Quieren echar de España a 8 millones de españoles

Y les quieren echar.

Y quienes les quieren echar no son cuatro fanáticos sin futuro. El último barómetro del CIS les otorga casi el 20% de los votos, uno de cada cinco. Ya condicionan el gobierno de la mayoría de las comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos.

Cada día colonizan más a la derecha tradicional, en valores, en lenguaje, en discurso, en programa. Son primera o segunda fuerza en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Hungría, en Polonia, en Austria, en Países Bajos…

Primero les niegan la condición de personas. Los niños son menas. Los adultos son invasores o delincuentes.

Después les acusan de delinquir, aunque no delincan, aunque delincan infinitamente más quienes les acusan.

Más tarde les señalan como culpables de cada problema que preocupa o irrita, desde el paro y los bajos salarios a la carestía de la vivienda o la saturación de los servicios públicos o el aumento de las agresiones sexuales.

Aunque los bajos salarios se deban a la avaricia de quienes les financian. Aunque la carestía de la vivienda se deba a las comunidades donde influyen para que no apliquen la ley. Aunque la saturación de servicios públicos se deba a sus propios recortes presupuestarios. Aunque la inmensa mayoría de los violadores sean machistas autóctonos.

Les colocan en sus dianas de odio.

Les utilizan para obtener votos y poder, poder para medrar, abusar y enriquecerse.

Es una constante histórica. Cuando las mayorías acomodadas olvidan defender aquello que les acomoda, abren la brecha por la que se cuelan odiadores y abusadores. Cuando las mayorías parecen aburrirse de la democracia, los odiadores y abusadores se encaraman a las instituciones y arrasan con las libertades y con la convivencia.

Ya pasó en el siglo XX y no hemos aprendido.

El debate sobre quiénes sobran en España es un debate viejo y peligroso. Ellos creen que sobran al menos 8 millones, para empezar. Otros podríamos pensar que sobran ellos.

Si esto empieza, no va a terminar bien.