Toda elección al Parlamento Europeo tiene efectos nacionales, como se puede ver en Francia o en Bélgica, donde la política comunitaria ha trastocado la política nacional hasta llegar a la disolución del Parlamento o a la dimisión del Primer Ministro. Nada de eso va a ocurrir en España (aunque lo soñara Núñez Feijóo), pero es inevitable que ese tipo de elecciones proyecte sus efectos sobre la política interna de los veintisiete Estados. Concretamente, vamos a examinar: a) el triunfo/fracaso del Partido Popular; b) el fracaso/triunfo del PSOE; c) la crisis de Sumar; d) la maldición española de los pseudo-partidos; y e) el fracaso del independentismo catalán.

El 30 de mayo el Congreso de los Diputados levantó por mayoría absoluta el veto opuesto por el Senado a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. No es una fecha baladí, por lo que conviene reflexionar sobre el significado político de esta aprobación y la respuesta hiperbólica de la derecha, la respuesta falaz de los esbirros jurídicos de esa derecha, la reacción de los independentistas catalanes y, en fin, los medios jurídicos y políticos que debe poner el Estado democrático para que se pueda aplicar la Ley orgánica recién aprobada.

Pocos meses después de iniciarse la agresión rusa contra Ucrania tuve ocasión de señalar en esta sección la paradoja de una izquierda que se alineaba con los agresores sin importarle los daños a la población civil, la destrucción de todo un país y los rasgos claramente autoritarios del régimen político ruso (Javier García Fernández: “¿No a la guerra? ¡No a la agresión!”, Sistema Digital, 9 de marzo de 2022). Esa izquierda no sólo se sitúa en un campo ético reprobable, sino que ni siquiera tiene valor de confesarse pro-rusa, sino que adopta una posición de equidistancia expresada en una consigna aparentemente humanitaria, pero falaz, pues falaz es el “No a la guerra” cuando con esta consigna se pretende que el país agredido no se defienda frente al agresor. Porque la consigna, lanzada en marzo de 2022 por cierta izquierda española y europea, ha de entenderse como el permiso a Rusia para que acabe de invadir y sojuzgar Ucrania. No a la guerra de defensa de Ucrania, en definitiva.

Las elecciones catalanas del 12 de mayo han sido, al menos en lo que se refiere a los resultados, unas elecciones predecibles. Otra cosa serán sus efectos sobre la formación del Gobierno, de lo que luego hablaremos. Pero, aun siendo predecibles, justifican algunas reflexiones sobre la situación política de Cataluña.

Después de inventarse el “sanchismo” para derogarlo, el Partido Popular se acaba de inventar el “pedrismo” para seguir teniendo blancos a los que disparar. El “pedrismo” es la aportación más original en la entrevista de Núñéz Feijóo en La Vanguardia el pasado 5 de mayo, y si toda la labor de oposición del Partido Popular pasara por la invención de blancos a los que disparar, no sería preocupante. Lo preocupante es que la invención del “sanchismo” y del “pedrismo” se inserta en una estrategia de guerra sucia del que el caso más duro es la guerra contra la esposa del Presidente. Pero no contentos con ese frente familiar, las derechas y sus más conspicuos medios como ABC y El Mundo se han abonado a todas las guerras sucias posibles.

Tanto en la breve intervención de Pedro Sánchez para informar sobre las decisiones que adoptó tras su carta del pasado 24 de abril, como en la entrevista que dio el Presidente del Gobierno a la Cadena SER el 30 del mismo mes se detecta una preocupación por el deterioro de la convivencia democrática y un deseo de regeneración. Ese deterioro se expresa en varios frentes (el frente judicial, el parlamentario, el mediático), pero quizá no sea útil formular propuestas de regeneración si antes no identificamos las causas de la degradación de la convivencia democrática.

