Siempre fieles a una intensa vocación municipalista los socialistas solían hacer públicas sus quejas y demandas en relación con la labor de los Ayuntamientos.

Hemos visto el indulto de 1969 sobre las responsabilidades penales cometidas antes de terminar la guerra, que fue, realmente una medida para la galería porque ya no había presos por esas causas, aunque sí benefició a los escondidos para evitar la represión, los conocidos como “topos”.

El secretario del Consejo Económico Obrero de Francia, H. Dubreuil escribió un extenso artículo sobre los métodos de enseñanza en las escuelas socialistas u obreras, que El Socialista publicó en castellano en el mes de diciembre de 1922.

El indulto en España es una medida de gracia, con carácter excepcional, y que se reguló por una Ley de 18 de junio de 1870, que establece la remisión total o parcial de las penas de los condenados por una sentencia firme, y que otorgaría el rey a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La Constitución de 1978 prohíbe en su artículo 62, relativo a lo que corresponde al rey, que se puedan autorizar indultos generales.

Los socialistas se hicieron eco en el número del 12 de diciembre de 1922 de El Socialista de la falta de luz que se estaba produciendo en distintas calles durante varios días, de los distritos de Universidad y Hospicio de la capital madrileña. Al parecer, la redacción del periódico había recibido distintas quejas de los vecinos. En la zona afectada llevaban dos días sin fluido eléctrico todo el día. Otro periódico, La Voz, había publicado esta noticia.

La primera formulación de los derechos del hombre aparece en la obra de Locke, Dos Tratados del gobierno civil, del año 1690, que legitimaría la Segunda Revolución inglesa, la que había puesto fin al absolutismo del último Estuardo. Un año antes se había establecido el Bill of Rights, uno de los pilares básicos del régimen político británico. Pero hay claras diferencias entre la obra de Locke y el Bill. En el primer caso, se postula la existencia de derechos individuales anteriores y superiores a cualquier contrato social y al Estado. Serían los siguientes: libertad, igualdad y propiedad. El Bill of Rights, por su parte, lo que pretendía era establecer normas para limitar el poder real, aunque sí expresaba el derecho de petición al rey.

En plena tensión internacional en el primer período de entreguerras los socialistas franceses decidieron en su Congreso del otoño de 1923 hacer una apuesta por la paz, criticando duramente la actitud de su propio Gobierno en relación con Alemania en clave obrera.

Durante la Guerra Civil se produjeron hasta tres proyectos sobre amnistías. Intentaremos dar alguna noticia breve de los tres en esta pieza.

El 31 de marzo de 1969 se promulgó el Decreto-ley 10/1969 (BOE del 1 de abril), por el que se declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, y que pondría el punto final a las responsabilidades derivadas de la Guerra Civil, es decir, treinta años después de terminada. Los delitos quedaban prescritos. Debemos recordar que un indulto es la extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. No es una amnistía, porque la misma se refiere el perdón del delito. Una persona indultada sigue siendo culpable, aunque se le perdona el cumplimiento de la pena. Así pues, las personas que habían sido condenadas por lo que el franquismo consideraba como delitos, y que tendrían que ver con una larguísima lista de actuaciones en los ámbitos políticos y sociales, ya no recibirían castigo alguno, pero seguían siendo culpables de esos delitos.

El socialista Benito Luna Anoría (1880-1937), abogado y que fue diputado por Málaga-provincia en la República, además de ser un protagonista destacado del socialismo malagueño y colaborador de la prensa, terminando sus días fusilado cuando las tropas franquistas entraron en su ciudad, expuso, no sin ironía y hasta sarcasmo, la concepción que tenía la Iglesia sobre la lucha de clases a cuenta de un artículo publicado el 15 de noviembre de 1909 en el Boletín de Acción Social del Arzobispado de Sevilla, y que se titulaba “Enseñanza social”, aunque también aludió al número 54 en relación con el socialismo.

En estos agitados tiempos hemos asistido a cómo una parte de las generaciones previas del Partido Socialista han cargado contra la forma de llevar la política de la generación actual, encabezada por el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, especialmente en relación con la investidura, los pactos con los nacionalistas catalanes y el asunto de la amnistía. No han sido todos sus componentes, ni mucho menos, ya que algunos han optado por la defensa en primera línea de lo que se estaría haciendo ahora, como Zapatero, o han adoptado una estratega expectante y de dejar hacer, según el proceder, por ejemplo, de Solana. Pero, es indudable que dos personajes de la importancia de González o de Guerra tienen una enorme repercusión mediática por su evidente importancia histórica reciente, y porque, además, su crítica pública puede ser empleada por los adversarios políticos de la derecha. Esa actitud estaría generando una evidente polémica en el seno del socialismo español.

