Una crítica a la política forestal del despotismo ilustrado. Segunda Parte

Para demostrar el fracaso de la política forestal diseñada, Gijón señala, nada más comenzar, que si la Ordenanza había señalado que cada vecino (artículo séptimo), sin excepciones, debía plantar cinco árboles todos los años o más si se sembraban de bellota o piñón, contando con una población de cuatro millones de personas sujetas a esta obligación legal en la España de 1776, habría hasta 560 millones de árboles nuevos desde que entró en vigor dicha disposición, hacía ya veintiocho años. Era evidente que no había sido así. El autor se había informado de la escasez de madera para construcciones, leña y carbón, así como para la construcción de barcos. En el puerto de Málaga, lugar que debía conocer por su vecindad, entraban cada año muchos bajeles cargados de madera del extranjero. En fín, constatación observada de cómo no se habían conseguido los objetivos marcados.

Las causas del fracaso serían varias. En primer lugar, se establecían razones de índole técnico. Cada pueblo tenía que tener almácigas, viveros o pepiñieras donde se criasen las plantas que luego se plantarían en los montes, riberas y parajes destinados al cultivo. No hacía falta hacer una gran inversión para el Común porque en un terreno relativamente pequeño, cercado y guardado se podían criar hasta millares de plantas. Que el vivero debía estar cercado y guardado no era cuestión baladí porque si no se hacía así los ganados podían acabar con los pimpollos. Como no se había diseñado viveros pues los vecinos no podían cumplir la obligación legal de plantación de cinco árboles. A lo sumo, cuando entró la disposición en vigor, los vecinos salieron al paso con una simple plantación de ramas de árboles en el monte por “puro cumplimiento y ceremonia”; se daba testimonio por escribanos y justicias y, al final no creció ni un solo árbol. Bien es verdad que los artículos números doce y trece exigían a los corregidores que averiguasen si las plantaciones eran verídicas o no.

Como segunda causa se podía aducir la falta de celo y continuidad en el cumplimiento de la real orden. La desidia terminó por imponerse y no se hicieron planes o relaciones de las plantaciones como exigía la ley a los corregidores. En el reino de Granada, zona que el autor conocía bien, ni tan siquiera se hicieron más plantaciones, pero tampoco se cuidaba de los montes antiguos. Se había establecido que las justicias sólo podían dar licencias para cortar árboles cuando el interesado plantase, en compensación, tres por cada uno cortado. Por supuesto, tampoco se cumplía con esta medida y se seguían talando montes sin tasa.

En relación con esta segunda causa, habría otra relativa a la falta de protección que las autoridades prestaban a la protección de las iniciativas particulares. Algunos vecinos emprendedores habían plantado árboles en sus tierras y a su costa Pero no actuaban los celadores o guardas cuando se producían talas, quemas o entradas de ganado. El propio autor había sufrido dichos atropellos, por otro lado, bastante comunes como nuestras propias investigaciones han confirmado sobre testimonios de labradores que levantaron quejas al Consejo de Castilla, y algunas de ellas, a través de las Sociedades Económicas, situaciones que movieron a algunos a hacer declaraciones ante escribanos del lugar para darles mayor credibilidad. Al parecer, en Granada estaba prohibido desde tiempo inmemorial que los ganados entrasen desde las acequias de riego hacia el interior de las propiedades. Pues bien, una serie de vecinos molestos de que se impidiese la entrada a sus ganados, destrozaron muchos de los árboles que había plantado sin conseguir el socorro de la justicia. El interés privado no estaba protegido, prefigurando con esta queja el núcleo de la alternativa legal que deseba el autor.

Con este panorama era muy complicado incentivar a los vecindarios, donde, además, abundaban los pobres, para que se plantasen árboles y pudieran comprobar los beneficios de los mismos. En este sentido, el autor incidía en otra causa del fracaso de la política forestal, relativa al coste económico de la real orden. Si la mayor parte de los lugares estaban formados por gentes de pocos recursos no parecía fácil que progresase el plantío de los árboles según se había diseñado en 1748. La mayor parte de los pueblos estarían constituidos por verdaderos jornaleros o campesinos pobres cuya primera sino única ocupación que es la de sobrevivir cada día. Plantar árboles para muchos sería algo superfluo porque ocuparía algunos días al año, con la consiguiente merma del jornal, y se tarda un tiempo relativamente largo para sacar frutos y provecho de los árboles pero, más grave era el sufragio del coste de los guardas o celadores. La financiación de los mismos debía correr a cargo de un repartimiento del común, siendo un gravamen insoportable para los más pobres. Así pues, estos vecinos no veían con buenos ojos una ley que les perjudicaba.

