Un congreso en medio de una ofensiva asfixiante

Por cierto, que llama la atención el poco respeto del Partido Popular hacia el PSOE al programar una reunión política municipal destinada a hacerle sombra, a quitarle protagonismo. Nunca había ocurrido, pues los partidos en España han respetado los tiempos y los actos de sus adversarios, pero la elegancia y el buen hacer no es una característica del actual Partido Popular de Núñez Feijóo.

Al acabar 2024 el ambiente político en España es, como ya hemos comentado en otros artículos, irrespirable. No se da una confrontación política sana entre mayoría y oposición, sino que estamos viviendo una operación de desestabilización del Gobierno fundada en tres premisas: a) es un Gobierno ilegítimo que perdió las elecciones; b) contra este Gobierno vale cualquier medio que sirva para derribarlo; y c) como no se puede derribar al Gobierno mediante los instrumentos constitucionales, se utiliza al Poder Judicial, ya que algunos de sus miembros se han prestado a combatirlo.

Estas tres premisas explican el ambiente irrespirable que caracteriza hoy a la política española. Porque no es propio de una democracia estable y consolidada como la española el frente judicial que en estos momentos se ha levantado contra el Gobierno, que se caracteriza por los siguientes elementos:

1. Una fortísima ofensiva dirigida a anular todos los nombramientos del Gobierno (desde la Presidenta del Consejo hasta diversos cargos del Ministerio Fiscal, pasando por el ínclito Coronel Pérez de los Cobos). Esta ofensiva corre a cargo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) que, por un conjunto de circunstancias (ideología ultra-reaccionaria de algún Magistrado, militancia antigubernamental de otros, despecho de alguno), no sólo está dañando la capacidad de dirección política del Gobierno, sino que está elaborando una doctrina discutible que reescribe las Leyes a gusto y capricho de unos Magistrados, que ya han entrado en la política activa. Las sentencias sobre la Presidenta del Consejo de Estado no tienen por dónde cogerse, como tampoco lo tiene la última sentencia sobre un nombramiento en la Fiscalía General del Estado. También son notables, por sus excesos contra legem, las sentencias sobre el cese del Coronel Pérez de los Cobos, que hacen caso omiso de la precisa regulación que existe sobre los nombramientos de libre designación. Por eso, tan grave es el daño que se hace a las funciones del Gobierno, como la aberrante doctrina que ha tenido que inventar la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que desprecia los términos claros de la legislación, con lo que ello comporta de inseguridad ante las normas.
2. Una ofensiva igualmente fortísima contra el Fiscal General del Estado por la vía penal. Si alguien ha seguido todo lo que ocurrió cuando la Comunidad de Madrid lanzó informaciones inexactas para proteger al novio de la Presienta Díaz Ayuso, entiende fácilmente que la Fiscalía difundiera un comunicado para aclarar las mentiras que contenía la información difundida por el Gobierno madrileño. Lo que nadie puede entender es que: I) un comunicado que difunde información pública se convierta en un delito de revelación de secretos; II) que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (sala de lo penal) asuma y considere posible con tanta alegría la existencia de ese delito: III) que, además de asumir alegremente el supuesto e imaginario delito, la Sala designe como instructor del sumario a un Magistrado claramente inclinado a la derecha; y IV) que ese Magistrado adopte medidas no sólo humillantes para la Fiscalía General del Estado, sino claramente desproporcionadas para la investigación. Es decir, que tenemos ya dos Salas del Tribunal Supremo en labor opositora al Gobierno, labor que podría conducir a su derribo. Alguna prensa, incluso conservadora, ha hablado de la larga mano del Director del Gabinete de la Presidenta Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y si no é vero é ben trovato, porque llama la atención la secuencia que han seguido estos hechos: nota incierta de la Comunidad de Madrid, desmentida de la Fiscalía General, querella por revelación de secretos, admisión rápida de la querella, designación de instructor de un magistrado ya conocido por actuaciones que han favorecido al Partido Popular y, a continuación, comportamiento humillante y desproporcionado del instructor contra el Fiscal General. Ahora que algunos Jueces han puesto de moda el copiar los teléfonos y otros dispositivos electrónicos, sería interesante conocer con quién habló y con quién se escribió Miguel Ángel Rodríguez los días previos a la difusión de su nota incierta…
3. En el frente penal, las operaciones contra la esposa y el hermano del Presidente del Gobierno. La ciudadanía está esperando todavía que se le explique el daño que ha sufrido la Universidad Complutense de Madrid por encargar la celebración de un máster a una persona, sea o no esposa del Presidente. Tampoco entiende la ciudadanía las innecesarias humillaciones que el Magistrado instructor ha sometido al Presidente del Gobierno, al no permitir que declarara como testigo por escrito, como lo permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Menos se entiende la persecución contra todas las personas que se han relacionado con la esposa del Presidente, en una operación de castigo por el mero hecho de estar relacionados con la señora Gómez. Que las discutibles actuaciones del Magistrado Peinado sean ratificadas por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Superior de Madrid no ha de extrañar, porque estas operaciones no implican nunca a un solo funcionario, sino que se preparan cuidadosamente todas las vías de escape.

Como he comentado aquí más veces, cuando los monárquicos decidieron derribar la nueva República en mayo de 1931 (veinte días después de proclamarse el nuevo régimen), acordaron utilizar a los militares y poco más de un año después ya se sublevaron, el 10 de agosto de 1932. No estaban implicados todos los miembros de las Fuerzas Amadas, ni en 1932 ni en 1936, pero bastó un número selecto de militares para entrar en la guerra. Ahora, la derecha, despechada porque no gobierna, no pretende, de momento, derribar la democracia parlamentaria y sólo quiere hacerlo con uno de sus elementos básicos, que es el Gobierno legítimo. Y para ello utiliza a un selecto número de miembros de la judicatura que, por distintas motivaciones, incumple su deber de neutralidad política. Y, mientras tanto, a la derecha y a su prensa adicta se le llena la boca reclamando la apoliticidad y la neutralidad de los Jueces.