Uno de los puntales del librepensamiento español, el semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento dedicó gran atención a la publicación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 (Gaceta de 31 de enero), publicándola en sus páginas, además de sacar otros trabajos sobre la misma. Queremos acercarnos al texto que se publicó en el número del 22 de febrero de 1900 como comentario o introducción previa del texto de la disposición porque plantea una serie de consideraciones que nos parecen significativas para entender la posición del librepensamiento, claramente republicano, sobre esta Ley porque, en principio, siendo claramente favorable a la misma nos ofrece una visión, ciertamente paternalista sobre los trabajadores, además de ácidamente crítica con un sector de los mismos, y muy especialmente hacia las mujeres, en línea con su tesis sobre que eran un factor principal para que no se desarrollase el laicismo al estar sujetas al imperio de la Iglesia, aunque ahora aplicada al movimiento obrero por considerar que eran también un impedimento para su desarrollo.

Desde el año 1977 se han producido diversas regularizaciones fiscales, que, comúnmente se denominan “amnistías fiscales”. Estas regularizaciones o amnistías han pretendido la condonación total o parcial de deudas tributarias, su fraccionamiento o su aplazamiento. Esa sería más la parte de una regularización fiscal. La parte de amnistía tendría que ver con el perdón de las sanciones administrativas pecunarias y las derivadas de delitos fiscales. En realidad, estas regularizaciones o amnistías fiscales son mecanismos no muy ortodoxos en cuestiones fiscales porque es obligación de todos contribuir y del Estado de que se realice esta obligación, pero tanto en España como en otros países se han realizado para sacar a la luz recursos económicos que estarían en negro. Así pues, el debate está servido.

Desde los tiempos en los que Fraga era el líder de la oposición, y de forma periódica la derecha, o las derechas han ofrecido como argumento fundamental para enfrentarse a la izquierda el supuesto peligro por la llegada inminente del apocalipsis. Todavía podemos recordar las intervenciones del político gallego en el Congreso ofreciéndonos el panorama negro que se avecinaba con esta u otra medida aprobada por las Cortes y/o por el Gobierno socialista.

Una de las consecuencias de la visita del presidente del gobierno francés, Édouard Herriot en el otoño de 1932 a España fue la firma de un acuerdo de reciprocidad entre Francia y España para reglamentar las condiciones de trabajo de los trabajadores de ambos países.

El artículo 72 de la Constitución española de 1931 establecía que el presidente de la República prometería ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y la Constitución. Prestada esta promesa se consideraría iniciado el nuevo período presidencial.

El 14 de abril de 1931, el Gobierno Provisional de la República decretó una amnistía, publicada en la Gaceta de Madrid del día siguiente. Firmaba el decreto el presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá-Zamora.

Fernando de los Ríos pronunció una conferencia en el salón de actos de la Universidad Central en noviembre de 1932 con el título de “Socialismo y Socialismos”. En la misma trató sobre Marx, que es el objeto de esta pieza. La conferencia tuvo un marcado carácter pedagógico. Ofrecemos unas pinceladas, al respecto.

Se conoce como el Pacto del Majestic al que firmaron, una vez celebradas las elecciones generales de 1996, el Partido Popular y Convergència i Unió. Por el mismo, la coalición nacionalista catalana, en el poder en la Generalitat, y con 16 escaños en el Congreso de los Diputados, apoyó la investidura de José María Aznar para que pudiera ser elegido presidente del Gobierno.

Paule Mink (1839-1901) fue una mujer de intenso compromiso feminista y socialista, de origen social elevado polaco, pero cuyos progenitores le enseñaron la importancia del socialismo utópico, desarrollando desde muy joven una clara conciencia librepensadora y feminista. Escribió en la prensa, participó en la Primera Internacional, y sobre todo, en la Comuna de París. También se vinculó al mutualismo según las ideas de Proudhon. Posteriormente, participaría del complejo desarrollo del socialismo francés, además de seguir con su lucha feminista en la prensa y fundando organizaciones.

En nuestro acercamiento al programa electoral laborista de 1923 planteamos en este apunte la parte dedicada a la vivienda. Esta vez nos fijamos como fuente en el manifiesto de diciembre de ese año que empleamos en las anteriores piezas, sino en los datos que Antonio Fabra i Ribas dio en una conferencia en ese mismo mes en la madrileña Casa del Pueblo.

Este artículo pretende explicar la concesión de amnistías e indultos a los carlistas en el reinado de Isabel II.

El tema de la vinculación de las cooperativas con la política y la lucha sindical nos ha interesado ya en varias piezas anteriores, especialmente desde la justificación socialista, basada, fundamentalmente, en la idea de que la lucha por la emancipación de los trabajadores debía ser un ejercicio, en principio doble, económico-social a través de los sindicatos, y político con los partidos obreros. El cooperativismo se convertía en una tercera opción, en cierta medida complementaria de las dos anteriores, al concebirse no sólo como un avance en conquistas parciales para los trabajadores, sino también como un ejercicio de ensayo y formación de éstos en el momento de la conquista del poder.

A los pocos días de proclamada la Primera República, capital hecho que tuvo lugar el 11 de febrero de 1873, el Gobierno envió a las Cortes un proyecto de ley sobre amnistía. El mismo se aprobaría el día 15 de febrero, saliendo publicada la disposición en la Gaceta de Madrid del día siguiente, es decir, del 16 de febrero.