El tema de la vinculación de las cooperativas con la política y la lucha sindical nos ha interesado ya en varias piezas anteriores, especialmente desde la justificación socialista, basada, fundamentalmente, en la idea de que la lucha por la emancipación de los trabajadores debía ser un ejercicio, en principio doble, económico-social a través de los sindicatos, y político con los partidos obreros. El cooperativismo se convertía en una tercera opción, en cierta medida complementaria de las dos anteriores, al concebirse no sólo como un avance en conquistas parciales para los trabajadores, sino también como un ejercicio de ensayo y formación de éstos en el momento de la conquista del poder.

A los pocos días de proclamada la Primera República, capital hecho que tuvo lugar el 11 de febrero de 1873, el Gobierno envió a las Cortes un proyecto de ley sobre amnistía. El mismo se aprobaría el día 15 de febrero, saliendo publicada la disposición en la Gaceta de Madrid del día siguiente, es decir, del 16 de febrero.

El movimiento obrero socialista fue siempre muy combativo en sus primeras décadas de existencia contra los republicanos al considerar que, aunque pudieran organizarse en formaciones de signo progresista, eran burgueses, a fin de cuentas y, por tanto, enemigos de clase. Además, la creación de esos partidos generaba una clara competencia por el voto obrero, especialmente cuando se aprobó el sufragio universal masculino.

En una pieza anterior dimos cuenta de una amnistía dada por el Gobierno presidido por Prim y por Decreto en agosto de 1870, a pesar de que la Constitución de 1869 estimaba que las amnistías e indultos generales debían aprobarse a través de una ley especial. La que denominamos en su momento la amnistía de Prim afectaría a quienes estuvieran procesados, sentenciados y sujetos a responsabilidad por delitos políticos cometidos desde la Revolución de 1868 hasta la fecha del Decreto.

A finales del año 1923 los socialistas volvieron a llamar la atención sobre lo que consideraban abusos de la Empresa Metropolitano Alfonso XIII.

En la crítica del librepensamiento español acerca de la vigencia del Concordato con la Santa Sede encontramos una visión muy crítica hacia el movimiento obrero, hacia el pueblo y, especialmente hacia la mujer. En este sentido, nos parece significativo un artículo de opinión editorial de Las Dominicales del Libre Pensamiento del 22 de noviembre de 1901. Veremos una opinión en cierta medida muy paternalista, si se nos permite la calificación, en relación con el pueblo, más agresiva hacia la mujer, y ácida hacia los socialistas por considerar que se preocupaban más de las cuestiones económicas que de las de tipo religioso.

El semanario Las Dominicales del Libre Pensamiento comenzó a publicar en el número del 11 de octubre de 1901 una columna denominada “Cartillas laicas” con el subtítulo de “Historia de la Revolución”. Cada columna era una “lección”, y llevaba un título propio. La lección preliminar versaba, por ejemplo, sobre la Revolución francesa, centrándose, en este caso, más que por el desarrollo de la misma por sus principios fundamentales como inspiración para la Revolución española.

El problema del paro fue prioritario en el programa electoral laborista para las elecciones de diciembre de 1923.

En el programa electoral del Partido Laborista británico para las elecciones del día 6 de diciembre de 1923, el cooperativismo ocupaba un lugar. Esta pieza recuerda, cien años después, esta parte del programa, habida cuenta, además, de la importancia del movimiento cooperativista británico. Pero, además, el programa planteaba un plan de gestión pública de la economía.

En el programa electoral laborista para las elecciones del seis de diciembre de 1923 las cuestiones internacionales ocuparon un lugar importante, y con una clara vocación en favor de la paz y de la superación de rencores y conflictos.

La Liga Esperantista Obrera Austriaca creó a principios de los años treinta un órgano de prensa, escrito en esperanto, “La Socialisto”, es decir, “El Socialista”.

En la Conferencia de Desarme del año 1932 pronunciaron sendos discursos Emile Vandervelde por la Internacional Obrera Socialista, y León Jouhaux por la Federación Sindical Internacional. Ambos expusieron el punto de vista de las dos organizaciones respecto al problema de los armamentos. A petición de Reynaud, a la sazón, presidente de la Comisión de Peticiones, los dos oradores tuvieron que escribir después sus discursos si deseaban que figurasen en las actas de las sesiones. Pero la Mesa de discusión de la Conferencia eliminó de los dos textos las partes alusivas a la guerra entre Japón y China. Tanto Vandervelde como Jouhaux protestaron ante esta censura, y decidieron realizar una declaración conjunta, que en España publicó El Socialista en su número del 17 de febrero de 1932.

