Un parlamento vivo, nada marginado, nada irrelevante

El motivo de esta situación tan viva y compleja es que el Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria sólida. Es sabida la teoría de Manuel García-Pelayo quien ya habló de los Parlamentos como órganos de refrendo de las decisiones de los Gobiernos, apuntando así a la subordinación de los Parlamentos respecto a los Gobiernos. Decía el gran constitucionalista que incluso había la posibilidad de que tanto la mayoría parlamentaria como el Gobierno fueran meros ejecutores de las decisiones tomadas por la dirección de los partidos, de modo que tendríamos un Estado de partidos “con plena sustitución de las decisiones y acciones de los titulares de los órganos del Estado por las decisiones y acciones de los partidos” (El Estado de partidos, en sus Obras completas, Madrid, 1991, vol. II, pág. 2017). Este diagnóstico, nada erróneo, se formuló en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando en Europa occidental estaba todavía vigente (aunque a punto de resquebrajarse) el gran pacto democracia cristina–socialdemocracia que con forma bipartidista, o bien con forma multipartidista controlada, había asegurado el consenso entre la derecha y la izquierda hasta que las políticas neoliberales de Thatcher y de Reagan rompieron ese acuerdo básico sobre el que se levantaba el Estado social.

Volviendo al modelo de Parlamento que veía García-Pelayo, éste se caracterizaba por el pleno dominio del Gobierno sobre el Parlamento. Es cierto que no siempre se daba ese dominio porque los sistemas multipartidistas exacerbados (como la Francia de la Cuarta República y, en ciertos momentos, la Italia de los años cincuenta y sesenta) dificultaban la acción del Gobierno, pero lo cierto es que en las democracias de Europa occidental el Parlamento solía estar subordinado al Gobierno, aunque no siempre este Gobierno estaba subordinado al partido mayoritario y a veces el partido estaba también subordinado al Gobierno o su Presidente.

En la actualidad, en muchos países europeos se ha asentado un modelo multipartidista que ha roto con el viejo modelo bipartidista y ese nuevo modelo dificulta la acción del Gobierno. Y, como siempre pasa en política, el nuevo escenario aporta elementos positivos y elementos negativos para la gobernabilidad y para el principio democrático. Eso es lo que está ocurriendo en España. Por una parte, la acción del Gobierno se hace más difícil y compleja porque carece de sólidos apoyos parlamentarios, por lo que su potestad de iniciativa legislativa se ve dificultada. Pero, al mismo tiempo, la centralidad del Parlamento, su poder de influencia sobre el Gobierno, se acrecienta.

Se ha llegado a decir que si el Presidente Sánchez no puede conseguir que las Cortes aprueben el Presupuesto debería disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, pero esta idea parece interesada e inducida por la derecha. En realidad, si un Gobierno no consigue aprobar un Presupuesto la responsabilidad es del Parlamento y no del Gobierno, de modo que el Parlamento es muy libre de mantener el Presupuesto del ejercicio anterior y la prórroga de un Presupuesto es una opción constitucionalmente legítima (artículo 134.4 de la Constitución) que no conlleva, en términos jurídicos, una censura al Gobierno porque la censura al Gobierno, a través de la moción correspondiente, siempre está a disposición del Congreso que puede ponerla en macha en el momento en que lo pida la décima parte de los Diputados. No debemos confundir, por ello, los institutos constitucionales, pues la moción de censura es, junto a la denegación de la cuestión de confianza, el único procedimiento válido para que cese un Gobierno, en tanto que la no aprobación de un Presupuesto sólo denota que las Cortes prefieren que siga vigente el de anterior ejercicio.

Todo ello nos lleva a lo que señalábamos al comienzo de este artículo. En la actualidad, la debilidad parlamentaria del Gobierno es un obstáculo a la gobernabilidad y ese déficit de gobernabilidad incide negativamente en los intereses de los ciudadanos. Pero, también es cierto que resalta la centralidad del Parlamento y. con ello, la exigencia de una negociación permanente entre todos los grupos parlamentarios. En cualquier caso, es incierto e interesado hablar de una Parlamento irrelevante porque nunca en España las Cortes habían tenido tanto poder y nunca habían estado menos subordinadas al Gobierno, como explicaba García-Pelayo hace varias décadas.