El viernes se cerró el plazo para inscribir coaliciones electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, tras esto, podemos extraer principalmente dos noticias a destacar. En primer lugar, la ausencia de un acuerdo a nivel nacional para que todas las fuerzas de izquierda alternativa concurran unidas a las elecciones de la Cámara Baja. Esto nos deja con hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE en comunidades como Andalucía, Galicia o el País Vasco. Por otra parte, el amplio acuerdo al que han llegado la mayoría de las fuerzas de la izquierda, incluido el PSOE, para presentar una única papeleta para la Cámara Alta. Sin lugar a dudas, esto es un escenario un tanto agridulce.
Por un lado, la ausencia de una candidatura única en la izquierda contribuye a la fragmentación y a la dispersión del voto de izquierdas entre varias listas. El sistema electoral actual dificulta, en gran medida, el pluripartidismo. En este sentido, la ley D’Hondt, sumada a la división de España en una multitud de circunscripciones de tamaño reducido, beneficia de forma clara al bloque de derechas.
Sirva el caso de Huelva, mi provincia, como ejemplo de esto. Huelva reparte en total 5 escaños. En las últimas elecciones, dos fueron para los populares, dos para los socialistas y el último para la formación de Abascal. Este último obtuvo el 14% de los votos, mientras que la cuarta fuerza política, Sumar, tan solo el 10%. Las escasas posibilidades que tenía otra opción de izquierda de obtener representación en esta provincia se esfuman desde el momento en el que dejamos de hablar de una sola formación, como Sumar, para hablar de tres: Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía. Si a esto le sumamos la posibilidad de que muchos votantes socialistas descontentos se decanten finalmente por otras formaciones como Adelante, no habría que descartar que en estas elecciones el PP obtuviese tres diputados y que el PSOE empatase con VOX, contando con un solo representante cada uno en el Congreso. Y lógicamente, esto no es una particularidad de la provincia de Huelva, sino que se da en todas las circunscripciones pequeñas, agravándose incluso más en aquellas provincias que reparten cuatro, tres o dos escaños, como es el caso de Soria.
El Senado, en cambio, opera de una manera radicalmente distinta: todas las provincias, sin importar su magnitud, reparten 4 escaños mediante listas abiertas y con un máximo de tres candidatos por partido. Y pese a que el Senado no goza de tanta relevancia como el Congreso a la hora de tomar decisiones, su control permite frenar o facilitar la actividad del ejecutivo. A lo largo de esta legislatura, el Partido Popular ha controlado el Senado de forma ampliamente mayoritaria. Por ello, los de Pedro Sánchez buscan limitar esta influencia, bien sea de cara a evitar vetos (en el caso de continuar en el gobierno) o para ejercerlos (en el caso de perder la Moncloa).
Esta lógica particular del Senado ha conducido al surgimiento de una gran coalición de izquierda (“Senado de Progreso”) que aglutina (de forma similar a lo que sucedía ya en la pequeña circunscripción de Ibiza y Formentera) al PSOE y al Frente Amplio, y a fuerzas regionales como la Chunta, Compromís, Més y Batzarre, con el objetivo de disputar (según ellos) hasta 40 escaños más.
Esto nos plantea una cuestión ineludible: si para el Senado es posible un acuerdo, ¿qué ha impedido o impide a todas las fuerzas de izquierda presentar una sola papeleta para el Congreso?
Podemos estimar que si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hubiesen concurrido en las pasadas elecciones de 2023 con una candidatura conjunta, habrían obtenido aproximadamente 20 escaños más de los que obtuvieron por separado, quedándose a tan solo cuatro de la mayoría absoluta. De la misma manera, la falta de un consenso actual en la izquierda alternativa podría costarles en estas elecciones la mitad de sus diputados a la formación morada y casi 20 al Frente Amplio de Ada Colau. Los números son claros: la fragmentación y las disputas internas en el bloque progresista pueden ser claves para la llegada de Feijóo a la presidencia del gobierno. Nuevamente, ¿qué está impidiendo esta unión?
Si bien el peso histórico del PSOE, que se suma a sus recientes controversias internas (marcadas por deserciones y luchas de poder), puede ser una de las razones, no podemos obviar que el resto de partidos ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, cuanto menos para articular un “Congreso de Progreso” junto al PSOE. Y merece la pena recordar que la coalición dirigida por Ada Colau rechazó la celebración de unas primarias abiertas que habrían facilitado la incorporación de los de Irene Montero en la alianza. Igualmente, dentro del Frente Amplio fueron numerosos los enfrentamientos que tuvieron lugar entre ellos hasta consensuar la elección de la exalcaldesa de Barcelona como cabeza de lista, siendo especialmente tenso el papel de Más Madrid, liderado por Mónica García. La situación no tiene buena pinta para la izquierda y todos quieren asegurar un escaño propio, lo que conlleva anteponer, en numerosas ocasiones, el interés individual o partidario por encima del beneficio general.
En el peor de los casos, una derrota en las urnas servirá (quizás) para que ciertos políticos dejen de pensar en su beneficio personal y comprendan las consecuencias de no haber mirado hacia las clases trabajadoras. De nada sirve defender una serie de derechos sociales durante toda la legislatura si, a la hora de la verdad, se le pone una alfombra roja a la derecha.
En estas elecciones nos jugamos demasiado. Ojalá en cuatro años podamos dejar de hablar de voto útil para hablar de un voto lleno de orgullo a una alianza común de progresistas y demócratas. Y sin embargo, las circunstancias son las que son, y las negligencias de las dirigencias de la izquierda alternativa pueden condenar a España a un nuevo ciclo de oscuridad y miseria. Tengámoslo muy presente cuando nos llegue la hora de ir a votar.
