Como hemos comentado tantas veces en esta sección, la democracia es frágil, siempre puede ser derogada o limitada por impulsos autoritarios y en ningún país democrático se debe estar seguro de que no hay riesgos de revertir ese régimen en beneficio de otro que puede conllevar una dictadura. Vienen a la mente estas reflexiones tras la formación del nuevo Gobierno francés presidido por el centrista François Bayrou. Antes de avanzar en esta reflexión convendría aclarar dos cuestiones previas. En primer lugar, detengámonos un momento en los términos que se utilizan: desde antes de acceder al cargo de Primer Ministro, todos los medios han hablado del “centrista” Bayrou. Yo creo que el adjetivo “centrista” puede ser demasiado benévolo para un personaje que representa muy bien todos los vicios y virtudes de la política conservadora francesa. Es verdad que a lo largo de su trayectoria Bayrou se puede apuntar un comportamiento propio del centro, cuando en 2012 apoyó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a François Hollande, pero salvo este hecho Bayrou ha sido y se ha comportado como un conservador no gaullista, si bien ha compartido con el gaullismo un cierto tono social engendrado por su origen democristiano, pero precisamente por ese origen en el tiempo en que fue Ministro de Educación de Balladur intentó sin éxito favorecer la enseñanza privada y confesional. Por eso puede ser un exceso semántico denominar “centrista” a un conservador, a fortiori cuando se ha colado en el Gobierno para mantener el mismo tinte de derechas que tenía Michel Barnier, sin concesiones (casi imposibles) a la izquierda.

El Estudio Actitudes hacia el Estado de Bienestar, de noviembre de 2024 que ha elaborado el Centro de Investigaciones Sociológicas nos muestra que una mayoría de los encuestados cree que en el futuro empeorará la atención sanitaria (42’3%), el sistema público de pensiones (55’9%) y el acceso a la primera vivienda (58’4%). Es decir, sanidad, pensiones y viviendas son las mayores preocupaciones de los encuestados y donde se polarizan sus temores como ciudadanos frente a los poderes públicos (pregunta 4). Por el contrario, sólo el 32’5% de los encuestaos cree que el sistema educativo público empeorará. No ha extrañar estas respuestas porque en las sociedades occidentales la sanidad y la vivienda son, junto a la enseñanza, los grandes problemas vitales de la ciudadanía.

En la prensa diaria del 17 de diciembre se publicó la noticia de que la Sala Primera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, ha admitido a trámite una demanda del novio de la Presidenta Díaz Ayuso contra la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta Primera del Gobierno por vulneración de su derecho al honor a causa de algunas frases vertidas por María Jesús Montero en una comparecencia en el Senado. Esta noticia merece dos acotaciones:

Con reservas sobre cómo acabe la formación del Gobierno en Francia, la caída de Michel Barnier nos proporciona algunas enseñanzas que pueden ser extrapolables a otros países y a otros continentes. Como es sabido, y yendo más allá de los errores de Macron por disolver la Asamblea Nacional después de las elecciones europeas, lo que ha ocurrido en Francia nos muestra unas tendencias preocupantes en los partidos conservadores tradicionales en todo el mundo. Dicho en pocas palabras, ante la tripartición de la nueva Asamblea Nacional (Nuevo Frente Popular, derechas tradicionales y Rassemblement National de Marine Le Pen), Macron prefirió formar un Gobierno minoritario de diversas derechas (incluido su partido, La République en Marche) antes que nombrar Primer Ministro a un representante del Nuevo Frente Popular, que en todo caso hubiera tenido que llegar a acuerdos con el partido de Macron. Todo ello para evitar que volviera a haber un Primer Ministro de izquierdas. Macron prefirió un Gobierno entre derecha y extrema derecha que estaba prisionero de Le Pen y a la que hizo toda clase de guiños y gestos amistosos. No le sirvió de nada, porque Le Pen, con buenos resultados en las elecciones europeas de junio y muy bien situada en todos los sondeos, ha preferido dejar caer a Barnier para demostrar que, o gobierna con todas las de la ley, o no apoya a otras derechas que, por otra parte, considera tibias.

