Óscar Puente presentará al Consejo de Ministros un informe sobre el siniestro y comparecerá después en Moncloa para explicar las medidas de apoyo a los afectados.
El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto con ayudas económicas para las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La reunión del Consejo de Ministros servirá también para que el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presente un informe sobre lo ocurrido y dé cuenta de las actuaciones previstas.
Según fuentes del Ejecutivo, será el propio ministro quien comparezca ante los medios en el Palacio de la Moncloa una vez concluya la reunión. La intervención tendrá lugar unas horas antes de que Puente acuda a la Diputación Permanente del Congreso para informar a los grupos parlamentarios sobre los datos disponibles del accidente.
La aprobación de las ayudas responde al compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Toledo el pasado jueves. Sánchez aseguró entonces que la Administración General del Estado, además de atender la emergencia e investigar las causas del siniestro, movilizaría recursos para respaldar a las víctimas y sus familias.
Un decreto para articular las indemnizaciones
El Ejecutivo recurrirá a un real decreto, como ya hizo ante otras grandes catástrofes, para establecer las ayudas destinadas a los afectados. Será la primera reunión del Consejo de Ministros desde el accidente de Urda.
En el informe que presentará, Puente previsiblemente ampliará las explicaciones que ofreció el pasado viernes en la sede del Ministerio de Transportes. En aquella comparecencia descartó dimitir y anunció que trabaja en un conjunto de medidas para reducir el riesgo de fallos técnicos y recuperar la confianza de la ciudadanía en el ferrocarril.
Esa confianza, según reconoció el propio Pedro Sánchez el viernes, se encuentra «quebrada» tras los accidentes de Urda y de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero.
El precedente de las ayudas por el accidente de Adamuz
El Gobierno cuenta con un precedente reciente para articular las compensaciones. Nueve días después del accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que estableció una indemnización de algo más de 210.000 euros por cada fallecido, dentro de un paquete de ayudas inmediatas y anticipos económicos para las víctimas.
En aquel caso, la cantidad destinada a los familiares de cada persona fallecida se distribuía en tres conceptos: 72.000 euros como indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y una cantidad equivalente procedente del seguro obligatorio.
Para las personas que sufrieron lesiones, las ayudas se fijaron de acuerdo con el baremo vigente. Las cuantías oscilaban entre los 2.400 euros para los daños de menor entidad y más de 84.000 euros en los casos de mayor gravedad.
Puente explicó entonces que el objetivo era evitar que las víctimas tuvieran que esperar a la tramitación de los procedimientos ordinarios o a los plazos judiciales para recibir un respaldo económico urgente. También señaló que las cantidades se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación.
El real decreto que el Consejo de Ministros prevé aprobar el martes concretará ahora el alcance de las ayudas para los afectados por el accidente de Urda.