La carta que el Presidente Sánchez difundió en la tarde del 24 de abril en la que se plantea “si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor” abre, inevitablemente, varios interrogantes de naturaleza constitucional que conviene examinar. El primer interrogante es, naturalmente, cuáles son las consecuencias y el procedimiento de una eventual dimisión del Presidente del Gobierno. Pero las dudas no se agotan ahí porque en el supuesto de que Pedro Sánchez decidiera no dimitir es previsible que adopte alguna decisión política importante. Decisión que también ha de tener una dimensión constitucional. Por todo ello vamos a ver a continuación la forma y los efectos de una hipotética dimisión del Presidente del Gobierno y, a continuación, las posibles decisiones que podría adoptar Pedro Sánchez. Decisiones que, a mi juicio, se contraen a una disolución de las Cortes y a una cuestión de confianza.

Las elecciones al Parlamento Vasco celebradas el 21 de abril han sido, ante todo, unas elecciones previsibles y carentes de todo dramatismo. Pero ello no resta interés a sus resultados y al modo en que se ha desarrollado la campaña electoral.

El Comisario de Justicia de la Comisión Europea, el liberal belga Didier Reynders, cesa en su cargo para aspirar a otro en el Consejo de Europa. No se puede decir que Reynders haya actuado con neutralidad en los temas judiciales españoles. Ha hablado demasiado y siempre en favor de las posiciones de la derecha política y judicial española y ha sido sensible al lobby judicial europeo, que pretende asentar una cierta autonomía política del Poder Judicial, autonomía que no prevén los Tratados de la Unión.

Vaya por delante una constatación: sin reforma constitucional el sistema político español ha de mantener el Senado aunque cada vez más se extienda en la opinión pública la percepción de su inutilidad. Mientras la mayoría parlamentaria del Congreso y del Senado han coincidido, la opinión pública, los constitucionalistas y una gran parte de los políticos han considerado que el Senado es como esos muebles antiguos recibidos en una herencia que no sabemos dónde colocar pero que acaban dejándose en un rincón del salón porque tampoco molestan mucho. Pero cuando el Senado, por tener una mayoría parlamentaria distinta del Congreso y en oposición al Gobierno, se convierte en un órgano que desestabiliza la política gubernamental muchos ciudadanos se preguntan por su funcionalidad y no si no es una Cámara que dificulta la gobernabilidad. Porque si hay un valor constitucional que cada vez tiene importa más a los ciudadanos (porque incide sobre sus intereses vitales) es la gobernabilidad de modo que el ciudadano valora y exige ante todo que el Gobierno (todos los Gobiernos, el de la Nación, el autonómico y el municipal) proporcione bienes y servicios que contribuyen a hacer confortable la existencia. Y cuando se descubre que hay un órgano del Estado que dificulta la gobernabilidad el ciudadano examina con mirada crítica ese órgano.

En los últimos días se ha conocido que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está impulsando una “Ley de concordia” que pretende neutralizar la Ley de Memoria Democrática de 2022. También se ha sabido que el Gobierno valenciano prepara varios proyectos de ley sobre libertad educativa y “concordia”. El tema es inquietante, porque sobre el mismo convergen dos cuestiones distintas que caracterizan a las derechas españolas y que impiden que éstas puedan desempeñar un papel de consenso en la política de este país.

La prensa de los días 19 y 20 de marzo anunció la intención del Senado de suscitar un conflicto constitucional de atribuciones ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que la proposición de ley de amnistía −que el Congreso de los Diputados ha remitido a la segunda Cámara− es inconstitucional según el informe de los servicios jurídicos de ésta. Nunca había ocurrido una cosa así desde 1978, por lo que conviene examinar los perfiles jurídicos de esta iniciativa, si llega a suscitarse, los móviles políticos del Partido Popular, mayoritario en el Senado, los efectos prácticos de esa iniciativa y lo que denota esta nueva guerra constitucional.