Aunque se intentara persuadir a la comunidad de pobres –cuya misión era encomendada a las justicias por la real orden- sobre la utilidad de plantar árboles para sus descendientes por los frutos, leña, carbón y madera que podrían disfrutar, sólo se conseguiría la burla de los vecinos, ya que estaba comprobado como los rendimientos, frutos y beneficios que se sacaban de los montes ya existentes sólo iban a parar a las justicias, a los escribanos y los regidores de los concejos que son los que ajustan con una serie de particulares la tala de árboles, gravándoles por este hecho, con lo que estos individuos tienen que sacar más de los montes con el consiguiente perjuicio para la riqueza forestal. En pocas palabras, el autor nos está hablando de una práctica corrupta. En este sentido, de nuevo la experiencia directa de nuestro protagonista ilustraba esta afirmación. En la jurisdicción de Competa había una importante riqueza forestal explotada por una docena de madereros con destino al mercado de la capital malagueña y de pueblos circunvecinos. Estos madereros se presentaban ante las autoridades y cada uno pedía un permiso para cortar entre mil o dos mil árboles (“pies de árboles”, en la denominación del momento). Se solían conceder bajo una condición pecuniaria de contribuir con cierta cantidad, con pretexto “de propios y regalías”, eso sí con confirmación del comisario de Marina, ya que, no podemos olvidar que estamos hablando de una zona costera sobre la que había competencias en esta materia por parte de la Marina. Al parecer, el cupo de tala no era respetado nunca y se podía llegar al doble o triple de lo estipulado, incluyendo árboles que por su edad no debían ser cortados porque no había celadores que controlasen estas dos condiciones. Los madereros cometerían estos abusos por el alto coste de las talas, debido, por un lado, las dificultades del transporte al tratarse de trabajar en plena naturaleza, y por otro, por las contribuciones que tenían que pagar a las autoridades locales. Al final, quien salía perjudicado era el común. Este perjuicio se multiplicaba para el consumidor de madera porque los madereros tenían que llegar a doblar el precio normal de la misma cuando la vendían. Gijón, un potentado local, había tenido que pagar muy alta la madera que había necesitado para las obras de unas casas en Málaga y, también para la madera –cincuenta mil palos- que empleó en meter la madre del río Torrox y que compró a loa madereros de la Competa citada y de Frigiliana. Al ver aquellos precios decidió hacer una investigación personal.

Esta investigación le llevó a comprobar como en la villa de Torrox no tenía ya montes, a pesar de que su término no era pequeño, y había que recurrir a la riqueza forestal de Frigiliana y Competa. El problema se agravaba porque dicha riqueza estaba menguando de forma alarmante y resultaba casi igual para el consumidor de madera comprar la que se importaba de Hamburgo, Suecia o la que se denominaba de Flandes. Pero, además, estas maderas eran de mejor calidad porque se cortaban en su debida estación y edad, mientras que las locales, como ya hemos señalado, provenían de árboles muy jóvenes, los primeros con los que se encontraban los madereros, dispuestos a cortar lo que fuera para poder sacar algún beneficio.

Como conclusión de todas las causas enunciadas por el autor, esta Real orden del 48 era inútil. Gijón no quería parecer irrespetuoso con una norma de elevado rango porque, por mucho espíritu crítico ilustrado que hubiera, no debemos olvidar que nos encontramos dentro de los parámetros de una Monarquía absoluta. Los reglamentos de la real orden reflejaban el altruismo de las autoridades, pero la realidad era tozuda y no se había cambiado a mejor, precisamente, el panorama forestal español. El autor confiaba en que el Consejo de Castilla hallaría nuevos medios para conseguir este noble fin, pero el quería contribuir a tal empeño y pasaba a exponer las líneas de posibles soluciones. La memoria pasa, en este momento, de una primera parte de críticas razonadas, basadas, en resumen, en el escaso atractivo que para los particulares -la mayoría de escasos recursos- tenía en los pueblos plantar árboles por el coste de dichas tareas y el dilatado posible beneficio que podían reportar.

