El socialismo contra el arrendamiento de servicios municipales en el Madrid de Primo de Rivera

El acuerdo municipal tendría para Cordero una doble dimensión. En primer lugar, perjudicaba los intereses de la colectividad, pero, también evidenciaba la pereza de los ediles madrileños y la falta de competencia en el cumplimiento de los deberes que tenían asignados.

Cordero recordaba que los ediles que había entrado en el Consistorio habían llegado con la máxima de administrar, no de hablar ni discutir, es decir, de no hacer “política”, en línea con el populismo propio de Miguel Primo de Rivera, defensor de la idea de la administración frente a la política, como una manera clara de intentar establecer diferencias con el sistema de la Restauración, como si la política fue mala por naturaleza. En el caso concreto que aquí nos ocupa, Cordero denunciaba que, efectivamente, no hablaron, es decir, los concejales callaron que para no tener nada que administrar iban a arrendar los servicios municipales.

El destacado socialista se preguntaba, a continuación, cuáles habían sido las razones para llegar a dicho acuerdo, si habían sido técnicas o económicas. Al parecer, como había explicado el conde de Vallellano, a la sazón alcalde desde septiembre de 1924, es decir Fernando Suárez de Tangil, el problema residía en los propios trabajadores. El alcalde decía que los obreros municipales no rendían lo suficiente.

Cordero seguía haciéndose preguntas: ¿era verdad que los trabajadores municipales no rendían?, ¿en qué se basaba el alcalde, es decir, había estadísticas o datos que lo demostrasen? Y si se demostraba que así era, ¿quiénes eran los responsables, los propios obreros o quienes los dirigían? Pero, además, ¿esta era una razón fundamental para adoptar dicho acuerdo de privatización?

El problema partía del hecho de que, si los trabajadores eran más débiles que las futuras empresas que se formarían alrededor de los negocios proporcionados por las contratas, ¿sería capaz el Ayuntamiento madrileño, que se consideraba impotente para disciplinar a esos trabajadores, sería fuerte para obligar a las empresas a cumplir los contratos? No parecía.

Esa respuesta se basaba en la propia experiencia histórica del Ayuntamiento de la capital. La cobranza y administración de los siempre combatidos impuestos de Consumos, que gravaban productos básicos, repercutiendo en las clases humildes, y que había sido la base de la hacienda municipal durante gran parte del siglo XIX y los inicios del XX, habían sido arrendadas, terminando por ser expoliados tanto los vecinos como al propio Consistorio. Si el impuesto se había convertido en odioso hasta irritar a la opinión pública, además de su carácter, se debía, precisamente, a esos abusos que se habían cometido con el vecindario. Y, sin embargo, los arrendatarios se habían enriquecido. Otro ejemplo se había producido también en los servicios funerarios.

El servicio de limpieza de los pozos negros estaba ya contratado, y generaba muchas quejas de los vecinos madrileños, porque el vaciado se hacía de forma arbitraria, vertiendo las cubas al aire libre en cualquier descampado, aunque hubiera viviendas cerca, generando un verdadero problema sanitario. ¿Esto no era conocido por el alcalde y los concejales?, ¿no llegaban al Consistorio quejas continuas por estos desmanes? Otro ejemplo, pues, de mala gestión por privatización del servicio.

No era difícil precisar en los contratos y concesiones las obligaciones que las empresas adquirían con el Ayuntamiento. La dificultad estaba en que esas obligaciones se cumpliesen y que el poder público tuviera fuerza para obligar a su cumplimiento, estableciendo sanciones en caso contrario.

Como hemos visto en otros artículos en El Obrero, lo socialistas siempre fueron firmes partidarios de municipalizar todos los servicios, como se hacía en muchas importantes ciudades europeas, y como mostraron al público en la prensa obrera.

Sobre la denuncia de Cordero podemos acudir número 4974 de El Socialista del día 15 de enero de 1925.