En la primera semana de julio el Partido Popular no celebró un congreso, escenificó una rendición. El 21º cónclave nacional, que tendría que haber servido para pensar el país, ha sido un desfile de sumisión al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo (con acento incorrecto en la primera o), un político de 63 años que sobrevivió a la amistad con un narcotraficante en los peores tiempos del narcotráfico en Galicia, cuando los jóvenes caían como moscas, un líder al que su partido ya no le concede margen para otro fracaso. Lo saben sus fieles, lo repiten los barones y lo gritan los editoriales de su prensa amiga: esta es su última bala, la de plata, la única capaz de matar al licántropo que usurpa (dicen) la Moncloa. Y están dispuestos a vaciar el cargador.

Tengan piedad. Piedad de la gente y también de los que nos dedicamos al Periodismo. Señores corruptos: ¡dejen de corromperse! ¿No era suficiente con lo que hemos contemplado con estupor en la cúpula del PSOE, para que ahora descubramos, precisamente ahora, que Ustedes, bajo Gobiernos del PP, se corrompían cambiando leyes para que grandes compañías privadas eludieran pagar sus impuestos, engrasando de paso sus cuentas corrientes? Hemos averiguado, no a través de un juez-estrella, de los que prevarican y pululan sin recato por Madrid, sino gracias a un magistrado ¡tarraconense!, que 27 altos cargos del Ministerio de Hacienda –más de 120.000 euros anuales de retribuciones salariales, además de pluses, productividades, consejos de administración, complementos, dietas– manipulaban presuntamente las leyes tributarias. Y lo hacían para favorecer intereses de compañías gasísticas privadas a cambio de incrementar sus emolumentos funcionariales propios. Item más, hemos sabido que, supuestamente, lo hacían agazapados ni más ni menos que en el Ministerio de Hacienda, el que se dedica a recaudar los impuestos de todos, regido entonces por un ministro-empresario privado, Cristóbal Montoro, al que desde su poltrona ministerial no le temblaba el pulso a la hora de decidir recortes muy gravosos y generalizados contra la mayoría social trabajadora.

Porque son españoles. Si comparten nuestro trabajo, nuestras calles, nuestro calor, nuestros problemas, nuestras fiestas, nuestras alegrías, si comparten nuestra vida, son tan españoles como tu y como yo, independientemente de lo que diga su pasaporte.

Lo recientemente vivido en la escena política española invita a la reflexión. Abordaré los hechos desde una mirada inicialmente descriptiva. Con miras a extraer utilidad a tanto lamentable episodio, cabe reparar en que la condición humana tiene tanta plasticidad como para generar individuos corruptores-corrompidos y, por otra parte, personas honestas y dignas. Los primeros, tienden a generar colectivos o sociedades corruptas, mientras la digna honestidad propende a crear sociedades virtuosas. Con ambas determinaciones, la realidad española muestra intentos reiterados, imputables a ciertos individuos y partidos, por corromper una forma de vida política, la democracia, de la que hace cuarenta años nos dotamos todos y todas tan laboriosamente. Y lo hicimos, a la salida de una prolongada dictadura, para conseguir precisamente una España virtuosa. Su virtud pasaba por el consenso, la pluralidad y la dialéctica, entendida como movimiento de la historia. Movimiento competitivo, desde luego, entre sectores sociales con distintas cuotas de poder; pero, asimismo, capaz de mostrar fases no solo de conflicto, sino también de cooperación. La democracia exige necesariamente cooperar. Cuando algunos sujetos y/o partidos en juego sobre la arena política se niegan a colaborar y abjuran de la cooperación, surge todo lo lamentable que hemos visto en la doliente escena española. De ahí deriva gran parte del malestar que nos hiere por doquier. La complejidad de la vida social y política, la magnitud de las demandas que la población exige reclama obligadamente la colaboración.

Al acabar el XXI congreso del Partido Popular emerge la tentación ditirámbica, es decir, como hace la prensa adicta de la derecha, ensalzar una operación política que, cuando menos, ofrece muchos puntos oscuros (“Un proyecto para la mayoría”, editorial de El Mundo, 7 de julio de 2025; “Feijóo asume su reto histórico”, editorial de ABC, 7 de julio de 2025), Hasta La Vanguardia, más distante, ha caído en la trampa de la benevolencia (“Feijóo y el reto de ganar el centro político”, editorial de La Vanguardia, 7 de julio de 2025). Pero lo cierto es que no hay razones para le benevolencia, pues en el congreso del partido conservador se han dicho y se han hecho cosas que deben preocupar, no ya a un progresista, sino simplemente a un demócrata. Por eso, es pertinente preguntarse qué pretendía realmente el presidente del Partido Popular al celebrarlo, pues llevaba tanto tiempo sin celebrar congresos que no parece que se lo haya convocado por cumplir una exigencia estatutaria. Núñez Feijóo buscaba algo más.

Si nos atenemos a las expectativas que el consorcio norteamericano-israelí está interesado en crear, Gaza vive en una suerte de “pausa bélica” a la espera de que se sustancie una tregua, dicen que de 60 días, en la que Hamas liberara a los rehenes que mantiene en su poder (vivos y muertos) y el Ejército israelí detenga sus operaciones militares.

El SXX fue el escenario del naufragio de la idea de progreso. En el SXXI, se verificó como la sociedad civil, renunciando a la pulsión reivindicativa, asumía sus renuncias pasivamente. La esencia del origen de esa conducta tiene antecedentes que se hunden el pasado. En este punto merece atender a la coincidencia de la conversación pública con el relato predominante en la Opinión Publicada, que suele ser poco o nada empática con las necesidades básicas de la ciudadanía. Para algunos, se acerca una disrupción al tipo del 15M.

En la teoría jurídica española, pocos derechos gozan de tanta solemnidad como la presunción de inocencia. El artículo 24.2 de la Constitución consagra que “todos tienen derecho […] a la presunción de inocencia”, lo que sitúa al acusado en una posición de protección: no debe ser tratado como culpable mientras no se demuestre lo contrario en un juicio con garantías. Los tribunales, desde hace décadas, han reiterado que esta garantía implica que la carga de la prueba recae por completo en la acusación, nunca en el acusado. Ya en una temprana sentencia de 1981, el Tribunal Constitucional dejó claro que solo una actividad probatoria suficiente y válida en juicio oral puede desvirtuar la presunción de inocencia. En otras palabras, sin pruebas contundentes no puede haber condena.