“Patriotas”

Los patriotas evasores van al grano, siempre trajeados y encorbatados, guardando formas que creen asegurarles respetabilidad; la misma que tan velozmente pierden al acceder a un concurso público, si acaso ha sido convocado, para hacerse de una tacada casi siempre trucada con una golosa obra pública estatalmente subvencionada. Cuando no la consiguen, ofrecen comisiones que corrompen a funcionarios venales. Mientras tanto, los otros patriotas, los togados de vistosas puñetas de ganchillo, miran para otro lado y no ven ni parecen querer ver la letra pequeña de los jugosos contratos que aquellos transgreden, un día sí y otro también, rebajando presupuestos y, de paso, degradando la calidad de la obra pública cuya asignación consiguen merced a una ley de Contratos del Estado manifiestamente mejorable, que ellos no proponen modificar, que se sepa.

El problema es que en España está muy extendida la tolerancia hacia el gansterismo fiscal. Forma parte de la picaresca, en tal caso agigantada, concebida como una especie de valor patrio, un gracejo transgresor y divertido, pero en sustancia, tóxico y asocial. Si un mileurista cobra en negro unas colaboraciones para completar su salario miserable, ¿por qué no va a hacer lo mismo el respetable financiero milmillonario del terno azul y corbata de Hermés? Esta es la iguala al uso del simplismo vigente, fruto de la despolitización anticívica heredada de siglos de ignorancia oficialmente fomentada para el mangoneo oficial. Tan injusta benevolencia hacia el delito, ampara asimismo a quienes se muestran incapaces de instar la búsqueda, captura y juicio público de los grandes evasores, los mismos que arruinan las finanzas estatales concebidas como mecanismos de redistribución social de la riqueza. Y lo hacen esquivando el justo pago de impuestos exigido por las voluminosas concesiones estatales que tan arteramente suelen adquirir. Los togados patriotas prefieren pensar en otra cosa y apalancarse en sus cargos políticos, ministros, subsecretarios o directores generales, siempre de primer o segundo rango en las cúpulas de los Ministerios, donde suelen ir a parar: es el caso de 14 de los 35 integrantes de la promoción de Abogados del Estado de 1996, denominada La Gloriosa, como informaba Ángel Collado en el digital El Confidencial de diciembre de 2019.

Lo peor de todo es que los mentados defensores del Estado estudiaron tanto, tanto, que parecieron perder perspectiva y confunden un Gobierno de coalición de izquierda con un Estado neoliberal capitalista. No son lo mismo, claro está. Un Gobierno de coalición, de izquierda, suele tratar de transformar pacíficamente en democráticas, las prácticas estatales inerciales alejadas de la democracia y de los intereses de la sociedad. Es hoy el caso. Se trata de obtener un funcionamiento del Estado que armonice los intereses públicos y los privados, teniendo en cuenta la prelación de los intereses mayoritarios, para favorecer la cohesión social.

Pero tan brillantes opositores, después de dedicar entre tres o cinco años al estudio, (semejantes a los de un Doctorado universitario), comparecencia ante tres tribunales durante diez horas y escribir informe jurídico redactado por ellos mismos, más el abordaje de un supuesto jurídico, no repararon en que la tarea sustancial del Estado ultraliberal, el único que conciben, consiste en garantizar la tasa de ganancia de las grandes empresas, como la vergonzantemente huidiza Ferrovial, por ejemplo; y no cayeron nunca en la cuenta –o sí cayeron, lo cual sería más grave aún- en que aquel Estado que barajan como único, metafísico y sempiterno, recurría al ejercicio, estatalmente legitimado, de la violencia y la coerción para asegurar no únicamente el orden público, sino precisamente, para garantizar esa tasa de beneficios privados extraída del trabajo colectivo. Beneficios en ocasiones “caídos del cielo”, como reclaman para sí grandes compañías eléctricas, cual si se tratara de un derecho divino: el de lucrarse a manos llenas a costa de rebañar los bolsillos de quienes no se deciden a morirse de frío, sin ir más lejos, por los abusivos precios de las tarifas eléctricas en un invierno especialmente helador. Los grandes bancos, que trasiegan ganancias sin precedentes en tiempos de crisis, se caracterizar también por intentar escurrir el bulto, fiscal o pos-rescate, pero se retraen algo más por la cuenta que les trae.

Lo más preocupante es si esa decisión de abandonar fiscalmente España, tan patriótica, que podría obedecer, admitamos la duda, a causas desconocidas o bien al propósito de distraernos de alguna medida más grave aún, preludia – o no– el comienzo de un desfile de grandes compañías españolas hacia el extranjero, como acción concertada contra un Gobierno legítimo. Una especie de coup d’etat de cuño financiero. Lo cual confirmaría la presunción según la cual, al capitalismo financiero de nuestro país, tan gregario y abducido por la plutocracia, ha dejado de importarle la democracia y no elude adoptar medidas antidemocráticas, amorales y alegales como la de trasladar sus sedes fuera.

En el Título Preliminar, artículo primero de la Constitución Española de 1978, hoy vigente, se escribe: “España se constituye en un Estado social y democrático, de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. ¿Alguna persona de las presentes ve en las conductas de esos patriotas financieros y togados, rasgo alguno de tan elevados y caros ideales que tanto esfuerzo, resistencia y sangre costó conseguir?

La enseñanza a extraer de lo acontecido recientemente, según la pedagogía democrática, es la siguiente: si una de las principales empresas del país, que se ha beneficiado de concesiones milmillonarias estatales desde que en 1952 fuera creada, en pleno franquismo, por un representante de la élite económico-financiera, la misma que pasó de la dictadura a la democracia “sin romperlo ni mancharlo” para integrar la privilegiada beautiful people, se marcha hoy de España y se lleva consigo su empresa a Holanda para no cotizar fiscalmente aquí, ese señor y los accionistas que le secundan, son, objetiva y subjetivamente, enemigos de España. Abogados del Estado: hagan algo útil y sensato, ¡procedan!