Además de las víctimas civiles y militares, la guerra en Oriente Próximo ha causado la caída generalizada de las bolsas, la disrupción del tráfico aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito del gas y el petróleo.

Ante la volatilidad de los mercados y la subida de precios que produjo una elevación de la inflación y de los costes energéticos para hogares y empresas, el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo de 2026 aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, una disposición con 80 medidas para movilizar más de 5.000 millones de euros y que han beneficiado a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas de España.

Esta norma fue actualizada por un segundo real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2026, que prorrogaba las medidas hasta el 31 de septiembre de 2026.

Ante la persistencia de las restricciones en el transporte marítimo y las tensiones energéticas, el Consejo de Ministros celebrado el 29 de septiembre de 2026 aprobó un tercer real decreto ley para continuar actualizando y ampliando las medidas de protección a hogares y familias.

Atendiendo a la evolución esperada del conflicto y a la progresiva estabilización de los mercados energéticos, las medidas se articulan conforme a un esquema de retirada gradual («phase out») que se desarrollará de forma escalonada hasta su desaparición, prevista para el 31 de diciembre de 2026. Se exceptúan de esta retirada progresiva las ayudas directas dirigidas a los profesionales del transporte, así como a los agricultores, ganaderos y pescadores, que se mantendrán íntegramente durante todo el periodo de vigencia.

Al igual que sus predecesores, este real decreto ley se estructura en dos tipos de medidas: las de carácter coyuntural, que incorporan una serie de ajustes para amortiguar el impacto de la guerra sobre las empresas y los hogares, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre de 2026; y las de carácter estructural, destinadas a reforzar la soberanía energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la resiliencia de la economía española frente a futuras crisis externas, mediante la aceleración de la electrificación y el despliegue de las energías renovables.

El texto, que se publicó el 30 de septiembre en el BOE, entró en vigor al día siguiente y fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 16 de octubre de 2026.

En total, el esfuerzo presupuestario de los tres reales decretos ley ya supera los 12.000 millones de euros.

Rebaja en el precio de los combustibles y protección frente a la subida del gas y la luz

Para contrarrestar el incremento del precio de las materias primas y apoyar a los sectores productivos más afectados por la crisis, el plan reduce de manera temporal la fiscalidad energética.

En materia de carburantes, el real decreto ley aprobado en septiembre mantiene la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo y la gasolina, con una aplicación decreciente: rebaja de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. Se mantiene la cláusula automática de reactivación que implica que, si los precios vuelven a subir por encima del 15%, se recuperarán los 20 céntimos de rebaja en los meses de noviembre o diciembre.

En el ámbito del transporte terrestre, la nueva norma prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible. La subvención será de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre de 2026, con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.

En paralelo a las ayudas al gasóleo profesional y a los carburantes, el real decreto incluye una cláusula de salvaguarda para la electricidad y el gas. Se limita la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural a un 35 % en la revisión de octubre y a un 15 % en las siguientes revisiones y se contempla una rebaja del IVA de la luz del 21 % al 10 % para quienes tengan potencias contratadas inferiores a los 10kW y a beneficiarios del bono social. Asimismo, se contempla una rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, pasando del 5,1% al 0,5 %.

Refuerzo del control y la transparencia

Con la aprobación del plan en marzo se reforzó la supervisión del mercado de carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A partir de junio, también se intensificaron los mecanismos de control y transparencia para que las medidas se cumplan. En particular, se le otorgó a la CNMC la facultad de solicitar la información que resulte necesaria a los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualesquiera otros datos relevantes para el análisis del funcionamiento del mercado.

La norma más reciente encomienda además al citado organismo la realización de un estudio sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista, así como el seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios.

También se actualiza el régimen sancionador para el sector de hidrocarburos, duplicando las multas asociadas a las distintas infracciones, y se refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), entre otras medidas.

Eliminación progresiva del impuesto a la producción energética

Entre las medidas estructurales aprobadas en junio, cabe destacar la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que pasará del 7% actual al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y que finalmente desaparecerá en 2028.

