Madrid no merece este trato

Madrid cuenta con más de 30.000 funcionarios municipales. Tiene hoy 57 concejales, 26 de ellos de la coalición que gobierna, Partido Popular-Ciudadanos, Almeida-Villacís. Los directivos y asesores perciben al año 21,2 millones de euros, casi un 20% más que durante el mandato de Manuela Carmena. “Cuestión de eficiencia”, argumentaba Almeida para justificar el aumento. El alcalde cobra 108.000 euros anuales y Villacís, 106.000.

Esa supuesta eficiencia no se ha visto por ninguna parte ante este y muchos otros casos. Los plásticos que decoraban el acceso/salida del restaurante siniestrado y que desencadenaron el incendio por las llamas de un menú flameado, están totalmente prohibidos, según las –incumplidas- ordenanzas municipales. Sin embargo, nadie, ningún inspector municipal, si es que lo hubo, se fijó en el detalle que originó el drama.

“Parece que todo se fía a una denominada declaración responsable de los dueños de los establecimientos y que las inspecciones carecen del mínimo rigor”, se lamenta un vecino del barrio de Salamanca, donde se ubica la plaza en la que ocurrió el siniestro. “Si no llega a ser porque bomberos del parque cercano, a la carrera, atajaron el fuego, hubiéramos tenido 30 muertes”, añade la dueña de un comercio próximo. “Y luego va mucha gente y les vota”, se lamenta un joven estudiante.

Desconfianza y sorpresas

La tradicional desconfianza de los madrileños hacia las actuaciones judiciales parece que, ante la instrucción abierta en este caso, al haber muertes de por medio, se disipa y se espera que la justicia actúe con celeridad contra todos los responsables.

Los madrileños estamos acostumbrados a las sorpresas municipales en clave trágica. Hace años, en junio de 2001, la techumbre acristalada del edificio donde se albergaba la Gerencia Municipal de Urbanismo, es decir, la policía urbanística que vela por las condiciones de los edificios y las viviendas de la ciudad, se vino abajo al completo. 1.250 empleados trabajaban allí con más de 900.000 expedientes. Curioso siniestro. Las líneas telefónicas y la red informática quedaron destruidas. Menos mal que era domingo. Pudo haber trescientos muertos. No se sabe si algún juez tomó cartas en el asunto. No pasó nada. Gobernaba el PP. Desde entonces hasta hoy, ininterrumpidamente, permanece al frente de la alcaldía.

En enero de 2021, la explosión de la calle de Toledo, en la que al parecer el agua anegó instalaciones de gas, reventó un edificio entero, matando en su desplome a cuatro personas e hiriendo a diez. Gas Natural y el Canal de Isabel II se tiraron mutuamente los trastos, con el Ayuntamiento como convidado de piedra. No se sabe casi nada de las diligencias, si es que fueron abiertas, ni se conoce cómo van las supuestas investigaciones o los procedimientos judiciales al respecto.

En mayo del año pasado, un edificio habitado de la calle de General Diez Porlier se vino abajo. Dos obreros, de 21 y 27 años, murieron aplastados. 17 personas resultaron heridas. Por cierto, cuando Begoña Villacís visitaba el edificio siniestrado, pronunció la frase antológica: “Vamos a tener que declarar el edificio en quiebra”. Vamos a ver qué se sabe de lo investigado.

En San Fernando de Henares, la prolongación precipitada y caprichosa decidida por el Gobierno regional de una línea de Metro, la 7B, en 2007, sin tener en cuenta la fragilidad geológica del suelo perforado, ha obligado a desalojar y realojar provisionalmente desde entonces a decenas de familias cuyas quebradas viviendas presentan riesgo de abatirse. Muchas otras viviendas, hasta 600, afrontan los mismos riesgos, dentro de sus casas inquietantemente agrietadas. “Silicona para tapar las grietas es una de las soluciones que baraja la autoridad regional”, denunciaban los vecinos. Las protestas vecinales pararon las obras el pasado enero. Pero son oficialmente acalladas. Otros espectáculos y baños de imagen son más relevantes para la titular de la mirada en ascuas, heredera de su antecesora, responsable política de la arbitraria ampliación.

Sin espacios de reunión

Suma y sigue. Las protestas ciudadanas ante tantos desmanes se diluyen entre otras muchas (sin) razones porque no hay espacios para que los ciudadanos se reúnan. Numerosas plazas públicas de Aluche, Carabanchel, Vallecas, Usera, donde la gente se reunía para conversar, han sido laminadas, cerradas o edificadas. Todo es ya cemento. El cemento está anegando la vida social en Madrid.

Mientras, locales municipales enormes permanecen vacíos e inaccesibles a mayor gloria de los ediles que luego hacen campaña alardeando de las promesas que nunca han cumplido. La Ingobernable, una ocupa de contenido social, con decenas de actividades culturales y lúdicas, ubicada en un edificio vacío del Paseo del Prado, fue policialmente cerrada a canto y lodo por orden del alcalde Martínez Almeida, en 2019. Se comprometió públicamente a hacer allí un centro cultural. Nada se ha hecho desde entonces. Cuatro años después, sigue clausurada.

Toda posibilidad de participación ciudadana, de control democrático de la actividad municipal, de crítica, de cultura alternativa, se ve obstaculizado por miles de trámites y fatigosas trabas. Las Juntas Municipales parecen estar selladas. Muchos ciudadanos tienen conciencia de que acercarse a ellas resulta inútil. Ni siquiera se lo plantean. Nadie sabe cómo se llama el concejal de su Distrito.

Silenciar las quejas

Oficialmente, se trata de acallar las quejas, crecientemente extendidas, de los ciudadanos. Todo ello fomenta una agria apatía que se proyecta hacia la política en su conjunto, como si pudiera prescindirse de la decisión en la vida pública y en la municipal y regional, tan relacionadas con la vida cotidiana de quienes moran en la ciudad y en la región. Ha de haber personas, representantes electos, con capacidad de decidir; pero estas gentes deben ser controladas por la comunidad. La participación en los partidos políticos madrileños es, por doquier, ínfima. A las listas electorales municipales concurre lo más bisoño, lo más inexperto, de la clase política, cuando los mejores y más experimentados debieran ser quienes comparecieran en ellas para solucionar los problemas colectivos con mano y desenvoltura.

Es creencia extendida que el Gobierno municipal de Madrid solo parece servir a los intereses de los grandes inversores, constructoras, inmobiliarias, trust hoteleros, con sus correspondientes circuitos mafiosos agregados. Y lo hace, desde hace ya demasiados años, olvidando a los vecinos que sufren contaminación, ruido, suciedad, carestía de dotaciones sanitarias y edicativas, fiscalidad abusiva, irrupción privada en el espacio público, obras de duración desconocida, privatizaciones y subcontratas sin fin de servicios públicos que degradan la calidad de los servicios sustituidos...

Recientemente, decenas de miles de árboles plantados en torno a la M-30 se han secado por falta de riego. Formaban parte de una operación de imagen que no previó que, durante los primeros seis meses de vida de un árbol, hay que regarlos cada cinco días. Además, esas operaciones megalómanas, para llevarlas a cabo, necesitan de personal. Pero, ¡ah! milagro, el plan megalómano no previó ni el riego ni la ampliación de la plantilla de jardineros.

Más y más subcontratas

Por cierto, los jardineros profesionales del parque del Retiro, algunos de los más experimentados de toda España, se están jubilando sin que sus plazas sean cubiertas. La rica experiencia acuñada por ellos durante décadas se pierde con ellos. Subcontratas desplazan al saber tradicional con remedos que, a la larga, cuestan miles de euros por desconocimiento, falta de experiencia o imprevisión. No es infrecuente ver ruidosos camiones de gran tonelaje surcando senderos de un jardín histórico como el Retiro, que data del siglo XVII, hoy frecuentado por decenas de miles de turistas. En los parques de Madrid parece haberse olvidado que el disfrute de la Naturaleza es incompatible con el ruido que se ha instalado entre sus arboledas.

Eso sí. Todo lo que hace el Gobierno municipal, en inglés. Vamos a decir que somos cosmopolitas a costa de olvidar el español. No hay una sola iniciativa municipal que no aparezca formulada en aquella lengua antes que en la propia. Debe ser otra de las imposiciones del correoso lobby hotelero. Y si las cartelas miden doscientos metros cuadrados y tapan por completo los edificios, mejor. Todo, presumiblemente, para hacer caja con la que pagar asesores de la alcaldía que no parecen asesorar en absoluto dadas las carencias observadas en la gestión municipal y regional. O si asesoran, ningún poncio municipal o regional les hace caso. La degradación del paisaje urbano con la impostura de esa enorme cartelería es otra de las cosas que le debemos a este Gobierno municipal. Luego ponen el grito en el cielo y se quejan de los grafiteros cuando estos, en clave feísta, están desafiando, a distinta escala, la megalomanía que observan en tantos edificios de las calles céntricas.

Madrid no se merece este trato. Tenemos una ciudad y una región bellas, hospitalarias y abiertas. Pero la conducta edilicia, los encorbatados consejeros de prieta chaquetilla, en vez de potenciar esas virtudes, las erosionan desdeñosamente con políticas “de imagen”, tan grandilocuentes como vacías de utilidad, imaginación y de humanidad.

Estamos convocados a las urnas el 28 de mayo; la cuota de responsabilidad individual que a cada uno de nosotros compete ha de ser asumida. El dilema es sencillo: o formamos parte de la solución o formamos parte del problema. Es llegada la hora de decidir, punto de arranque de una imprescindible participación cívica en la vida de Madrid para zanjar las tropelías descritas y otras tantas que cada uno recuerda y sufre.