Robespierre. Comité de Salvación Pública. El Terror. I

No hubo un solo momento, en que la Convención Nacional, se inclinara por instaurar un sistema de gobierno, que llamaran “el Terror”. Lo que más se pareció a esto, fue apoyar a una delegación de las cuarenta y ocho secciones parisinas y al Club Jacobino, que le reclamaban, el 5 de septiembre de 1793, que “pusieran el terror en la orden del día”. Más bien, desde octubre de 1792, la Convención Nacional y sus comités, habían ensamblado una serie de medidas de emergencia, concebidas para derrotar a los ejércitos invasores, y a la contrarrevolución bajo todas sus formas. También para responder a las quejas continuas del campo y la ciudad, y para controlar las acciones de los militantes, que afirmaban representar la voluntad del pueblo.

Entre dichas medidas, figuraba la de la creación de un Tribunal Revolucionario, la movilización masiva de recursos humanos y materiales para el ejército, el control de precios y salarios y la producción, la abolición definitiva del señorío, y la constitución de un Ejecutivo de emergencia, con amplios poderes. El periodo transcurrido, desde el ingreso de Robespierre en el Comité, se podría describir con más precisión, como una época de medidas gubernamentales rigurosas, para ganar una guerra civil y otra exterior, en lugar de “el Terror”, un calificativo, que sólo empezó a utilizarse con posterioridad. De hecho, buena parte de la violencia, agrupada con posterioridad bajo el epígrafe de “el Terror”, consistió en tentativas del gobierno de canalizar la ira y la voluntad popular, en una voluntad nacional, capaz de garantizar la victoria, en la violencia extrema de las guerras (tanto exterior como civil) que se libraban en suelo francés.

En la estela de la reanudación, de las presiones directas sobre la Convención Nacional, en los días 4 y 5 de septiembre, cuando Robespierre era presidente de la misma, el día 29 de septiembre, los diputados se sintieron obligados, a aprobar una ley que permitiera detener a sospechosos, e imponer un “máximo general”, que congelara los precios de 39 artículos.

El nuevo aparato del Estado, puesto en marcha a lo largo de 1793, era también un mecanismo, para controlar la violencia y la acción directa, a la que los gobiernos municipales de París eran vulnerables. Las espantosas matanzas de septiembre de 1792, planeaban sobre la Convención, y la insurrección de los meses de mayo y junio de 1793, recordaba a cada uno de los diputados, el poder de los “sans-culottes” para imponer su voluntad, a expensas de los representantes del pueblo. Las “journées” revolucionarias, habían fraguado las revoluciones de 1789 y 1792. Ahora, con un gobierno republicano bajo asedio, elegido democráticamente ¿podían los representantes de la nación, seguir siendo simplemente, los mandatarios de los parisinos?

El 14 de marzo de 1793, Robespierre defendió emplear un método de prueba de “conspiración” más riguroso, para que el Tribunal Revolucionario, no se consumiera bajo las peticiones de facciones rivales. ¿Cómo se podían encontrar y utilizar evidencias relevantes? Una cosa era saber que los generales Lafayette y Dumouriez, eran contrarrevolucionarios, puesto que había desertado para unirse al enemigo, y otra era como determinar, hasta donde alcanzaban los tentáculos de su influencia, en el seno de la República. En el contexto del juicio de Brissot y los girondinos, Robespierre y otros, se habían inspirado en una poderosa analogía histórica: la tentativa de adueñarse del poder, por parte de una facción aristocrática, bajo el mandato de Catilina, en la Roma del siglo I a. C. y el mensaje y la acción contundentes, emprendidas por Cicerón. El relato del propio Cicerón, un ingrediente fundamental de la educación clásica, de la que se imbuyó Robespierre, resaltaba la maldad y la ambigüedad, de los conspiradores de Catilina.

(Continuará.)