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¿Caballo volador o caballo de Troya?


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

El caballo volador ¿se ha convertido en un caballo de Troya? ¿O al equino troyano le surgieron alas y alzó el vuelo? Una vez más, el primer Gobierno de coalición de la democracia española afronta un nuevo y muy grave desafío, tras una ristra incesante de otras tantas asechanzas cada cual más peligrosa. ¿Hay fundamento para el enfado democrático creado por el espionaje a políticos supuestamente secesionistas? Si, lo hay y es necesario que lo haya: con la intimidad y la dignidad democrática no se juega.

Los jueces dicen que autorizaron el espionaje. La pregunta es ¿a partir de cuándo? Porque no sería lo mismo que tal pesquisa ilegal se hubiera consumado, por ejemplo, a partir de 2020, que lo hubiera sido en septiembre de 2015, como parece ser la fecha de la que data la primera constancia de que tal espionaje se aplicó sobre Jordi Sánchez, uno de los líderes del tándem Omnium Cultural-ANC. ¿Qué pasaba en septiembre de aquel año? Que faltaban dos años para que se convocara el referéndum del 1-0. ¿Cuál era la -supuesta-y más preocupante- inquietud del Gobierno de Mariano Rajoy ante el referéndum catalán de 2017? Averiguar dónde se hallaban escondidas las malditas urnas en las cuales los convocantes del referéndum se proponían recoger los votos. Si ya entonces, como se pregona a los cuatro vientos, era tan sofisticada la técnica espiadora del invento de la compañía privada israelí NSO, compañía anteriormente estatal y ahora, presuntamente, solo con clientes áulicos gubernamentales, ¿desconocía aquel Gobierno del PP, por una supuesta incompetencia del CNI, los servicios de información policiales y de la Guardia Civil, o bien por imperfecciones del propio artefacto “revientateléfonos”, dónde se encontraban los fanales? ¿O, por el contrario, Rajoy y algunos jueces afectos lo supieron tras ser puntualmente informados de ello y decidieron silenciarlo para que se consumara el delito, incurriendo a su vez en un delito político de omisión prevaricadora de muy elevada gravedad estatal? Todo se asemejaría bastante a la siniestra “estrategia de la tensión”, de tan malhadado recuerdo.

La complejidad del asunto excede cualquier cálculo simplista. Son muchas variables las que hay en juego. Tiene aristas partidarias, gubernamentales, judiciales, estatales, internacionales -no las olvidemos- y, sobre todo, antidemocráticas. No se descarta que la lista de 63 espiados desborde las fronteras del secesionismo catalán y se ve ampliada a gremios profesionales enteros, civiles, profesionales…

Pero hay aún otros matices inéditos. Parece que, por supuestas razones de “solidaridad estatal”, el primer Gobierno de coalición de izquierdas de la democracia española, tras 44 años de régimen constitucional parlamentario, esto es, un Gobierno que incorpora a ministros comunistas y se complementa parlamentariamente con apoyos nacionalistas -opciones políticas constitucionales desde el minuto cero del proceso democrático- este Ejecutivo actual se echa sobre los hombros la responsabilidad política de una acción de espionaje presuntamente cometida por un Gobierno anterior, de derecha pura y dura; se trata de la misma que le ha negado el pan y la sal desde el mismísimo arranque de su mandato. Mientras, la ofensiva de la mayoría mediática arrecia para descabalgar a este Gobierno, en sintonía con la derecha con la que eficientemente coopera. ¿Por qué esta prisa por romper un Gobierno con proyección social probada, con compromisos ampliamente favorables a la mayoría social como los asumidos, hasta ahora, sobre salarios, garantías laborales y de derechos, factura de combustibles, protección, diversidad…? ¿Quién aviva los fogones de este nuevo incendio para que todo arda cuanto antes?

Cabe preguntarse si tendrá algo que ver el propósito de sus muñidores de dar aduladora satisfacción a quienes, de aquí y de acullá, desean que la cumbre de la OTAN en junio se desarrolle en Madrid con un buen “roto” en las filas socialistas -por ejemplo, la dimisión de quien encabeza una importante cartera- o bien con el terreno, despejado ya, de comunistas antiatlantistas en el Gobierno. Otros indicios permitirían mirar hacia el Este, donde se dice oficialmente que allí interesaba mucho aventar o incordiar con la causa secesionista, aunque, mirándolo bien, tales fuentes parecen ignorar el lío en el que Rusia se adentraría de prosperar en Cataluña una secesión, reclamo atractivo para cualesquiera del centenar de nacionalidades que coexisten en Rusia.

