El pasado viernes 30 de octubre, en pleno luto oficial, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, compareció en la sede de Génova para atribuir el accidente de Urda a que el Gobierno “no renovó un sistema de seguridad obsoleto”. Y aprovechó la ocasión para pedir la dimisión del ministro de Transportes y del presidente del Gobierno mientras sostuvo que, si no se producía, les dimitirían en las urnas.
Lo hizo cuando la AITAT ya había emitido una primera nota en la que atribuía de manera anticipada la causalidad del accidente a una cadena de averías, instrucciones y acciones, mientras reconocía que era pronto para fijar las causas y mantenía abiertas todas las hipótesis. Por su parte, el miércoles 28 de octubre, el mismo día del accidente, Santiago Abascal mantuvo su acto de precampaña en Valladolid. Allí dijo que Vox no aceptaría un luto que le silenciara y acusó al Gobierno de instrumentalizar el accidente para amordazarle.
España, en vista de su clase política, es hoy un país desmoralizado que busca por los rincones un partido que le enjugue las lágrimas y le anime a avanzar y modernizarse. El accidente ferroviario de Urda, tras el de Adamuz en enero, ha puesto de relieve un fallo humano que, presumiblemente, ha podido ser la punta del iceberg de una cadena causal que ha desembocado en la fatalidad que todos conocemos. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto las costuras de un sistema político que comienza a experimentar los embates ultras que se están desplegando a lo largo y ancho del continente.
Más allá de la previsibilidad en la respuesta de Vox, resulta más inquietante la actitud de quien aspira a presidir el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, quien formula demandas de dimisión sin aguardar a las conclusiones de la AITAT, incurre en un evidente desacierto imputando el suceso a deficiencias sistémicas en exclusiva, de forma precipitada. Esta premura solo puede responder a una causa: las elecciones generales. Todo ello pone de relieve que el debate público español ha desplazado el compromiso con la verdad material en favor de una táctica de confrontación electoralista.
En este contexto, las críticas constantes por parte de los partidos de la oposición no solo no ayudan a la determinación de responsabilidades o a la búsqueda de la verdad, sino que propician el terreno para la desestabilización de un Ministerio con meros fines partidistas, obstaculizándose así la efectiva restitución de la seguridad operacional de la red ferroviaria.
En efecto, el Ministerio de Transportes debe fundamentar su actuación en torno a una labor de alta complejidad que demanda la planificación y asignación de una ingente cantidad de recursos materiales y personales, además de un gran esfuerzo de coordinación interdepartamental. En este escenario, resulta ineludible formular un severo reproche a aquellas formaciones políticas que, desatendiendo el principio de lealtad institucional, han eludido la sana praxis de la mano tendida. Todo ello con la finalidad de supeditar la acción política a criterios de estricta conveniencia.
Arrimar el hombro en una gravísima situación por la pérdida de vidas humanas, de confianza en el sistema y el coste reputacional para nuestro país, no supone defender al Gobierno ni negar que ha existido un fallo en su engranaje. No obstante, sí que supondría una aportación fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de soluciones reales a un problema acuciante. En similar sentido, valorar la labor de Óscar Puente como Ministro de Transportes aludiendo a su actividad en X, es como medir la resistencia de una vía, o la fiabilidad de un sistema de seguridad, por la suma del número de likes.
Quien solicita inmediatamente responsabilidades políticas y judiciales no puede dar por cerrada la causa del accidente sin saber qué pasó realmente. En este sentido, el Gobierno debe ignorar los cantos oportunistas y centrarse en consolar a las víctimas, focalizar su actuación en el restablecimiento de la seguridad operacional en el sistema ferroviario y mantener suspendida la campaña en tanto las víctimas no descansen en paz mediante un sepelio digno.
En esta tesitura, mantener la cabeza fría y no sobreactuar cuando otros la pierden, atendiendo a la vez a las críticas más constructivas, puede resultar un vector esencial para asegurar la integridad del sistema ferroviario y la dignidad de las víctimas. Ese es el empeño en el que deberían estar embarcados todos los partidos políticos, sin excepción. La verdadera credibilidad del proyecto político de cada partido en cuestión dependerá, en última instancia, de la renuncia a convertir el siniestro en una baza de desgaste electoral del contrincante político.
* Investigador predoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona y abogado.