Por la boca muere el pez, dice el viejo refrán. Y por la boca muere el Partido Popular, que por sí mismo o por su prensa adicta habla en exceso y queda en ridículo. El 19 de noviembre de 2024 Isabel San Sebastián publicó en ABC un artículo titulado “Feijóo no puede perder este pulso”, titular que iba acompañado de este subtítulo: “Sánchez ha convertido a Ribera en pieza esencial de su juego de poder europeo, a pesar de su probada ineptitud y probable imputación”.

En 1954 el filósofo húngaro Giorgy Lukács publicó El asalto a la razón dónde analizaba los fundamentos irracionales de la ideología que dio fundamento al fascismo. No era la primera vez que se hacía ese análisis, porque en 1942 el politólogo alemán exiliado Franz Neumann publicó Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, que fue el primer estudio sistemático de la ideología nazi. Recordar en estos momentos cómo Lukács y Neumann analizaron la ideología del fascismo no es un anacronismo. El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos y los intentos del Partido Popular Europeo de formar una alianza con la extrema derecha nos indican que el peligro de que se consolide una extrema derecha no democrática no es un temor injustificado. Existe hoy, en Europa y en América, una fuerte corriente política e ideológica que pone en cuestión la democracia, sus fundamentos doctrinales y su práctica.

Desde que se configuró la oposición parlamentaria en el Parlamento británico del siglo XVIII, la política en las instituciones del Estado se levanta sobre la premisa de que entre la mayoría parlamentaria y la oposición hay puntos comunes que comportan una relación de lealtad que beneficia a la larga al propio Estado. Por eso es una expresión manida, pero cierta, la afirmación de que la oposición debe ser leal al Estado y al Gobierno en la medida en que el Gobierno sirve al Estado.

Publicar un comentario en Sistema Digital obliga, en primer lugar, a aludir la victoria de Donald Trump. El nazismo llegó al Gobierno mediante elecciones libres y es una realidad que en ocasiones los ciudadanos votan contra sus intereses colectivos. La victoria de Trump se va a notar en Ucrania y en Palestina, pero también la va a sufrir la propia democracia estadounidense, aunque es un Estado muy sólido que puede que resista a la ola de la extrema derecha.

El 29 de octubre se ha conocido que el Magistrado Peinado ha imputado a la esposa del Presidente Sánchez por otros dos nuevos delitos, concretamente por apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense. Cualquier jurista mínimamente informado se tiene que hacer una pregunta: ¿la Universidad Complutense se siente perjudicada o dañada por la conducta de Begoña Gómez? ¿La ha denunciado en alguna instancia judicial? Si no ha habido denuncia de la Universidad, ¿cómo es posible que un tercero (es decir una asociación de extrema derecha) denuncie por la vía de la acusación popular y un Juez tenga el cuajo de tomar en consideración la denuncia y llegue a imputar a la persona acusada?

A estas alturas de la legislatura no hay ninguna duda de que la derecha, que no acepta el resultado de las últimas elecciones, quiere derribar al Gobierno por todos los medios. Y el medio que esta derecha considera más eficaz para hacerlo es la presión judicial de la que en los pasados días hemos tenido varios ejemplos: a) la imputación del Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, por un hecho que en otro tiempo ningún juez se hubiera atrevido a considerar delictivo; b) el auto ofensivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestima la querella al Presidente del Gobierno contra el magistrado Peinado; y c) las actuaciones de la Audiencia Provincial de Madrid en torno a la imputación de la esposa del Presidente Sánchez, que ya hubiera debido cerrar de plano, pues es un procedimiento de evidentes connotaciones políticas sin rastro de delito.

Hace dos semanas hablábamos aquí de la degradación de la vida parlamentaria que la derecha ha introducido en las Cortes Generales. No creíamos que habríamos de volver tan pronto, pero la sesión del Pleno del Congreso del jueves 10 de octubre ha desbordado, a mi juicio, todos los límites de la limpieza parlamentaria para entrar en la política de desestabilización. Y a ello se unen las maniobras ilegales de la mayoría del Senado.

