La negociación sobre las cuotas permanece bloqueada después de que el Gobierno congelara las aportaciones para 2026. Las organizaciones del colectivo reclaman cambios en las pensiones, el cese de actividad y la protección de los mayores de 52 años.

Los trabajadores autónomos se encaminan hacia 2027 sin conocer todavía cuánto tendrán que pagar en cotizaciones y sin avances en la reforma del sistema que debía adaptar progresivamente sus aportaciones a los ingresos reales. La negociación entre el Gobierno y las organizaciones representativas permanece paralizada desde hace un año, después de que una propuesta del Ejecutivo para elevar las cuotas de 2026 provocara un fuerte rechazo.

La falta de acuerdo mantiene en suspenso tanto la actualización de los tramos de cotización como distintas mejoras de la protección social del colectivo. Con las elecciones generales cada vez más próximas, las organizaciones de autónomos sitúan estas cuestiones entre los asuntos que deberá abordar el próximo Gobierno.

Una reforma paralizada tras el rechazo a la subida de cuotas

El actual modelo nació del acuerdo alcanzado en 2022 entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos. Su objetivo era establecer un sistema progresivo que ajustara las cotizaciones a los rendimientos reales de cada trabajador y permitiera mejorar sus prestaciones.

El calendario inicial contemplaba un primer esquema para el periodo 2023-2025 y una negociación de las cuotas cada tres años, con la meta de completar en 2032 la adaptación del sistema a los ingresos reales.

Sin embargo, las conversaciones para definir las aportaciones correspondientes a 2026-2028 quedaron bloqueadas después de que el Ministerio planteara incrementos que afectaban a todos los tramos. La propuesta elevaba en 17 euros mensuales la cuota más baja, hasta los 217,37 euros, y en 206 euros la más alta, que habría alcanzado los 796,24 euros.

La iniciativa recibió las críticas de las organizaciones del sector y de distintos partidos políticos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó el planteamiento de «nuevo sablazo» tras la primera reunión con el Ministerio de Inclusión, celebrada el 13 de octubre de 2025.

Ante la contestación generada, el Ejecutivo optó por congelar las cotizaciones durante 2026 y anunció su intención de retomar la negociación. No obstante, ese compromiso no se ha traducido hasta ahora en avances formales.

Una brecha de pensiones que sigue sin corregirse

La incertidumbre sobre las cuotas no es la única preocupación del colectivo. También continúan pendientes las reformas destinadas a mejorar sus prestaciones sociales, especialmente las pensiones y la protección ante el cese de actividad.

Los datos de la Seguridad Social reflejan una diferencia considerable: la pensión media de los autónomos es aproximadamente 500 euros inferior a la media del conjunto del sistema y cerca de 700 euros menor que la del Régimen General.

Esta desigualdad está vinculada, entre otros factores, a las bases de cotización y a las trayectorias laborales de quienes trabajan por cuenta propia. Las organizaciones del sector reclaman cambios que permitan reducir esa brecha y evitar que las futuras pensiones pierdan poder adquisitivo.

ATA plantea también reformar la prestación por cese de actividad, conocida como el «paro de los autónomos». Entre sus propuestas figura que el acceso a esta protección sea automático cuando se produzca una baja censal en Hacienda. Para los ceses temporales, reclama que pueda reconocerse cuando los ingresos del negocio caigan un 50 %.

La organización pide, además, extender el subsidio para mayores de 52 años a los trabajadores por cuenta propia y facilitar el acceso a la jubilación activa con el cobro del 100 % de la pensión desde el primer día, en lugar de tener que esperar hasta el cuarto año, junto con mayores incentivos.

Las organizaciones reclaman más protección

UPTA coincide en la necesidad de continuar actualizando progresivamente las bases de cotización para mejorar las prestaciones futuras. La organización defiende que se simplifique el acceso al cese de actividad y que se refuercen los mecanismos de protección económica para quienes atraviesan dificultades.

Entre sus reivindicaciones figuran también el complemento de las pensiones mínimas, mejoras para quienes acreditan largas carreras de cotización y la creación de un subsidio para autónomos mayores de 52 años.

Las demandas de ambas organizaciones reflejan que el debate va más allá de cuánto se paga cada mes. El sistema debe responder también a las situaciones de pérdida de actividad, enfermedad, dificultades económicas y jubilación, ámbitos en los que los autónomos siguen reclamando una protección equiparable a la del resto de trabajadores.

Un colectivo de 3,5 millones de personas

La dimensión del problema afecta a un colectivo que alcanza los 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo citados en la información de origen, en septiembre había alrededor de 3,49 millones inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La mayoría eran hombres —unos 2,2 millones— y personas de nacionalidad española, que representaban aproximadamente 2,9 millones del total.

Con millones de trabajadores pendientes de conocer las condiciones de cotización para 2027, la reforma vuelve a quedar en manos de una negociación política y social que no ha conseguido desbloquearse. Mientras tanto, las organizaciones del sector advierten de que siguen sin resolverse cuestiones esenciales para la estabilidad económica y la protección social de quienes trabajan por cuenta propia.