La alternativa a la política forestal del despotismo ilustrado: la defensa de la propiedad

Como buen miembro de la élite local e imbuido del espíritu ilustrado de la emulación personal de las personas destacadas por su cultura y/o posición económica, Gijón defenderá que los protagonistas de la tarea de reforestación de España debían ser el grupo reducido pero activo, de estos vecinos destacados. La Ilustración fue un movimiento muy dispar y diverso, pero pretendía, grosso modo, que el país fuera reformado gracias a una minoría activa, de una élite que no se basase en la herencia y el privilegio, sino en su utilidad. En este sentido, la lectura de algunos párrafos del Elogio de Carlos III de Jovellanos nos informa de esta idea, así como cuando el insigne asturiano llama a las élites locales para que dieran ejemplo en sus lugares a la hora de ilustrar al pueblo en la nueva agronomía, en su Informe sobre la Ley Agraría. Si por un lado, los ilustrados fueron revolucionarios en el sentido de cuestionar las raíces de los grupos privilegiados, basadas en la pura tradición, por otro lado, querían el concurso y fomento de una élite, independientemente de su origen, pero útil. Las nuevas ciencias económicas o naturales, así como buena formación humanística y de derecho eran exigibles, sino no parecía racional seguir basándose en privilegios de sangre. Gijón, en un más modesto parecer y posición, estaría en esta misma idea de élite que ilustra y abandera las reformas. Estos vecinos hacendados podían plantar más árboles, a su costa, que todos los jornaleros y campesinos pobres de los distintos lugares, sin tener que descuidar sus labranzas o negocios propios.

Además, estas plantaciones no serían costosas paras sus haciendas propias. Pero es aquí donde comienza la verdadera exposición del núcleo de su alternativa de política forestal, el beneficio como motor económico o como acicate para la plantación de árboles. Que los vecinos destacados de cada lugar promoviesen los plantíos y se gastasen una determinada cantidad de dinero, no significaba una labor de puro altruismo. Si, después de unos 25 o 30 años no iban a poder disfrutar ellos o sus descendientes de los frutos de su inicial inversión, no sería atractivo plantar árboles. Por ello, se hacia necesario que se les concediese el derecho de propiedad sobre los terrenos sobre los que iban a realizar una inversión, porque parecía un derecho natural que el que había puesto medios, dinero y trabajo, disfrutase de lo que produjese. Así se podía asegurar que aumentarían los plantíos considerablemente en España. Unos decenios antes de la publicación del Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, donde se hace una alabanza de la propiedad privada como medio para el fomento de los bosques y montes, esta idea ya estaba formulada por Gijón. El asturiano defenderá que para que floreciesen los montes había que fomentar el cerramiento de las tierras. Si los dueños podían explotar sus bosques se conseguiría una mayor producción de madera y otros productos, con el consiguiente abaratamiento de precio, porque al verse protegido el fruto de una inversión, el acicate para plantar e invertir a largo plazo estaba garantizado. La defensa de la propiedad se convierte, desde una perspectiva de incipiente liberalismo económico, como la alternativa a la política intervencionista o proteccionista del despotismo ilustrado.

Gijón vuelve a ilustrar con un ejemplo sus argumentos. Se refiere al caso del pueblo de Torrox, aunque le valdría casi cualquier otro. Ya sabíamos de la extensión de su término y de su desnudez porque no tenía árboles, con algunos manchones de bosque bajo, es decir, de sotobosque, seguramente fruto de la degradación de bosques antiguos. El número de vecinos de dicha población ascendía por aquel momento a unos quinientos. El cálculo era fácil. Si se hubiera cumplido a rajatabla la real ordenanza, cada uno habría plantado en un solo año hasta 2.500 árboles, con lo que el total haría unos 70.000, con lo que, a buen seguro, a esas alturas habría ya un bosque bastante importante en el término. En Torrox, según siempre el autor, había aproximadamente una docena de vecinos que no sólo podrían plantar anualmente la primera cantidad, sino que se podría multiplicar hasta unos 15.000 anuales, si se les diesen terrenos donde poder realizar esta inversión y poder disfrutar del dominio directo de sus frutos y rendimientos, es decir, se convirtiesen dichos terrenos en propiedad de los plantadores.

