Talleyrand. La Revolución, al fin. VI

La reforma que propuso suponía una ruptura radical con el antiguo orden: la nacionalización de la Iglesia francesa. El Estado se haría con la propiedad de todos sus bienes, los subastaría o vendería según mejor le pareciera y, pagaría a los clérigos un salario, como si se tratara de unos funcionarios más. Las propiedades en cuestión suponían la mitad de la tierra de casi todas las provincias del reino y, producían unas rentas de unos 100 millones de libras anuales.

Mientras que el tercer estado en su gran mayoría, aprobó la solución propuesta, la jerarquía eclesiástica, sobre cuyos fabulosos ingresos, ya hemos hablado, puso el grito en el cielo y, al obispo “traidor a su clase” en el infierno. El abbé de Périgord pasó a ser a ojos de muchos Judas redivivo o, quizá, el mismísimo Anticristo.

Una vez más, Talleyrand se mantuvo fiel a si mismo y, no pareció inmutarse los más mínimo por la actitud, no por lo esperada menos agresiva, de “los suyos”. Como el mismo declaró ante la Asamblea: “Soy el único de mi orden en apoyar ante vosotros unos principios que parecen contrarios a nuestros intereses”. Pero razonaba: ¿acaso era la Iglesia propietaria de su inmenso patrimonio? Evidentemente no en el sentido ordinario de la palabra “propiedad”, desde el momento en que no podía venderla en su propio beneficio: la administraba en función religiosa, por voluntad expresa de donantes y testadores ¿Quién era la beneficiaria de esta función? La Nación. Consiguientemente, Francia era la auténtica propietaria de esta riqueza y, la medida propuesta suponía únicamente la devolución a la nación de una abundancia de bienes que ya era nacional. Solo daba lugar a un cambio de administradores. El colmo del jesuitismo en un país en que los jesuitas habían sido expulsados (y disuelta su orden) en tiempos de Luis XV. Los clérigos seguirían siendo pagados por sus servicios al pueblo, del mismo modo que se pagaba a ministros, jueces, oficiales y al rey mismo.

Pues eso.

(Continuará)