El placer está en la víspera. Vivimos vísperas electorales y los anhelos de mejoras placenteras en nuestras vidas y las de los nuestros, se disparan estos días hacia el futuro. Si pudiera trazarse un denominador común a los anhelos de los españoles y españolas en este preludio de las urnas, con certeza la aspiración más extendida sería la de que la política vuelva a ser Política. Es decir, que el arte de gobernar, mediante el diálogo, el acuerdo y la acción política sensata destierre de sus prácticas el insulto, la mentira, el rencor y el odio. Conseguir esa meta, solo esa, satisfaría plenamente a la mayor parte de quienes moran en este país de países, tan bello como complejo. Eso sí, con garantías de que las condiciones de existencia de la mayoría social de la población española, vivienda, trabajo y educción pública, queden aseguradas y permitan a todos y todas vivir con dignidad y decoro.
Vayamos a las causas de la instalación del insulto en el día a día de la vida política española. El insulto es un efecto. Su causa resulta ser más honda que su manifestación. El origen causal del insulto tiene su arraigo, curiosamente, en el rechazo a un precepto constitucional que confiere la encomienda de gobernar a quien logra mayoría parlamentaria para ello. Según tal pauta constitucional, se da el caso de que el partido más votado en elecciones generales, regionales o municipales no necesariamente es el que goza de mayoría en el Parlamento, llave, como decimos, para acceder al Gobierno. Bien. Pues el rechazo frontal del principal partido de la derecha a aceptar este mandato constitucional, impregnó de frustración sus filas y sus rangos dirigentes. Tal decepción degeneró en un marcado sentido de impotencia, al ver gobernar a un partido con menos votos, pero con más apoyos parlamentarios, impotencia que derivó en una desesperación antesala directa del insulto con el cual portavoces de ese sector político iniciaron el camino al que hemos llegado. Las hemerotecas pueden dar fe de cuanto aquí se dice. Así como de las réplicas que, con el tiempo, iban germinando en el campo contrario
Estos escalones descendentes hallaron un peldaño más hondo aún en su rumbo hacia la bajura. Resulta que es competencia del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, tomar decisiones políticas salvaguardando los intereses de permanencia del Estado en el espacio territorial y en el tiempo histórico, con criterios democráticos, es decir, mayoritarios, y con respeto hacia las minorías. Por mor de un proceso ideopolítico iniciado ya mediado el siglo XIX en Cataluña, consistente en pulsiones hacia la independencia, el Gobierno, por primera vez de coalición de izquierda en 50 años, decidió soberanamente aplicar una amnistía que, a la postre, logró pacificar y bajar la presión de aquella pulsión emocional experimentada por dos millones de catalanes en forma de un sentimiento de cuño nacionalista, que casi todo ciudadano, sea español a secas, catalán, vasco, andaluz, castellano, gallego o insular es capaz de comprender. El sentimiento nacional es un componente primordial de la conciencia política y cultural de todo pueblo a partir de la Revolución Francesa. La españolidad es una muestra evidente de ello.
Pues bien. Esa decisión de amnistiar adoptada legítima y soberanamente por el Poder Ejecutivo, fue desde su origen cuestionada por el Poder Judicial que, con una actitud obstaculizadora, por asumir competencias constitucionales que no le corresponde adoptar, acabaron por romper las reglas del juego en el cual se despliega la acción política en una democracia. Con un desaforado celo expropiador, jueces poderosos, imbuidos por un mesianismo corporativo tan impropio como irresponsable, en unos casos, en otros, quizá de buena fe temiendo lo peor para el país, decidieron impugnar con uñas y dientes la decisión soberana del Gobierno de amnistiar a los dirigentes de aquel proceso operado en Cataluña. Y la impugnaron, desautorizándola mediante decisiones judiciales negativas que poco a poco han ido erosionando su propia atinencia a la ley de leyes, la Constitución, la cual el propio Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo de rectoría de la institución judicial, transgredió, por incumplimiento, durante seis años y medio.
