El gobierno ha pasado por tercera vez el cedazo de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Una demostración de la estabilidad de la coalición así como de la mayoría parlamentaria de investidura, lo que le permite culminar la legislatura frente a los agoreros del gobierno Frankenstein.

Nos encontramos ante una patrimonializacion y perversión sin precedentes del papel constitucional del poder judicial.

Como colofón de la campaña contra la revalorización de las pensiones, el IESE junto a la cátedra Cobas.AM ha propuesto el escarnio del retraso de la edad de jubilación desde los sesenta y seis actuales hasta los setenta y cuatro años de edad, y por si esto no fuera suficiente, el recorte del cincuenta por ciento de las futuras pensiones y un incremento equivalente del pago de las cuotas a la seguridad social. Todo esto con el manido argumento de acabar con la supuesta generosidad de las pensiones españolas actuales con objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema. Un esperpento.

Con el lento final de la pandemia, del drama de las residencias de mayores y de los ingresos en los hospitales y en las UCIs y del incremento de la mortalidad con el consiguiente miedo al contagio y su derivada; las medidas de aislamiento y distanciamiento físico, y finalmente de los efectos sociales y psicológicos por el confinamiento, ha aumentado la incidencia de los trastornos mentales, pero lo ha hecho ante todo el malestar social y la sensibilidad en general con la salud mental. Por otra parte, el impacto de la violencia de género, se viene notando también en los problemas psicológicos que afectan a las mujeres víctimas de abuso.

"Entremés: Pieza dramática breve, burlesca o cómica y de un solo acto, que se representaba entre los actos de una comedia o de una obra teatral más extensa."

La única alternativa presupuestaria, casi obsesiva, de la derecha ha sido la rebaja generalizada de los impuestos, primero de la energía, luego en el IRPF y el impuesto del patrimonio y ahora también del IVA ( la mayoría superreducido y en menor medida reducido) de los alimentos, toda vez que ya casi no hay margen para rebajar aún más los impuestos de la electricidad y del gas. Sin embargo, podría haberse limitado a una propuesta más creíble y por tanto más equilibrada entre la reducción de los impuestos y de los gastos, pero seguramente le ha parecido demasiado moderada para navegar en las aguas turbulentas del nacional-populismo. Ya desde el inicio de la pandemia ha preferido dejar en solitario el papel de decidir los sacrificios al gobierno socialcomunista, para apuntarse a capitalizar el descontento y presentarse como la abanderada de la libertad sin ningún tipo de restricciones.

Llama la atención la paradoja de la recuperación de la economía y de la mejora en la situación percibida en la mayoría de los hogares, a las que se suma una valoración positiva de las políticas del gobierno progresista en relación con el rápido cambio de ciclo en un sentido conservador que se refleja desde hace meses en las sucesivas encuestas de opinión con el sorpasso del PP y el mantenimiento, es verdad que con altibajos, del voto de ultraderecha.

En el fondo de todo está una concepción de la independencia judicial corporativa y cada vez más autoritaria.

Empezamos el mes de Octubre y el rito iniciático de la berrea de insultos machistas de las novatadas del Colegio Elías Ahuja nos recuerda y nos alerta sobre la permanencia de una tradición de décadas de novatadas que incluye la humillación de los novatos, pero sobre todo del machismo, el clasismo y la sumisión igualmente machista de las colegialas del Colegio M. Santa Mónica, con el añadido nada casual de proclamas nazis que al ser conocidas han provocado el inmediato rechazo de la embajada de Alemania, poniendo en evidencia la manga ancha de la derecha española con el franquismo como parte del nazifascismo. Clasismo y machismo en la derecha de siempre.

La revalorización de las pensiones se ha convertido en el gran argumento de la derecha con el objetivo de poner en duda la credibilidad del proyecto de  presupuestos para 2023, pero también para cuestionar la sostenibilidad de la reciente reforma de las pensiones y más allá de atacar a la misma viabilidad del sistema público de pensiones.

Se ha presentado el tercer proyecto de presupuestos por parte del gobierno de coalición en minoría al que buena parte de la derecha, con eso del gobierno Frankenstein, ni ha reconocido ni le ha dado un año de vida, y que sin embargo se ha mostrado como el gobierno más estable de los últimos años, ya que no se ha visto obligado a recurrir a ninguna prórroga presupuestaria, al contrario que el último gobierno de Mariano Rajoy.

El nuevo compromiso de aportación del gobierno de España al fondo del programa de salud global ha sacado a la luz los peores instintos de la derecha populista, de la ultraderecha pero también de buena parte de la derecha, y de su aparato de propaganda de medios de comunicación y redes sociales en contra la aportación española a la agenda 2030 dentro de los objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

Hasta hace unas horas parecía que, la loca carrera de las rebajas fiscales en clave electoral desencadenada por las CCAA de gobierno de la derecha, iba a dejar al gobierno con el pie cambiado, incluso en relación a alguno de sus más significados gobiernos autonómicos como el valenciano, hasta que el gobierno ha reaccionado a la ofensiva poniendo encima de la mesa una propuesta fiscal progresiva, en la línea de la reforma fiscal propuesta en el libro blanco que eleva los impuestos a la renta, el patrimonio y las plusvalías de los más ricos y que reduce la de los de los trabajadores, los autónomos y las pequeñas empresas.

Continúa la estrategia dilatoria de la mayoría conservadora del CGPJ en la propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, incumpliendo los plazos previstos en la reforma de la ley recientemente aprobada. Todo ello con el objetivo de continuar haciendo oposición política y desgastando al  gobierno y al parlamento, y también de obstaculizar el cambio de mayorías en el órgano de garantías, con la vista puesta en algunas de las principales leyes aun pendientes como la del aborto así como de las aprobadas durante la legislatura: como son la de educación o la de eutanasia, que también han sido recurridas por la derecha. Se trata de Lawfare en estado puro.

Como ya se esperaba y se temía, Giorgia Meloni del partido neofascista Hermanos de Italia ha ganado las elecciones italianas con el veintiséis por ciento de los votos. Además, por primera vez una mujer presidirá el gobierno con el resto de la derecha que ha quedado en un plano secundario muy por debajo de sus expectativas. En definitiva, el resultado acredita el fracaso del gobierno tecnocrático tutelado por la Unión Europea y el triunfo de la legitimidad que da el haber sido su única oposición. Sin embargo, la gran triunfadora ha sido una abstención con cifras de record como consecuencia de la desafección política. De nuevo el populismo cabalga a lomos del malestar social, la nostalgia nacionalista, la desdiabolización de la ultraderecha y la desafección política.

Ha tenido que ser el nuevo gobierno del PP en Andalucía, recientemente elegido en mayoría absoluta y con imagen de moderado, el que ha encabezado la rebelión fiscal con la supresión del impuesto de patrimonio, aderezado con otras rebajas fiscales como la deflactación de la tarifa que también beneficia más a las rentas más altas.

El presidente andaluz Moreno Bonilla, después de que en la legislatura pasada anulara el impuesto de sucesiones y donaciones para los herederos directos, se propone ahora suprimir el Impuesto de patrimonio, actualmente bajo mínimos, con el argumento de hacer frente con ello a la competencia de las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, a la sazón gobernada por su propio partido, el PP. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el mencionado impuesto se encuentra bonificado al 100% y en consecuencia no se paga. Dando con ello la razón a los partidos y a los organismos que han venido acusando a la Comunidad de Madrid de provocar el dumping fiscal y la competencia desleal con el resto de las comunidades autónomas.