Pensiones: ese oscuro objeto del deseo

Sin embargo, ya con la legislación actual, la mencionada generosidad  significa que la mayoría de las pensiones siguen estando por debajo del salario mínimo y solo un diez por ciento por encima de dos mil euros y que la edad de jubilación efectiva en España estará en los sesenta y siete años de edad en el año 2027. De hecho la pensión media se situó en agosto en poco más de mil euros en catorce pagas, mientras la de jubilación no llega a los mil trescientos euros. Un sistema de pensiones que en el volumen de las pensiones, en porcentaje del PIB y en edad de jubilación se encuentra todavía lejos de los estándares de los países europeos de nuestro entorno.

En resumen, con esta propuesta se trata de retrasar la jubilación casi hasta el límite de la edad sin discapacidad y a siete o nueve años de la expectativa de vida de hombres y mujeres. Si además se recortase en un cincuenta por ciento, nos encontraríamos con una pensión de pobreza que no sería ni siquiera suficiente para realizar el último tramo de la vida con un mínimo de dignidad. Dejan lo justo para pagar el entierro. Aunque la intención que el mencionado informe no oculta es su voluntad de cuestionar el actual sistema de reparto y por contra de favorecer un sistema mixto. Para ello se trata de empujar a la mayoría de los pensionistas a la indigencia y a solo a una minoría, todavía con alguna capacidad de ahorro, a contratar fondos privados de pensiones complementarios. En este sentido el IESE hace de cabeza de puente de los intereses bancarios frente al sistema de pensiones.

Ese es el motivo por el que llevamos décadas con profecías apocalípticas sobre el desequilibrio de ingresos y gastos del sistema público de pensiones y los retos insalvables del envejecimiento demográficos, que nunca se han cumplido. Más recientemente, las pensiones se han convertido una vez más en el oscuro objeto del deseo de las derechas, aprovechando la escalada de la inflación y el debate sobre los presupuestos para 2023 para retomar la derogación de la ley de revalorización automática de las pensiones, como hizo el gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la crisis financiera.

Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios de la derecha han votado favorablemente la mencionada revalorización automática de las pensiones al menos en dos ocasiones en esta legislatura, primero en el pacto de Toledo y finalmente en la ley de reforma de las pensiones. Tan solo la ultraderecha se desmarcó entonces del consenso parlamentario para arremeter contra la viabilidad del sistema público y propugnar su privatización.

Aunque unos y otros desde entonces han entrado en contradicción con el inicial sentido favorable de su voto, primero pronosticando un previsible rechazo de la UE a la reforma acordada por el gobierno con los agentes sociales, debido a la supresión del mal llamado factor de sostenibilidad previsto por el gobierno Rajoy. Algo que finalmente no se produjo, sino que fue respaldado por la Comisión Europea.

Más recientemente ha sido de nuevo la agitación del supuesto peligro del baby boom para el sistema a partir de 2030, como ya hiciera la derecha en la contrarreforma de 2013, y el consiguiente rechazo de la fórmula habilitada por el ministerio de seguridad social consistente en el incremento de la cuota de patronos y trabajadores para dotar un fondo de reserva específico en el caso en que el equilibrio del sistema se viera afectado en ese periodo concreto. Tampoco aquí los negros augurios se han cumplido, sino que de nuevo ha contado con el respaldo de la Comisión Europea.

La última esperanza de bloqueo para la derecha es la actual negociación con sindicatos y patronal sobre el periodo de cómputo y los vacíos de cotización, aunque tampoco parece que vaya a obtener satisfacción, a pesar de la salida de tono de la CEOE en relación al destope de la cotización máxima en el presupuesto.

Ha sido ahora, en el contexto del debate presupuestario, que el PP ha aprovechado la ocasión para desmarcarse de su voto en el Pacto de Toledo afirmando que la revalorización de las pensiones es algo que el actual gobierno socialcomunista no sabe ni puede gestionar, es decir: aquello de que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, a lo que Ciudadanos ha añadido dos huevos duros más, propugnando un tope de revalorización para las pensiones más altas, a la búsqueda desesperada del enfrentamiento generacional entre las 'generosas' pensiones de los mayores y la precariedad de los salarios de los jóvenes. Todo ello a sabiendas de que el equilibrio de la contributividad y solidaridad del sistema actual depende de la integración en el mismo de la clase media_alta, a los que pretenden excluir de la revalorización, como ocurre en general con el estado de bienestar.

Algo similar a la ofensiva mantenida por las derechas contra la sanidad y la educación públicas que estamos viviendo en las CCAA que gobiernan, donde están favoreciendo el deterioro de sus principales pilares como son la atención primaria y la enseñanza pública y estimulando a la vez la correspondiente salida de los sectores medios para favorecer al sector privado y concertado.

Una posición además demagógica con respecto a los jóvenes, sobre todo si recordamos el rechazo por parte de las derechas de las medidas básicas de equidad intergeneracional como han sido la revalorización del salario mínimo, la reforma laboral o el tope a los alquileres en la política de vivienda, entre otros.