La actitud de la Judicatura de rechazo antigubernamental e irrupción, por expropiación simbólica y pretendidamente factual, en competencias propias del Gobierno, ha perforado de hecho la base de la legitimidad, es decir, la capacidad de las leyes para ser obedecidas. Y surge el caos político en el que muchos, togados y opositores, creen ver la salida a una situación, así creada por ellos y sin salida mientras ellos, los jueces y políticos concernidos, no cambien de actitud y regresen a la senda constitucional. La ley y la legitimidad son presupuestos básicos para la armonía política. Y transgredir la primera, como la desobediencia judicial y opositora al mandato constitucional muestra, erosiona irremediablemente la segunda. Esto ha sido y es así, todavía, durante ocho años de Gobierno de coalición, convertidos en un fatigoso trance para todos aquellos que creemos en la democracia, de la cual, jueces y oposición, oposición y jueces, no nos han dejado disfrutar de sus múltiples y posibles parabienes.
Otra cosa bien distinta es que determinadas formas de gobernar no coincidan con los gustos de magistrados o políticos hoy en la oposición. De eso trata la democracia. De la diversidad, de la pluralidad, del disentimiento también. Pero ese disentir de una decisión política precisa ser combatido políticamente, no judicialmente como ha sucedido en el caso aquí narrado. La ley justamente administrada puede poner en jaque cualquier desviación del Ejecutivo, cualquier corrupción como las que lleguen a ser probadas; pero la ley la elabora el Parlamento, donde la soberanía reside, no en el togado de turno.
Medidas a tomar
¿Qué hacer? Hay varias medidas al alcance de la mano. Recurrir a la sensatez que les quede a los jueces que han protagonizado tan estéril y dañina fronda para que recapaciten. Que relean la Constitución y que vuelvan a la casilla de salida. Que se comprometan a ejercer su profesión probando sus imputaciones y emitiendo veredictos justos, ponderados, acordes son los valores vigentes en la sociedad española donde los aplican. Que abandonen la tendencia, siempre tentadora, a echar mano de prácticas inquisitoriales -acusaciones sin pruebas con meros indicios, recompensas por delaciones- contra líderes gubernamentales o parlamentarios. A la clase política, gubernamental y opositora, cabe exigirle que recobre como sea y cuanto antes el diálogo como base de la acción política, de toda acción política. Que recupere el consenso como forma de comportarse y satisfacer los anhelos de mayorías y las minorías, armonizándolas. Que erradique totalmente el insulto de sus prácticas política y parlamentarias. Y a todas las instituciones, especialmente a sus titulares, recordarles humildemente que, en política, nada es estable, ni metafísco, ni quietista. Todo se mueve, todo es dialéctico, ora avanzante, otra retardante. No hay una Arcadia feliz donde las contradicciones de la condición humana y de la sociedad desaparezcan del todo. Los antagonismos pueden, quizá, mitigarse, pero nunca desaparecerán sus múltiples tipologías.
Vivimos bajo un sistema económico que se ha hartado de la democracia, del mandato de la mayoría social y quiere emanciparse de todo tipo de control social para realizar beneficios privados que no revierten en beneficio público. Para logarlo se vale de mamporreros de la política, de los cuales debemos apartarnos, los más interesados en escupir el insulto y la insidia sobre la arena política, para degradar la nobleza de su mejor práctica.
Mientras no seamos capaces de transformar pacíficamente ese sistema mediante la persuasión y el acuerdo, la presión y el diálogo, la audacia y la perseverancia, y repudiando a sus agentes, muchas de las agudas contradicciones que hoy sufrimos, la principal de ellas la desigualdad, se perpetuarán en el tiempo. Nuestra mejor arma será pues la democracia, en la cual la voluntad mayoritaria va perfeccionando su rumbo y distribuye las mayores cuotas de felicidad posible, que de eso se trata. Pronto seremos convocados a las urnas. El placer añorado, la satisfacción de las necesidades sociales de vivienda, educación pública, derechos y libertades, reside en cada pulgada del papel que contendrá nuestro voto. ¿A qué esperamos para decidir?