El pasado 29 de febrero se supo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha acordado investigar a Carles Puigdemont por el delito de terrorismo, como solicitaba la exposición razonada elevada por el magistrado Manuel García-Castellón, quien llevaba semanas buscando esta imputación en la mejor línea de los jueces-estrella del pasado. Conforme al largo comunicado del Consejo General del Poder Judicial (aún no se ha publicado el Auto), Puigdemont y Rubén Wagenberg, diputado del Parlamento catalán, serán investigados por el delito de terrorismo en relación con el caso “Tsunami Democratic”. La sección correspondiente acordó nombrar un instructor.

El pasado 25 de febrero algunos diarios publicaron una curiosa foto donde aparecían juntos Donald Trump y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Según informa el propio partido Vox, el ex Presidente y el dirigente español de la extrema derecha tuvieron una reunión de quince minutos durante una reunión de la extrema derecha estadounidense, la Conferencia Política de Acción Conservadora. En esa reunión Trump animó y felicitó a Abascal y hasta le calificó como uno “uno de los mejores líderes mundiales” (ABC, 25 de febrero de 2024).

Las elecciones al Parlamento gallego del 11 de febrero han dado, en parte, los resultados esperables, pero también han frustrado expectativas que se iban conformando en la última semana de la campaña. Esperados o no, los resultados incitan a reflexionar sobre algunas cuestiones candentes de la política española.

El Estado de Derecho se funda, además de en la garantía de los derechos individuales, en el respeto de las competencias de los órganos de ese mismo Estado, competencias que ha diseñado y repartido la Constitución. Un Estado donde las competencias de cada órgano se ven mediatizadas y hasta neutralizadas por la acción de poderes de facto que pretenden suplantar a esos órganos, es un Estado de Derecho mermado. En España empieza a ocurrir que los órganos legítimos que representan a la soberanía nacional (las Cortes y, tras el otorgamiento de la confianza por parte de éstas, el Gobierno) ven obstaculizada su acción por poderes ocultos que manejan quienes se prevalen de las potestades que les ha otorgado el ordenamiento para desviarse de sus fines y lanzarse a la lucha política, siempre contra el Gobierno y contra la mayoría parlamentaria legítima. Las vicisitudes que está atravesando la tramitación de la proposición de ley de amnistía es un ejemplo de cómo ciertos poderes, que deberían estar fuera de la política se lanzan a la labor opositora. No es la primera vez que ocurre con el Gobierno del Presidente Sánchez, pues en diciembre de 2022 pudimos ver cómo el Tribunal Constitucional, presidido entonces por un activista de la derecha, intentó impedir la acción del Parlamento (véase Javier García Fernández: “La desestabilización constitucional de España”, El País, 19 de diciembre de 2022).

El rechazo de la proposición de ley de amnistía por parte del Pleno del Congreso ha sido un cataclismo político, tanto por lo inesperado como por las derivaciones que puede tener este fracaso de la mayoría parlamentaria. Vamos a examinar, por ello, las posibles causas de la actitud de Junts, las eventuales salidas a la crisis y el marco jurídico de la pérdida de la votación que, como ya es habitual, el Partido Popular pretende enturbiar y falsear.

Según la prensa más reciente, en la reunión PSOE-PP con la Comisión Europea el Partido Popular planteará la despolitización del Poder Judicial además de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dejando aparte que en la función de la reunión el Comisario comunitario de Justicia sólo tiene como finalidad la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, la idea de despolitizar el Poder Judicial es interesante, pero imposible de aplicar porque es la derecha política y judicial la que persiste en politizar el Poder Judicial al servicio de sus respectivos fines. Es decir, para seguir controlando el Poder Judicial sin interferencias externas, la derecha judicial politiza ese Poder. Y para utilizar al Poder Judicial como un instrumento más de oposición, la derecha política politiza también ese Poder.