Una vez que desapareció la confesionalidad del Estado en la Constitución de 1869, y establecida, en consecuencia, la libertad de cultos, hubo que reformar la cuestión del matrimonio, aunque dentro, lógicamente, de la reforma del Código Civil. En el proyecto del mismo se planteaba que la única forma reconocida de matrimonio sería el civil. Mientras se producía la discusión y aprobación del Código, se promulgó el 18 de junio de 1870 una Ley Provisional de Matrimonio Civil, insistiendo en el hecho de que era el único reconocido. Esta fundamental reforma entraría en vigor en septiembre.

La Compañía de Jesús se destacó, como bien sabemos, por una intensa vocación educativa. La expulsión de los jesuitas en tiempos de la República hizo que se cerraran sus colegios. Ese fue uno de los argumentos empleados por las derechas españolas para criticar intensamente esta política, es decir, que dicha expulsión con la consiguiente clausura de sus establecimientos educativas produciría una especie de desquiciamiento de la educación en España.

Las Cortes de 1869, surgidas de las elecciones celebradas después de la Revolución Gloriosa, que terminó con el reinado de Isabel II, aprobaron una amnistía en relación con los delitos derivados de las insurrecciones ocurridas en la Península contra las levas para la Guerra de Cuba, la primera que hubo en la isla, en relación a los sucesos de diciembre y enero de 1868 y enero de 1869. Fue la Ley de 1 de mayo de 1869, publicada en la Gaceta de Madrid al día siguiente.

El socialismo argentino tomó unas medidas de signo ético en 1923, y que podríamos calificar como de una especie de precedente de código ético político para los representantes y afiliados del Partido Socialista. Cien años después nos hacemos eco de las mismas.

El subsidio de maternidad, cuya entrada en vigor estamos recordando en las páginas de El Obrero en su centenario, incluía a todas las madres que estuvieran inscritas en el retiro obrero, independientemente de su estado civil.

En 1890, el año en el que se aprobaría el reconocimiento del sufragio universal masculino, el Gobierno de Sagasta sacó una Ley de 10 de marzo de ese año sobre delitos electorales (publicada en la Gaceta de Madrid del día 11 de marzo).

En los años veinte apareció un libro sobre la “reforma del reformismo” en Bélgica, obra de dos socialistas, Joseph Wauters y Viewe. De los dos hay que destacar al primero, y al que hemos dedicado cierta atención en este periódico por su protagonismo en el Partido Obrero Belga, además de dirigir Le Peuple, y ser un ministro de Trabajo muy implicado en la elaboración de una legislación social en el Gobierno de Reconstrucción Nacional, en el que entró con otros dos destacados socialistas, Vandervelde y Anseele.

En pleno proceso de aprobación de la Constitución, Indalecio Prieto planteó un proyecto de ley, breve, pero de hondo calado, y que tenía que ver con los funcionarios que se quedaban invidentes.

En el Antiguo Régimen no se otorgaban amnistías por gobiernos vía decreto ni por los parlamentos a través de leyes, sino perdones por parte de los monarcas, empleando su potestad regia, intentando serenar ánimos y situaciones, y/o demostrando la virtud de la magnanimidad como un principio más de reafirmación de su poder, de origen divino e incuestionable.

El Ministerio de Trabajo, con Francisco Largo Caballero al frente, consiguió sacar adelante una ley para la colocación obrera con carácter “nacional, pública y gratuita”, como se publicó en la Gaceta de Madrid de 27 de noviembre de 1931. Esta pieza repasa lo principal de dicha disposición. Se trataría de una disposición fundamental porque se pretendía que fuera el Estado el que coordinase la relación entre la oferta y demanda de trabajo de forma global y para combatir el paro.

En los primeros meses de existencia de la República se hizo un gran esfuerzo para luchar contra uno de los grandes males existentes, la tuberculosis, una enfermedad con un marcado carácter social. Al frente de la Dirección General de Sanidad se encontraba el médico socialista Marcelino Pascua Martínez, un personaje al que hemos dedicado cierta atención en El Obrero. Esta nueva pieza quiere reflejar la labor realizada hasta el otoño de 1931 y que, a pesar de las carencias económicas y de la ingente tarea que había que emprender, fue muy importante.

En el otoño de 1926, Francisco Largo Caballero publicó un artículo en la sección sobre la UGT, que dedicaba El Socialista, acerca de los principios elementales de la asociación que, como bien sabemos fue siempre un principio fundamental del movimiento obrero de signo socialista. Pocas personalidades como la que aquí nos trae han sabido tanto sobre esta materia por su propia y larga experiencia en este ámbito.