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La denuncia socialista por los accidentes de Riotinto (1911)


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

A finales de enero de 1911 los socialistas denunciaron de nuevo la proliferación de accidentes mineros. En ese momento se habían muy producido unos muy graves en Castro Urdiales y en Huelva con el resultado de varios muertos y heridos, especialmente en las minas de Riotinto.

Los socialistas empleaban las páginas de El Socialista, en su número del 20 de enero de 1911, para reiterar que en ese mismo medio constantemente se registraban las noticias de accidentes ocurridos en las minas, y especialmente en Jaén (La Carolina) y en Huelva porque eran donde más desgracias acontecían. Rara vez se hablaba de La Carolina y de Riotinto sino era para lamentar verdaderas hecatombes.

Con la misma insistencia se venía reclamando a los poderes públicos el cumplimiento de la legislación minera en lo referente a la protección de la vida de los obreros que entraban en la mina, y con escaso éxito a la vista de que seguían los accidentes. No todos, además, se podían imputar a causas imprevistas o irremediables.

Se recordaba en la denuncia las investigaciones y los escritos que habían realizado sobre Riotinto Ciges Aparicio y otros escritores, señalando que la mayoría, si no la totalidad, de los siniestros acontecidos en Riotinto eran consecuencia de la “codiciosa explotación” que en las mismas se efectuaba, hasta el extremo de arrancar el mineral encerrado en los pilares de contención, causa de los hundimientos ocurridos en aquel pueblo.

En la mayor parte de las explotaciones mineras españolas la inspección oficial era ilusoria. En las minas de Riotinto no había más ley ni más voluntad que la de la poderosa empresa inglesa. Era público y notorio y no era necesario insistir más, como se admitía en la denuncia periodística.

Menester había sido que la catástrofe acontecida hubiera revestido proporciones enormes y que el Partido Socialista por medio de su representante en las Cortes hubiese anunciado al Gobierno su propósito de iniciar una campaña de protesta por el incumplimiento de la Ley de Minas, para que el Ministerio de Fomento se hubiera decidido a enviar inspectores especiales a los lugares donde se habían producido los siniestros con el fin de que informasen si cabía responsabilidad de los directores e ingenieros por las desgracias ocurridas.

El periódico insistía en que si se quería que triunfase la justicia, paralelamente a las acciones oficiales, la clase obrera de las minas debía organizarse para impedir que la “codicia burguesa” jugase con sus vidas y para que se cumpliesen las leyes. La clase obrera debía entender que a pesar de que se legislase y en favor de la misma, si no se tenía resolución y energía para que se cumpliese lo dispuesto todo terminaba por ser letra muerta y las empresas seguirían considerando a los trabajadores como “vil materia de explotación”.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

Premio Mejor Aliado 2024 de la Asociación Blanco, Negro y Magenta.

 


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