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Un ensayo identifica a Acedo Colunga como el ideólogo de la represión franquista


  • Escrito por José Oliva
  • Publicado en Historalia
(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Los historiadores Ángel Viñas y Francisco Espinosa y el jurista Guillermo Portilla identifican en su ensayo "Castigar a los rojos" a Felipe Acedo Colunga como "el arquitecto de la represión franquista" y "uno de los máximos artífices del plan criminal de exterminio, del genocidio político de la República".

Además de su papel principal en la depuración de todos los colectivos fieles a la República durante la guerra civil y el franquismo, los tres autores estudian en "Castigar a los rojos" (Crítica) la figura del fiscal Acedo Colunga a partir de documentación inédita y sus propias memorias.

En una entrevista con EFE, Guillermo Portilla señala que Acedo "se inspira esencialmente en el modelo nacionalsocialista, rechaza el liberalismo penal del principio de legalidad y la separación de poderes y se identifica con la política penal de las dictaduras europeas". 

Además, "adoptó la teoría nazi del enemigo interno ilegítimo; y al estimar que los republicanos entraban en esa categoría, carecían de derechos, nunca los reconoció como ejército sino como turba de delincuentes, horda de criminales, llegando a catalogarlos como fuerzas satánicas contra las que había que emprender una Cruzada material y moral".

Acedo Colunga, continúa Portilla, concibió "un derecho penal más interesado en evidenciar la supuesta peligrosidad criminal de la ideología republicana que en demostrar la existencia de actos concretos constitutivos del delito de rebelión".

Según Portilla, como estandarte del derecho penal patrio, Acedo rememoró al Tribunal de la Santa Inquisición, "planteándose incluso que podía ser una fuente de inspiración para el futuro modelo procesal-penal de justicia en España, y de hecho, defendió la herejía y el delito de rebelión militar como imprescriptibles, las condenas en rebeldía, el secreto de todas las actuaciones procesales del Tribunal, la publicidad ejemplarizante de las condenas o la pena como expiación del pecado de ser republicano".

Agrega Viñas que el libro demuestra que "un sector de los conspiradores de antes del 18 de julio había pensado en lo que había que hacer en caso de triunfo, y no se debe olvidar que los antecedentes más habituales de la conspiración están muy influidos por las circulares de Mola", mayoritariamente destruidas.

A los peligros que entrañan las redes sociales para difundir una historiografía falsa, "un problema que afecta a todas las sociedades avanzadas occidentales", se suma, en opinión de Viñas, que "la joven democracia española no se constituyó como democracia combatiente, a la manera de la alemana, la francesa, la italiana, la belga, no hubo desfranquización".

Acedo aplicó en España el principio nazi de Roland Freisler, presidente del Tribunal Popular, de que "la dureza con los enemigos de Alemania era simplemente protección de Alemania" y, como precisa Portilla, su objetivo era acabar con los garantes intelectuales de la República, por lo que "sus víctimas fueron maestros, jueces, catedráticos, militares, funcionarios, y, en general, todo el que fue leal a la República".

Viñas atribuye el desconocimiento actual del personaje a que actuó a la sombra como todos los componentes del Cuerpo Jurídico Militar e "incluso se ha estudiado poco la actuación del mas rutilante de entre ellos, Carlos Arias Navarro".

Sobre el legado de Acedo Colunga en la España actual, Portilla asegura que su espíritu "se refleja hoy en el programa de algún partido político y en aquellos sectores ideológicos que vuelven a defender un nacionalismo hiperprimitivo".

Admite Portilla que Acedo puede ser considerado el arquitecto de la "solución final" española, al menos en el ámbito militar, aunque "hubo otros ideólogos, entre ellos el más destacado, Ramón Serrano Suñer, pero, sobre todo, los procedentes del ámbito académico, que aparecieron con la intención de dotar al derecho penal autoritario de la legitimidad que le faltaba.

Entre estos menciona a Federico Castejón, componente básico de la Comisión que intentó demostrar la ilegitimidad de la República y "redactor del Anteproyecto de Código penal falangista de 1938 que prohibía el matrimonio entre españoles y personas de raza inferior".

También se identifica a Isaías Sánchez Tejerina, artífice de la ley sobre Represión de la masonería y el comunismo, Wenceslao González Oliveros, presidente del Tribunal de Responsabilidades políticas, o Enrique Suñer, que le antecedió en el cargo y que fue uno de los depuradores más severos en la Universidad junto a José María Pemán.

Espinosa apunta que "quedan otros Acedos que aún no conocemos" y en este caso el descubrimiento de sus actividades durante la República y la guerra fue casual, pues "solo era conocido por su etapa al frente del Gobierno Civil de Barcelona en los años 50".

"El problema -añade- radica en la situación de los archivos, carentes de medios y de personal, que parecen más almacenes".

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