Carlos Esplá y el Informe Beveridge (y VII) “el debate político”

El debate parlamentario se produjo tres meses después de presentado el Informe, es decir, en febrero de 1943. La fórmula transaccional por etapas fue aprobada por 335 votas a favor y 119 en contra. Entre los contrarios hubo un grupo de diputados que eran partidarios de la aceptación íntegra e inmediata del plan, formado por jóvenes conservadores y liberales, algo que a nosotros nos llama la atención y que votaron junto con el 98% de los laboristas en ese sentido. Solamente una minoría muy pequeña de laboristas votaron con la mayoría, obedeciendo, imaginamos a las instrucciones de la parte laborista del Gobierno.

Aquí empezó el problema, ya que en el Partido Laborista había enfado porque no había salido la fórmula de aceptación plena e inmediata del Plan, y se llegó a pedir la retirada de los laboristas que formaban parte del Gobierno (ministros, subsecretarios y otros altos cargos). Ernest Bevin, el ministro laborista de Trabajo que había encargado el plan, y un político de enorme fuerza, arremetió contra esta crítica alegando que por encima del propio Plan estaba ganar la Guerra. Más conciliadores fueron Attlee y Morrison, buscando atenuar las tensiones entre el grupo parlamentario y los ministros.

Pero la tormenta política estalló en la segunda quincena de marzo. El premier habló por radio el día 21 intentando animar a la población ante la postergación del Plan, además de querer mantener la coalición de gobierno, vital en tiempos de guerra. Habló de la recuperación en los cuatro primeros años después de la guerra, y que los programas de los partidos debían pasar por el escrutinio de las elecciones cuando terminase el conflicto. Esta afirmación es interesante, a nuestro juicio, porque, efectivamente, los laboristas llevaron el estado el bienestar en su programa político, mayoritariamente respaldado por los votos en la más inmediata posguerra. Con aquel discurso, explica Esplá, Churchill alejó por el momento la tormenta. El político conservador argumentó que el Gobierno estaba impedido para contraer compromisos financieros que forzasen la política de gobiernos futuros, ya que los ejecutivos solamente podían pedir al Parlamento los créditos necesarios para los ejercicios corrientes, es decir, del momento. Pero, en realidad, dicho argumento no era válido para el caso de los seguros sociales porque eran y son una carga permanente, no vinculados a un ejercicio económico concreto.

Hemos terminado.