No hay semana en que los altavoces que sirven a la derecha (prensa, fundaciones, thing tanks) no difundan que las Cortes Generales son un Parlamento irrelevante y marginado. El propósito de este mensaje es, claro está, deslegitimar al Gobierno del Presidente Sánchez y de paso responsabilizarle del descenso de calidad de la democracia española. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, el Parlamento español es un Parlamento muy vivo, con mucha vitalidad, que cumple sus funciones constitucionales de controlar al Gobierno y que también cumple su función legislativa y presupuestaria, incluso cuando esto no ocurre, pues es potestad de las Cortes aprobar o no aprobar los productos legislativos y presupuestarios que presenta el Gobierno.

La lectura de las crónicas parlamentarias de El País de la semana pasada son un buen ejemplo del clima que empieza a predominar en las Cortes Generales y que es un indicio de la deriva destructiva que la derecha está manteniendo desde que perdió el Gobierno en 2018. La comparecencia de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta, María Jesús Montero, para hablar de la financiación autonómica estuvo plagada de interrupciones e insultos, y fue completada con las intervenciones igualmente agresivas de los portavoces de la derecha. Simultáneamente, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, trató de acorralar a la Ministra de Trabajo y también Vicepresidenta, Yolanda Díaz, mediante varias preguntas orales en el Pleno y una interpelación.

El pasado 20 de septiembre un titular de El País decía lo siguiente: “EL PP y Maduro acusan a Sánchez de dar un golpe de Estado con y contra el régimen”. Son dos ejemplos paralelos de la hipérbole en el discurso político. Los que han seguido la trayectoria de Maduro no han de extrañarse del empleo de la hipérbole como también la empleó su antecesor, Chaves. Pero a un político europeo como Núñez Feijóo habría que pedirle más contención. Es cierto que en la derecha se ha asentado la hipérbole, como se ve en Trump, en Milei y en Díaz Ayuso, pero un político que aspira a gobernar España ha de actuar con más contención.

La democracia es un régimen político frágil. No hace falta remontarse a la década de los años treinta del siglo pasado (Alemania, España, intentos fascistas de desestabilización en Francia), pues en este siglo tenemos el asalto al Capitolio de Washington por parte de Trump en enero de 2021 y, justo dos años después, el asalto a los edificios federales de Brasilia por parte de Bolsonaro. Ambos Golpes de Estado fracasaron, pero son indicativos de la fragilidad de la democracia, que está a merced de cualquier iluminado que no acepta los resultados de las elecciones y pretende impedir la alternancia.

El pasado 4 de septiembre, coincidiendo con la designación de José Luis Escrivá como nuevo Gobernador del Banco de España, El Mundo, en su primera plana, publicó el siguiente titular “Sánchez coloniza también el Banco de España”. Bajo este titular, las fotografías del nuevo Gobernador, de la ex Ministra Dolores Delgado, del Fiscal General del Estado, de la Presidenta del Consejo de Estado, del Magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, del Presidente de la Agencia Efe, del Secretario General del Congreso de los Diputados, de la Presidenta del Ente Público RTVE y de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística.

El martes 3 de septiembre ha culminado la renovación del Consejo General del Poder Judicial mediante la elección de su Presidenta. Es una buena noticia, porque la arquitectura constitucional del Estado vuelve a estar completa tras tantos años de boicot por parte de la derecha política y de la derecha judicial. Los ciudadanos esperan de este Consejo que cumpla sus funciones de órgano de gobierno del Poder Judicial y que corte la tremenda politización que ha llevado a este Poder a actuar como instrumento de oposición contra el Gobierno. No será tarea fácil porque han sido muchos años de manipulación de una minoría judicial en beneficio de la derecha política, pero ya se puede intentar.

