentos, y el movimiento obrero tuvo que emplearse en defenderla. Ese es el contexto en el que insertamos este artículo sobre la conferencia que en la madrileña Casa del Pueblo impartió Lucio Martínez en el mes de febrero de 1923.

En el mes de febrero de 1977, El Socialista hizo públicas sus planteamientos sobre sus ideas acerca de la política exterior, que formaban parte de las ponencias del XXVII Congreso celebrado en diciembre de 1976, el primero que pudo hacerse ya en España. Este artículo se acerca a esta cuestión, como hemos hecho anteriormente con la Defensa y las Fuerzas Armadas.

La Ley Sindical 2/1971 de 19 de febrero de 1971, y que se puede consultar en la página digital del BOE fue contestada por la UGT de forma inmediata.

En el mes de febrero de 1977 El Socialista hizo públicas sus planteamientos sobre las Fuerzas Armadas y la Defensa, que formaban parte de las ponencias del XXVII Congreso celebrado en diciembre de 1976, el primero que pudo hacerse ya en España.

En estos tiempos vivimos un claro resurgir del pensamiento y sentimiento republicanos en España, especialmente al calor de las noticias que desde hace unos años se han generado en relación con el actual “rey emérito”, así como con otros familiares más o menos cercanos. Los defensores de la Monarquía exponen que hay que desligar el comportamiento personal de un monarca de la institución en general, y plantean los beneficios que para el país supone que siga siendo España una Monarquía parlamentaria. Ese argumento se basa en la supuesta figura neutral en la jefatura del Estado en relación con las distintas fuerzas políticas. Así pues, en conclusión, la institución estaría por encima de los que la encabezan en un momento determinado, frente a los que consideran, además de otros argumentos basados en la crítica a la tradición y en la supuesta contradicción que supone que la más alta magistratura de un Estado democrático sea hereditaria, que es imposible disociar el comportamiento de la persona con la institución.