Gijón es consciente de la posible crítica a esta política. Estos terrenos serían de realengo o de aprovechamiento común con lo que podía aducirse que sólo saldrían beneficiados una minoría de vecinos. Pero los beneficios generales serían mayores, ya que se abaratarían los precios de la madera, leña, carbón, frutos (bellota) y hasta se fomentarían los pastos. Así se justificaría esta especie de donación para las élites locales, porque en ningún lugar se habla de una venta. No olvidemos el lugar social que ocupa Gijón, aunque él mismo quiso dejar bien claro que su proyecto no escondía ninguna intención personal de hacerse con propiedades, sino que le movía el altruismo. Así pues, para animar a los vecinos acaudalados todavía no persuadidos de la utilidad y beneficio que les reportaría la explotación forestal, se ofrecía para plantar en la jurisdicción de Torrox más plantas que las que, según la real orden de 1748, deberían plantar los vecinos en diez años consecutivos.

Los vecinos acaudalados que plantarían los árboles tenían que vender los frutos de su inversión si querían sacar provecho de la misma. Como habría competencia, por ser varios los propietarios, los productos se abaratarían y se podrían en su totalidad con los que, tanto productores como consumidores se beneficiarían del aumento de montes y bosques. Si los propietarios no sacasen sus productos al mercado a un precio bajo o razonable, los demandantes buscarían satisfacer sus necesidades en los montes antiguos con lo que estos nuevos propietarios no ganarían nada. Por esa razón ya les iría a cuenta poner unos precios asequibles. En el caso de los pastos el mecanismo era parecido con algún matiz. Se abaratarían los pastos o si no se vendían se podían aprovechar para sus propios ganados, por lo que de las dos maneras se fomentaba la ganadería para el bien común. En fin, en este ejemplo, narrado con sencillez por el autor, se está haciendo un canto a la propiedad privada como motor económico, al quedar reflejada como la llave para la recompensa o beneficio a una inversión previa y, por otro lado, se alaba al libre mercado, a la conocida como mano invisible del mismo, que termina por beneficiar a todos, según la teoría clásica económica.

Otra ventaja, nada desdeñable según el autor, en la defensa de la propiedad, sería la salvaguarda de los pimpollos. Si no se podían cercar los terrenos los ganados entrarían y acabarían con lo plantado. Además, era indispensable guardarlos siempre que se talasen para leña, madera o carbón porque de los cortes saldrían nuevos vástagos que reemplazarían lo cortado y si no se cercaba los ganados podían bien dar cuenta de ellos.

Gijón propone, también, un plan de explotación para que los propietarios de los montes y arbolados sacasen el mayor provecho y no se esquilmasen dichos bosques. Cada plantación debería ser dividida en seis suertes, quiñones o departamentos para que año por año en el plazo de seis, que era el que marcaba la ley como plazo en el que una res no podía dañar definitivamente un arbolito, entrasen los ganados para aprovechar los pastos sin perjuicio de los pimpollos, con estrecha vigilancia del pastor al que se le arrendaba la explotación de dichos pastos para que no pasasen los animales de los límites de cada suerte.

En fin, se hacía imprescindible, para el autor, el “directo dominio y propiedad” que se les debe dar a los nuevos criadores de montes y plantaciones. El gobierno debería, además, protegerles contra todos los agentes que pudieran dañarlos y para ello, valdrían los artículos de la real orden sobre esta cuestión, referidos a penas, facultades de los guardas y modos de descubrir el origen de los daños. Para Gijón el gasto de la protección debía correr por cuenta del estado.