Sea lo que sea, esto vendría a ser un clavo más en el ataúd de la soberanía del voto del pueblo español: solo a regañadientes, ante los procesos y luchas de masas antifranquistas, Washington se vio obligado a aceptar la legalización de partidos y sindicatos a la izquierda del PSOE durante la Transición española, pese a los numerosos intentos para impedirlo previamente a la incorporación española a la Alianza Atlántica. En aquellos años previos, distintos vectores de poder, desde la extrema derecha local a los atlantistas más furibundos, intentaron truncar, mediante procedimientos arteros, el asentamiento electoral de las mencionadas fuerzas políticas y sindicales, hoy claves en la arquitectura constitucional.

Lo más grave de cuanto encierra este caballo alado travestido en caballo de Troya es que tantas personas que debieran estar políticamente instruidas y alerta al respecto de lo que se trama no se hayan percatado o consientan en no percatarse de los riesgos que Pegassus alberga en su vientre, ni escuchen las flatulencias que emite: señaladamente, la del histérico intento político-mediático de la derecha, la extrema incluida y la nacionalista, más algunos padrinos o amiguitos foráneos, por reventar como sea, pero cuanto antes, el Gobierno de coalición.

En el affaire del caballo volador devenido en troyano se reaviva hoy, de manera extemporánea por las fechas en las que realmente surgió, la dolorosa cuestión del hasta hace días declinante empuje del secesionismo catalán -sazonado por nuevas oleadas de victimismo-; y lo hace al modo de un siniestro festín caníbal y coral, al que hubiera invitado a antropófagos políticos de toda laya, donde el resultado final de los que se proponen consumarlo -y consumirlo- será el descenso de un nuevo peldaño por parte del Estado español en el rango de Estados del concierto europeo.

Algunos de entre los más urdidores lo hacen para esconder hoy el clamor de su vergonzosa amistad con los comisionistas de la “jet set” aristocrática, cuyas prácticas criminales se lucraron millonariamente con la desgracia de miles de personas flageladas por la pandemia. Estos son los mimbres “éticos” -¿alguien conoce otros?- sobre los que asienta su legitimidad esa patulea arrogante que, desde la derecha, se postula como alternativa al Gobierno y que sufrimos en España, la misma que solo sabe acosar, de modo infausto y linchador, a quienes hoy gobiernan.

Lo evidente es que quienes gobiernan hoy son personas de carne y hueso, que no están a salvo de verse en algún momento física, anímica y psicológicamente noqueadas por tanto embate. Su abatimiento puede llegar a traducirse en graves errores de percepción y actuación, no solo en la acción interior sino también en la exterior, hoy tan resbaladiza, ante la sobrevenida avalancha de tan graves asuntos a gestionar y resolver simultáneamente.

Estúdiese bien a quién favorecen estos intentos desestabilizadores y seguro que llegamos a conclusiones sorprendentes. Analícense cuáles asuntos han estremecido recientemente la política exterior española y hallaremos, con certeza, algún hilo grueso del que estirar. Desglósense, cuanto antes, responsabilidades gubernamentales anteriores de las del Gobierno actual y asígnese a cada cual su cuota de culpa política. Póngase la lupa sobre las instituciones concernidas. Fortalézcase el diálogo con quienes mantengan aún la sensatez como pauta de conducta política: de entre ellos, no sobra nadie en esta lid. Y, por encima de todo, respétense las leyes, costumbres y usos democráticos que tanto esfuerzo y sufrimiento costó implantar en nuestro país. Sepan quienes espían que hollar la intimidad de cualquier ciudadano es un gravísimo delito, más aún si concierne a representantes elegidos por el pueblo. Y repárese en que, si quienes están formalmente protegidos por el aforamiento parlamentario, son sometidos a tal profanación de su intimidad, ¿qué valladar se opondrá ante los profanadores para impedirles penetrar en la intimidad de Ustedes y en la mía?

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Negra y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.

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