Ejemplos de politización del Poder Judicial por las derechas:

• “El juez García-Castellón cuestiona que se pueda amnistiar a Puigdemont” (El País, 26 de enero de 2024).
• “El juez inutiliza las enmiendas en tan solo 48 horas” (El Mundo, 26 de enero de 2024).
• “El juez del ‘caso Tsunami’ alerta ahora de un supuesto plan contra el Rey” (El País, 27 de enero de 2024).
• “Gracias a los jueces por estar a la altura en los mementos difíciles, os necesitamos” (Isabel Díaz Ayuso en la concentración de la plaza de España de Madrid del 28 de enero de 2024. El País, 29 de enero de 2024).
• “Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez (El Mundo, 30 de enero de 2024).

Añadamos que el Partido Popular ha intentado manipular también al Ministerio Fiscal, para lo cual el Senado ha solicitado del Fiscal General del Estado un informe sobre el proyecto de ley de amnistía. ¿Cuántas veces el Senado o el Congreso han pedido informes al Fiscal General del Estado sobre proyectos de ley que están en tramitación?

Está a la vista que una mínima fracción del Poder Judicial se ha aliado al Partido Popular para impedir que la futura ley de amnistía tenga eficacia y en este punto el comportamiento de García-Castellón es notable, pues cada día adapta sus actuaciones a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. En un juego perverso, el Magistrado examina los posibles delitos que se podrían indultar y acusa a los independentistas de otros tipos penales que no aparecen en la proposición de ley. Es, como dijo La Vanguardia el 28 de enero, el juego del ratón y el gato. Por eso no se puede dudar de la dimensión abiertamente política (y política de oposición al Gobierno) de este Magistrado, que es diariamente jaleado por los partidos de la derecha y por la prensa conservadora. No parece que García-Castellón tenga otros sumarios en su Juzgado que van vinculados a la futura amnistía. Y no va solo, pues otro Juez de Cataluña empieza a buscar conexiones con Rusia… siete años después del hipotético delito. Mucha casualidad.

Es decir, hay politización de la Justicia por parte de las derechas, que están empleándola como otro instrumento más de oposición. Y para complemento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo se dedica a anular todos los actos del Gobierno con contendido político. Con tres Sentencias que tienen nombres y apellidos (Diego Pérez de los Cobos, Dolores Delgado y Magdalena Valerio), la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tirado por la borda un prestigio que había ido adquiriendo poco a poco.

Afortunadamente la gran mayoría de los Jueces y Magistrados son ajenos a esta operación de politización en apoyo de las derechas y cumplen con su trabajo como honestos funcionarios. Pero basta que haya un García- Castellón o una Sala Tercera para que la imagen en la opinión pública es la de una politización generalizada de los Jueces.

Esa es la verdadera politización de la Justicia, no la que denuncian las derechas, que es la elección parlamentaria de todos los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hemos repetido muchas veces aquí que, por ser un órgano constitucional al servicio de todos los ciudadanos, el Consejo General del Poder Judicial no puede ser elegido en su mayoría sólo por los Jueces y Magistrados y por eso ha de ser elegido por el Parlamento que representa a todo el pueblo español. La idea es fácil de entender, pero es rechazada con sorprendente rotundidad por la derecha judicial porque sabe que con la elección parlamentaria del Consejo la Asociación Profesional de la Magistratura no tiene el mismo poder. Y se rechaza la idea por parte de la derecha política del Partido Popular y Vox, porque necesitan un órgano de oposición que supla sus carencias cuando no están en el Gobierno.

Esta es toda la problemática de la politización de la Justicia, la que quieren utilizar las derechas para impedir que el Consejo General del Poder Judicial responda a la composición del Parlamento y no sea un coto reservado a los intereses corporativos.

El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aprobó la Asamblea Nacional francesa el 20 de agosto de 1789 rezaba:

La sesión del Congreso de los Diputados del 10 de enero, con la convalidación de dos importantes Decretos-Leyes de carácter procesal y administrativo, uno, y de carácter económico, otro, y la no convalidación de un tercero, muestran los riesgos en que incurren partidos poco fiables que actúan en el marco de una democracia muy asentada.

