Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

La construcción del Estado liberal bajo la Regencia de María Cristina (1833-1840)


María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López. / Wikipedia María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López. / Wikipedia

A pesar del contexto de guerra civil -la Primera Guerra Carlista- en que se vio envuelta la nación española, en la zona leal a Isabel II y a su madre la regente María Cristina, comenzó la construcción del Estado liberal. De esa manera, la primera propuesta de los consejeros de la regente fue realizar unas reformas necesarias a fin de alcanzar un justo medio que pudiera atraer a los absolutistas más moderados y a los liberales menos exaltados. En enero de 1834, el presidente Martínez de la Rosa intentó lograr un equilibrio entre las tendencias políticas de los liberales a cambio de su apoyo a las banderas isabelinas. El primer resultado de esta apuesta política fue la elaboración del Estatuto Real de 1834, mediante el cual la Corona decidió limitar su poder, consintiendo a su lado la existencia de dos Cámaras electivas bajo sufragio muy restringido, pero representativas tanto de las clases altas tradicionales como de la alta burguesía. Si bien el gobierno consiguió el apoyo de profusos miembros de las clases altas, no satisfizo a la opinión más decididamente liberal.

En 1836 el clima de crispación alcanzó su punto álgido, ante la incertidumbre de la guerra civil y por la situación desastrosa de la Hacienda. En el mes de agosto se produjo el motín de los sargentos de la Guardia Real en La Granja, que obligó a la regente a suprimir el Estatuto Real y restaurar la Constitución de 1812. Los liberales progresistas forzaron la convocatoria de unas Cortes para debatir y aprobar una nueva Constitución, la cual fue jurada por la regente María Cristina el 18 de junio de 1837. Debido al mantenimiento de la guerra carlista, la nueva constitución progresista moderó algunos de sus planteamientos, con el objeto de facilitar la unión de los grupos liberales ante un peligro común. De esta manera, si bien en el preámbulo del texto se sobreentendió que la soberanía nacional residía únicamente en la nación no hubo ningún artículo que lo proclamara.

Pero el hecho más importante de esos agitados años fue la desamortización de Mendizábal. Cuando este político liberal, fue llamado para presidir el Gobierno, consideró una condición necesaria ganar la guerra carlista, que en ese momento todavía resultaba incierta. Ello que implicaba buscar magnas cantidades de dinero. A su vez, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras fue preciso eliminar –o por lo menos disminuir- la deuda pública hasta entonces contraída o, de otro modo, pagar a los acreedores. Ante la pésima situación de la Hacienda, Mendizábal consideró que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación: los bienes del clero regular.

A partir de 1836, quedaron en manos del Estado y se subastaron no sólo tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas las obras de arte y las bibliotecas. Al año siguiente, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular, aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo unos años más tarde, en 1841. Las propiedades se pusieron en venta mediante pública subasta y el producto de lo obtenido, teóricamente, lo aplicó el Estado a combatir a los carlistas. Para el pago de los lotes, el Gobierno liberal aceptó tanto dinero en moneda como vieja deuda pública, con lo que consiguió recobrar parte de ella sin endeudarse más. La burguesía y la aristocracia fueron los grupos sociales más favorecidas con esta subasta, ya que resultó irrealizable a la clase media o a las familias más humildes alcanzar la ansiada propiedad agraria. Por ello, la desamortización de Mendizábal fue una oportunidad perdida para generar una sociedad de clases medias agrarias, aunque se logró que vigorosos segmentos sociales asociaran su destino económico a la victoria del liberalismo en la guerra civil. Pero, por otro lado, la medida desamortizadora aumentó las simpatías de un numeroso número de católicos, conservadores y clérigos por la causa carlista.

La construcción del Estado nación liberal continuó con la nueva concepción jurídica de los derechos de propiedad. La disolución del régimen señorial fue sancionada por la ley de 26 de agosto de 1837, según la cual los señores perdieron sus atribuciones jurisdiccionales, aunque conservaron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieran demostrar documentalmente como propias. El noble se convirtió en el nuevo propietario agrario. La desvinculación (supresión de mayorazgos, patronatos…) continuó, liberalizándose las tierras de los patrimonios vinculados, de manera que sus propietarios pudieran venderlas libremente. Enormes extensiones de tierras salieron al libre mercado para ser adquiridas al mejor postor. Una serie de medidas legislativas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron el marco de liberalización de la economía: libertad de arrendamientos agrarios, de precios y almacenamiento; abolición de privilegios gremiales y de la Mesta; implantación de la libertad de industria y comercio; eliminación de las aduanas interiores y de los diezmos eclesiásticos; derogación del derecho de cerca y libertad de explotación de montes y viñedos. Todas ellas sentaron las bases económicas del nuevo capitalismo. 

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.