Como consecuencia de dicha medida y, con el objetivo de reducir los costes administrativos de los contribuyentes, con efectos desde el 1 de enero de 2028 se aplica la exención de la obligación de presentar la correspondiente autoliquidación del impuesto, así como de la obligación de realizar pagos fraccionados ya que el tipo impositivo aplicable será del 0 %.

Ayudas para la agricultura, la pesca y el transporte

El nuevo texto mantiene las ayudas al sector primario, ya que se prorrogan las ayudas al sector agrario y pesquero vinculadas al incremento de los costes del combustible.

La norma recoge también una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden beneficiarse de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. La cuantía dependerá del número, tipo y combustible de los vehículos. Para el transporte ferroviario se fija una línea adicional de ayudas directas para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, y ayudas directas para el transporte marítimo.

Escudo energético para los hogares y la industria

La norma aprobada en septiembre también prorroga los mecanismos de protección para hogares y familias que fueron adoptados en marzo. Entre esas medidas se encuentran las siguientes:

• Extensión para todo el año 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico: el descuento en la factura eléctrica para los consumidores domésticos considerados vulnerables será del 42,5%, un porcentaje que se eleva al 57,5% en el caso de los vulnerables severos.
• Incremento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico (destinado a que los consumidores vulnerables paguen los gastos de calefacción, agua caliente y cocina).
• Prohibición del corte de los suministros básicos -energía y agua- a los hogares vulnerables.
• Bonificación en un 80% de los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva.
• Flexibilización por ley de los contratos de suministro energético para permitir que tanto las empresas como los autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.
• Protección de los trabajadores

El plan incluye un capítulo específico de medidas para proteger el empleo y reforzar la protección social. Estas son algunas de las medidas más importantes:

• Las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Ante el incremento en los costes de la movilidad, se adelanta en doce meses -al 5 de diciembre de 2026- la entrada en vigor de la obligación de que las empresas y las entidades pertenecientes al sector público cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 200 personas trabajadoras (o 100 por turno). Estos planes deben incluir medidas que impulsen la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, compartida o colaborativa, y medidas transversales como el teletrabajo.

Medidas para avanzar en la transición energética

Un eje fundamental del plan integral se compone de medidas de carácter estratégico para reducir el impacto de las crisis externas y avanzar hacia la soberanía energética a través de la descarbonización, la electrificación de los hogares y de la economía y el despliegue de las energías renovables.

Varias de estas medidas son de carácter tributario:

• Deducción de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico "enchufable" y de pila de combustible.
• Recuperación de las deducciones en el IRPF para los contribuyentes que realicen reformas de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración. Entre los años 2021 y 2024, estas deducciones beneficiaron a más de 290.000 personas, con un beneficio medio de 1.918 euros.
• Libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética durante 2026. Esta medida está orientada a la instalación de puntos de recarga de automóviles eléctricos y a la puesta en marcha de otras instalaciones destinadas al autoconsumo de electricidad o al uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

Habilitación a las entidades locales para que bonifiquen hasta en un 50% el IBI a quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o la energía ambiente. Además, se recoge una bonificación de hasta el 95% a favor de las obras y las instalaciones que incorporen sistemas para un mayor beneficio térmico o eléctrico de esas energías.

El plan inicial incorporaba otras iniciativas de carácter estructural para acelerar la transición energética de manera ordenada y garantizando el respeto a los valores ambientales, sociales y territoriales; entre ellas destacan:

• Refuerzo del autoconsumo: la distancia máxima entre la generación y el consumo se eleva de 2 a 5 kilómetros, y se habilita a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
• Incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.
• Impulso de las energías renovables atendiendo a criterios de integración social y territorial.

En resumen, el tercer real decreto ley de medidas mantiene la misma estructura que los dos primeros paquetes del Plan Integral de respuesta al incluir dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para dar continuidad a la protección, a través de la prórroga por tres meses de medidas que vencían el 30 de septiembre de 2026, y un segundo de medidas estructurales orientadas al refuerzo de la autonomía energética y continuar avanzando en la descarbonización de la economía.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es. Ministerio de la Presidencia, el 4 de noviembe de 2026.