Una vez garantizada la propiedad ya se cuidarían los dueños, por su propio interés, de cortar, podar y limpiar los montes en los momentos precisos. Al cabo del ya conocido plazo temporal de los seis años, se dividirán las propiedades en hojas o suertes para que se pudieran cortarse y tallarse, de una manera metódica, los árboles a los tres o cuatro años, según las distintas calidades de los árboles. De todas las maneras, el autor no pretende imponer unas reglas coercitivas a los propietarios, ellos deben tener total libertad de explotación para que pudieran obtener el beneficio al que aspirarían. Esta libertad podía chocar con los privilegios y derechos que la Marina tenía sobre gran parte de los montes y bosques españoles. Para conciliar los intereses privados con los públicos se podía optar por un acuerdo. Cuando el propietario fuera a cortar árboles avisaría al comisario o al subdelegado de la Marina de la zona para que eligieran en cada hoja los árboles que pudieran ser más adecuados para los Astilleros Reales. Sellados y marcados en una tasación justa pasarían a ser propiedad del rey.

En la elección y reparto de tierras para plantaciones que pasarían a ser propiedad de los nuevos plantadores era fácil que surgiese un fraude. Podía ocurrir que algunos vecinos pidieran tierras para sus ganados con pretexto de que, en teoría, serían para plantar árboles. Para evitar esto, los repartimientos debían realizarse con la condición de que las concesiones serían para plantar árboles con un plazo temporal. Si estos beneficiarios no lo hacían la tierra debía volver al mismo dominio anterior, ya sea de realengo o de aprovechamiento común de los pueblos. Esta condición era extensible a aquellas personas que estuvieran asociadas a los que habían conseguido la concesión o a los que tuvieran traspasado el derecho y obligación de plantar. No olvidemos que un nuevo propietario podía establecer un contrato de arriendo con un particular para que plantase los árboles y no hacerlo él directamente. Esta condición se aplicaría a la tierra en su totalidad sino se plantaba de árboles o a la parte de la nueva propiedad que no hubiera sido cubierta de plantones por lo que había que establecer que no se deberían hacer repartimientos que sobrepasasen los medios que un aspirante a los mismos tuviera. En esta segunda condición se intentaba que algunos no aprovechasen esta especie de desamortización sin pago para el rey o los concejos, para hacerse con grandes propiedades. Pero, tampoco, significa, a nuestro entender, que se estuviera abogando directamente por unas propiedades pequeñas o medias porque no se ponen límites, sólo el de las posibilidades del particular y, esto, es siempre muy relativo.

Este cambio de la política forestal no podía ocultar a este promotor del mismo que se trataba de una novedad importante y, aunque no veía peligros y sólo ventajas, es consciente de la realidad y plantea una serie de garantías o concesiones, muy propias de muchos reformadores ilustrados, conocedores de las rutinas, recelos y ataques a las novedades. Los montes y bosques antiguos podían quedar como antes y la real orden de 1748 podía seguir en vigor para que los vecinos siguieran teniendo la obligación de plantación anual de cinco árboles. Lo nuevo debía ser paralelo. Los montes blancos o manchones de chaparral bajo adecuados a la plantación de árboles, se repartirían entre los vecinos interesados en repoblarlos. Si se tenían dudas aún, se propone un ensayo en algunos pueblos de la costa granadina, garantizando el autor que, en pocos años, se podrían comprobar los progresos de este experimento.

Una preocupación especial de Gijón eran los montes y bosques costeros y de las riberas de los ríos. Si se fomentaban no sólo se verían beneficiados los Astilleros Reales, siempre tan faltos de materia prima para la ambiciosa política de construcción de barcos de los Borbones, sino también el resto de consumidores dentro de España y fuera, habida cuenta de su cercanía a medios naturales de comunicación como son los ríos o los mares. Su costa preferida era la del Reino de Granada por su clima y la fertilidad de sus suelos. La Cordillera Penibética creaba una especie de microclima y el relieve tenía mucho de abrupto y, por tanto, no apto para la agricultura o para el pasto, estando muy desértico y sin explotar. Tampoco sus playas anchas estaban pobladas de árboles, siendo aptas para repoblarlas de pinares.

Fuente:

La memoria se encuentra en el Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense.