¿Pueden los regímenes contemporáneos volverse menos democráticos mientras mantienen formalmente las elecciones, los parlamentos, los tribunales y una Constitución? La pregunta puede parecer paradójica. Sin embargo, se encuentra en el centro de los análisis actuales sobre la «erosión democrática» (Nancy Bermeo, David Waldner y Ellen Lust). Esta no designa la desaparición repentina de la democracia y su transformación en una autocracia electoral. Se trata de un proceso más insidioso: el debilitamiento progresivo de las instituciones que permiten controlar el poder y cuestionar sus decisiones.

Para comprender este fenómeno, conviene volver a un autor que, sin embargo, no era demócrata en el sentido contemporáneo del término: Montesquieu. En El espíritu de las leyes, publicado en 1748, desarrolla una teoría de la moderación política basada en una idea fundamental: para evitar los abusos, el poder debe poner límites al poder.

«Todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él»

La célebre fórmula de Montesquieu suele asociarse a la separación de poderes: hay que organizar las instituciones de tal manera que el poder, tanto si procede del príncipe como del pueblo, encuentre límites efectivos.

En la monarquía francesa que analiza en El espíritu de las leyes, esta función corresponde a lo que denomina «poderes intermedios, subordinados y dependientes». La nobleza, el clero, las ciudades y los cuerpos políticos constituyen instancias que se interponen entre el príncipe y sus súbditos. Incluso cuando el príncipe sigue siendo la «fuente del poder político y civil», su autoridad no debe ejercerse sin mediaciones. Montesquieu no reclama el sufragio universal ni la abolición de los privilegios. Lo que le interesa es la función de unas instancias con autonomía estatutaria, capaces de limitar el poder absoluto.

En lugar de privilegiar las exhortaciones a la virtud, Montesquieu sitúa los «poderes intermedios» en el centro de su teoría piramidal de la monarquía: aquí, como en otros ámbitos, solo el poder puede frenar al poder. Puesto que todo hombre que dispone de poder tiende a abusar de él, es necesario prever resistencias a la expansión indefinida del poder real. Así se explica la utilidad de las instituciones capaces de oponerse a la voluntad del poder ejecutivo, es decir, a la voluntad arbitraria del rey: el propósito de frenar la tendencia absolutista justifica una distribución del poder arraigada en una estructura social diferenciada.

De este modo, los cuerpos intermedios desempeñan una función vital en el equilibrio del Estado moderno. En el régimen despótico, el poder sigue siendo personal, no está institucionalizado ni se distribuye entre fuerzas político-sociales rivales. La ausencia de un espacio público impide negociar los conflictos, que solo pueden desembocar en una revolución o en una usurpación.

Por el contrario, los parlamentos de los regímenes no despóticos desempeñan un papel fundamental: no se limitan a restringir la voluntad real al integrarla en la tradición de otras voluntades legisladoras; también son útiles para conservar el propio poder. Un poder ilustrado y moderado debería ser más estable. Los poderes intermedios orientan tanto al príncipe como al pueblo y, al actuar como un «baluarte», reducen el riesgo de rebeliones y refuerzan la lealtad de la ciudadanía. A lo largo de El espíritu de las leyes, el argumento del interés ilustrado se dirige al príncipe para disuadirlo de la tentación despótica: aumentar su poder solo sirve para hacerlo menos seguro.

La erosión democrática como erosión de las mediaciones

Por anticuado que pueda parecer, el análisis de Montesquieu ayuda a comprender los fenómenos de retroceso democrático que afectan a los Estados de Europa, América y otras partes del mundo. Es evidente que las democracias contemporáneas ya no son monarquías basadas en una sociedad estamental. Sin embargo, los regímenes democráticos también necesitan instituciones y cuerpos capaces de establecer una distancia entre quienes gobiernan y quienes obedecen: parlamentos, tribunales independientes, administraciones territoriales, autoridades autónomas, medios de comunicación, sindicatos, asociaciones, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil. No todas estas instituciones desempeñan la misma función ni son «poderes intermedios» en el sentido preciso que les daba Montesquieu. Pero, en contextos diferentes, cumplen una función comparable al impedir que el poder político se concentre y se ejerza de manera arbitraria.

Tocqueville, discípulo de Montesquieu, mostró especialmente hasta qué punto el «dogma de la soberanía del pueblo» debía ir acompañado, en las sociedades democráticas, de la fuerza de las asociaciones que sustentan la descentralización. Para evitar que los individuos caigan en la servidumbre, es indispensable que puedan encontrar en las asociaciones políticas y civiles, así como en la libertad de prensa, medios para contrarrestar la tiranía de la mayoría. De forma análoga a los aristócratas del Antiguo Régimen, las asociaciones desempeñan la función de los poderes intermedios allí donde reina la igualdad de condiciones.

A la luz de estos análisis, la erosión democrática puede entenderse como el debilitamiento progresivo de las mediaciones que limitan el poder y dinamizan la deliberación en el espacio público. Un gobierno puede ser elegido democráticamente y, una vez en el poder, reducir la autonomía del Parlamento, debilitar la independencia judicial, monopolizar los nombramientos administrativos, restringir la autonomía de las entidades territoriales, desacreditar a los medios críticos, atacar la libertad académica o ejercer una presión creciente sobre las asociaciones. En este proceso, las instituciones no tienen por qué desaparecer: obstaculizadas o sometidas, pierden su independencia, se debilitan, se autocensuran y dejan progresivamente de cumplir su función de freno.

Recuperar los «canales» y los diques

Por eso es necesario reconocer la importancia crucial de los cuerpos intermedios, como los sindicatos, las universidades, las asociaciones de usuarios, las organizaciones no gubernamentales dedicadas al medioambiente, etc. Aunque pueden ralentizar la acción política, complicar las decisiones y obligar a negociar y escuchar en lugar de limitarse a imponer la voluntad propia, estos poderes también sirven de barrera frente a la ira ciudadana. La lentitud asociada a la deliberación democrática no es un defecto de este régimen, sino una de las condiciones de su estabilidad. Los contrapoderes no deben considerarse simples obstáculos para la eficacia de la acción pública: un parlamento que fiscaliza, un juez que invalida una decisión, una administración territorial que se resiste, un medio de comunicación que investiga, un académico que critica o una asociación que cuestiona no son meros impedimentos, sino auténticos aliados que frenan las tentaciones despóticas.

Sin duda, los «canales» a los que se refería Montesquieu han cambiado de forma. Los cuerpos intermedios del Antiguo Régimen han dejado paso a instituciones democráticas y a diversos contrapoderes que, en el mejor de los casos, promueven la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero su función fundamental sigue siendo la misma: impedir que el poder político fluya directamente desde una voluntad hasta la obediencia.

En Francia, la Tercera República instauró la libertad de asociación mediante la ley del 1 de julio de 1901, «sin autorización ni declaración previa», después de haber proclamado la libertad sindical en 1884. Ambos derechos habían sido menoscabados por los imperios de Napoleón I y Napoleón III, y el régimen de Vichy los atacaría sin piedad.

La erosión democrática comienza precisamente cuando estos canales se obstruyen, cuando los diques ceden y cuando el poder ya solo tiene enfrente a individuos aislados. Entonces, según la fórmula de Montesquieu, pronto no queda más que la «voluntad momentánea y caprichosa de uno solo», vulnerable a las insurrecciones.

Céline Spector, catedrática de Filosofía, Facultad de Filosofía, Universidad de la Sorbona, Universidad de la Sorbona

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