Antes de comentar la sesión parlamentaria de 10 de enero conviene recordar un hecho que ha condicionado la estabilidad democrática española. Desde 1986, cuando una parte de la derecha que estaba descontenta con la Alianza Popular de Fraga Iribarne intentó la llamada “operación Roca”, en España ha habido una cierta tendencia a crear pequeños partidos que aparecen muy ilusionados y osados ante la opinión pública, pero luego se deshacen como un muñeco de cartón en el agua. En este país hay políticos y empresarios desnortados que creen que un partido es una creación artificial a base de dinero y de unas pocas figuras mediocres que se presentan ante la opinión pública como innovadores y salvadores. En España, como en las demás democracias asentadas, crear y consolidar un partido cuesta mucho y los partidos “artificiales”, que no responden a los intereses sociales asentados de amplias franjas de la población, acaban fracasando. Fracasó el CDS de Adolfo Suárez, fracasó UPyD de Rosa Díaz, fracasó Ciudadanos y está a punto de desparecer Podemos. La única incógnita que está aún abierta es el destino de Vox que se le fue de las manos al Partido Popular. Viene a cuento esta reflexión por el papel destructivo que puede desempeñar Podemos en esta legislatura, pues, en su afán de venganza contra Sumar, puede comprometer la obra progresista del Gobierno de coalición. Y es que Belarra y Montero están más próximas al nivel mediocre y carente de visión policía de Rosa Díez o Albert Ribera. Por eso hacer política con partidos y personas de este limitado nivel político no asegura la estabilidad institucional y ni siquiera favorece los intereses de los que maldirigen estos partidos: el ejemplo de Ribera, que pudo ser Vicepresidente del Gobierno, es el ejemplo más palmario.

Hecha esta reflexión, habrá que esperar a ver el comportamiento de Podemos en el futuro. Los pocos diputados que tiene actualmente son los últimos de Filipinas y saben que desde el Congreso se van a ir al paro. De modo que podrían ser un poco más sensatos por el interés propio, pues quizá no se han percatado de que si su labor de francotiradores al servicio de la derecha rebasa ciertos límites, el Presidente Sánchez puede decidir disolver las Cortes y el Decreto de convocatoria de elecciones sería como una esquela de Podemos en la prensa. Les conviene controlar sus deseos de venganza contra Díaz y pasar una legislatura tranquila, ya que es la última que van a tener.

La misma reflexión cabe hacer respecto a Junts. Puigdemont y su núcleo más próximo han convertido a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya en un partido despegado de los intereses sociales de su antigua base social, las clases medias catalanistas más o menos independentistas. Más de una vez se ha dicho que querían levantar estructuras de Estado sin saber lo que era el Estado. Y así están hoy día. No se puede meter tanta presión al Gobierno de coalición, máxime cuando la amnistía no está aprobada y cada semana que pasa sin amnistía se debilita la posición de Puigdemont y de su grupo más fiel. Es posible que Junts haya tomado el pulso a Núñez Feijóo y haya llegado a la conclusión de que el Partido Popular, con tal de salir de su frustración de no gobernar, también concedería la amnistía a los huidos y encausados. Hace muy pocos días, Enric Juliana, en La Vanguardia del 5 de enero, comentaba una conversación de Carles Puigdemont y de Manfred Werner, donde el ex Presidente fugado le dijo al líder de los conservadores europeos que estaban dispuestos a votar una moción de censura que suscitara el Partido Popular frente al presidente Sánchez. Junts es un partido que no hace política a largo plazo, sino que vive de la tensión que crea, aunque esa tensión no favorezca sus intereses como partido ni a los intereses de sus dirigentes. No han sacado consecuencias políticas de su fracaso en septiembre-octubre de 2017, pero han metido en su cerebro a martillazos que la política es tensar la cuerda. A Junts le puede pasar lo que a Podemos, que se encuentren con unas Cortes disueltas, con sus dirigentes todavía fugados en Bruselas y sin regresar a España.

Por eso Podemos y Junts están jugando con fuego, y, como los niños, no han aprendido todavía que el fuego quema y destruye.