Españolas y españoles estamos ya más cerca de dejar a un lado la minoría de edad política, cívica y democrática. Un anteproyecto de ley, denominado de Información Clasificada, que acaba de ser tramitado por el Gobierno, prevé acabar con el secreto político perpetuo que se cernía sobre nosotros. Y lo hacía en virtud de una Ley de Secretos Oficiales promulgada en 1968 bajo el régimen franquista, según la cual ni había ni debía haber plazos temporales para desclasificar, para revelar, los secretos de Estado: en plata, aquella ley aún vigente, establecía la existencia de secretos eternos, porque los españoles y españolas éramos objetivamente considerados por el poder como menores de edad, sin derecho a conocer. Y así, como tales menores, hemos sido cívicamente degradados durante la friolera de 57 años, a lo largo de los cuales carecimos oficialmente del derecho a saber cómo fue en realidad nuestro propio pasado histórico, incluso parte de nuestro actual presente. Todo quedaba en manos del poder establecido, fuera cual fuera, que decretaba por doquier la secrecía.