El Magistrado Peinado García compareció, como había resuelto, en la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar como testigo al Presidente Sánchez. Más allá de la humillación que comporta interrogar al titular de la Presidencia, con la posibilidad de variar la condición de testigo por la de imputado (como ha hecho dos veces este Magistrado en la pseudo-acusación penal de la esposa del Presidente Sánchez), la maniobra, de dudosa justificación jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no ha tenido los efectos deseados por quienes la maquinaron (el partido de extrema derecha Vox con la aquiescencia de un Magistrado emparentado con una Concejal del Partido Popular) porque el Presidente se ha negado a prestar declaración como le permite la Ley. Poco pueden difundir sobre este interrogatorio frustrado, por lo que el objetivo de hacer aparecer al Presidente como una persona acosada por un Juez se ha frustrado.

Con pocos días de diferencia se han conocido varias noticias de contenido muy próximo: la imputación a la esposa del Presidente Sánchez, la imputación, por los mismos motivos, al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, las diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre los juicios de los ERE de Andalucía y, para acabar, la Providencia del Magistrado Peinado (padre de una Concejal del PP de la periferia rica de Madrid) para que el Presidente del Gobierno declare oralmente (y no por escrito, como corresponde por su condición de Presidente del Gobierno). Providencia que expresa toda la carga humillante que ya había desplegado el Magistrado en alguna resolución anterior.

La ruptura de los Gobiernos de coalición PP–Vox en cinco Comunidades Autónomas ha sido la gran noticia política de la semana pasada. Es preciso ante todo preguntarse por los móviles que han llevado a Vox a esta ruptura, si bien se debe señalar antes de nada que la ruptura no va a paliar los daños infligidos en materia de violencia de género y de símbolos culturales en estos territorios, pues Vox se apresuró a cobrarse sus exigencias en esta materia y el PP se prestó a otorgárselas.

El acuerdo del Gobierno y el Partido Popular para elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de boicot por parte de la derecha política y la derecha judicial, tiene el gran valor de restaurar la validez de la Constitución. Por lo menos a partir de algunas semanas todos los órganos constitucionales estarán en funcionamiento y podrán contribuir a una convivencia política regular.

El pasado 21 de junio la Secretaria General del Partido Popular compareció ante la prensa para anunciar que su Grupo Parlamentario en el Senado va a promover en esta Cámara una Comisión de Investigación para estudiar por qué el CIS realiza sondeos que según ellos favorecen al PSOE en períodos electorales. La Secretaria General del Partido Popular llegó a mencionar en tres ocasiones el delito de malversación, que es lo que pretende indagar a través de esa Comisión. No es la única operación de este tipo que impulsa la derecha, pues en la Asamblea de Madrid la Mesa de la Cámara regional acaba de admitir a trámite una propuesta popular para constituir una Comisión de investigación para determinar responsabilidades políticas (nada menos) en programas de postgrado de la Universidad Complutense. Comisión dirigida de forma específica contra la esposa del Presidente del Gobierno.

Desde hace algunas semanas, no hay día que no nos enteremos de alguna actuación judicial contra el Gobierno, contra su Presidente o contra la familia del Presidente. No parecen casuales tantas actuaciones en el orden penal o en el orden contencioso-administrativo. Desde la reiteración de la imputación a la esposa del Presidente del Gobierno, hasta las acusaciones contra el hermano de éste, pasando por la autorización de unas concentraciones ante la sede de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE o una nueva Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulando otro nombramiento del Gobierno. También conocemos la posible imputación del Fiscal General del Estado por difundir una información que salía al paso de la tergiversación de las actuaciones del Ministerio Fiscal en la imputación del novio de la Presidenta Díaz Ayuso. Además, ya son constantes las actuaciones de los Tribunales y de algunos Fiscales para no cumplir las Leyes vigentes. Esta semana se ha conocido la resolución del Tribunal Superior de Madrid frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por retirar, en ejecución de la Ley de Memoria Democrática, el retrato de un Ministro de la dictadura o la rebelión de algunos Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala para inaplicar la Ley de Amnistía.