El independentismo judicial

Tal parece que la dimisión anunciada del presidente del CGPJ ha servido como desencadenante del enésimo y dicen que último intento para el desbloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, una noticia ante la que han surgido interpretaciones, la mayoría negativas, que van de un legítimo excepticismo sobre los posibles resultados de la negociación a especular sobre la rendición de unos o de otros e incluso a acusar preventivamente a los partidos políticos de un nuevo reparto y de mantener el baldón de la politización de la justicia.

Sin embargo, los términos concretos de la información sobre la larga reunión entre el presidente Sánchez y el candidato Feijóo con la incorporación de Albares y González Pons, solo han avanzado, aparte de explorar la buena voluntad de las partes, el aborda la negociación conjunta del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

Un nuevo intento motivado porque, junto al bloqueo conservador del nombramiento de los dos miembros del Tribunal Constitucional y la esperada dimisión del Lesmes, se ha sumado el cambio de posición de la mayoría conservadora en el seno del propio Tribunal Constitucional para hacer posible, si fuera necesario, el nombramiento en solitario de la propuesta del gobierno de los dos nuevos magistrados sin tener que esperar por los que le corresponden al CGPJ.

La reacción de los medios de comunicación ha sido en general de un lógico excepticismo, después de cuatro años en los que la derecha ha impedido dar cumplimiento al mandato constitucional que establece un periodo de cinco años de mandato a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, como consecuencia de su obstrucción sistemática al cumplimiento de la Constitución y de la ley que ha llegado a adquirir tintes de esperpento sino de opereta, con excusas, cada una más disparatada que la anterior, del partido popular para no sentarse siquiera a negociar: que si la participación de Unidas Podemos en el gobierno, que si la fiscal general, que si las críticas a las sentencias, que si la desconfianza en el negociador..

El último argumento ha sido el requisito previo del cumplimiento de un supuesto mandato de la Unión Europea, de acuerdo con la resolución del Consejo de Europa sobre la corrupción, para que sean los propios jueces los que participen en la elección de sus pares en el Consejo General del Poder Judicial, cuando en España dicha participación ha sido atribuida por ley mediante un modelo mixto en que proponen los jueces y finalmente elige el parlamento. Una ley respaldada por el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, cuando en la UE existen formas muy distintas de elección del gobierno de los jueces que van desde la elección por el parlamento, por el gobierno, el presidente de la república, hasta la elección mixta e incluso el desarrollo de sus funciones directamente por parte del correspondiente ministerio de justicia, y nadie las cuestiona como formas de politización de la justicia.

Todo ello, con objeto de retrasar una vez más la renovación y el cambio de mayorías solo cuando gobierna la izquierda, para luego proceder a su renovación con la llegada de un gobierno conservador. Una estrategia que le ha permitido a la derecha mantener la mayoría conservadora en el CGPJ por casi una década más que la que le corresponderían por sus periodos de mayoría de gobierno.

Pero incluso, en el momento en que por fin ha habido acuerdos, el PP se las ha arreglado para incumplir los pactos firmados, bien por la reacción de rechazo de los jueces y de los medios de comunicación conservadores a principio de la legislatura o en última instancia eludiendo el reconocimiento del compromiso de la anterior dirección de Pablo Casado, calificándolo de barullo.

Desde los medios de comunicación, las reacciones a los escasos acuerdos en la materia han provocado el rechazo cuando no la descalificación, aludiendo la renuncia a los principios cuando no al siempre discutible currículum de los propuestos o bien a su supuesta orientación ideológica. Tal como si los acuerdos fuesen posibles en base a vetos mutuos sobre el método de elección y sobre los nombres de los propuestos, y como si los proponentes y los propuestos fueran seres de luz, apolíticos y carentes de ideas propias.

En el fondo de todo está una concepción de la independencia judicial corporativa y cada vez más autoritaria, olvidando que muy al contrario la independencia judicial en democracia se sustancia en el marco de sus competencias y solo cuando los jueces y magistrados instruyen y juzgan una causa. Todo para hacer de su capa un sayo en materias eminentemente políticas y para ejercer de oposición frente al resto de los poderes del Estado: el poder legislativo y el ejecutivo, una oposición basada en prejuicios sobre la fragilidad de la política y de sus mayorías, pretendiendo investir a la justicia como poder supremo.