El buen español presencia impasible el saqueo

Nos están hirviendo de manera gradual dentro de una legalidad a medida de la apropiación injusta de los recursos colectivos. La percepción social es de una cierta incomodidad que se traduce en pérdida de derechos y riqueza personal producida por los integrantes de dicha comunidad.

Tampoco fue menor la operación privatizadora llevada a cabo desde los albores de la Transición a la fecha, en materia de recursos naturales y servicios públicos como la sanidad, educación y pensiones. La sutil y progresiva pérdida de derechos lo abarca todo, bajo el amparo de leyes que son aprobadas a la medida del interés de los grupos “afines”. Aumentan la temperatura del agua en la que nos cuecen. Mientras las instituciones que deberían proteger al ciudadano están al servicio de otros intereses.

El modelo concebido en el seno de la dictadura franquista se basó en organizar el sistema de leyes, es decir, el derecho de ese Estado, su legalidad, en un sistema de recompensas a los “propios” y “afines” por su contribución a la “causa”. En este sentido, la apropiación de bienes ajenos, individuales y colectivos, no fue una casualidad. Por el contrario, fue el eje de las concesiones otorgadas por el régimen. Por eso temen a la memoria historica.

Sin embargo, su puesta en práctica no fue diferente a los usos y costumbres de otros estados con vocación imperialista. Esa circunstancia no colisionó con los intereses recíprocos que se confrontaron una vez concluida la contienda mundial. Es más, las coincidencias favorecieron las componendas. Fue la época de la guerra fría entre bloques.

Es habitual escuchar a los representantes de los centros de poder, aludir al “estado de derecho” cuando se refieren al mantenimiento del statu quo. Debe recordarse el austericidio, y cómo se dio la transferencia de riqueza personal del conjunto de las personas de este país a la banca. Téngase en cuenta que, también, la concentración empresarial fue favorecida para mejorar el control sobre el conjunto social. Así nació el IBEX 35. Añádase la reunión en pocos grupos mediáticos de la opinión publicada, garantizando así el control del pensamiento. Un ejemplo, durante su gobierno, Ana Botella vendió 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al Ayuntamiento de Madrid a Blackstone. La operación, realizada en el verano de 2013 bajo su mandato, se cerró en 128,5 millones de euros. La familia Aznar tiene vocación inmobiliaria. Favores al clero incluidos. Para la justicia, esta justicia, todo en orden. Esto es lo que consolidó la idea de que la política, en la tradición del antiguo régimen, sólo son negocios. De allí a la corrupción generalizada, sólo un paso.

La opacidad con la que se lleva a cabo el saqueo resulta dramática y con consecuencias poco difundidas. Por ejemplo, los tratados como el TPP y el TTIP (EU-EEUU), que están creando un “derecho internacional” basado en las leyes y la jurisprudencia de EEUU. Esto es, porque ningún Tratado o Acuerdo con este país puede contradecir las leyes o el Congreso de EEUU. Es decir, que todos los Tratados firmados por este país institucionalizan de “iure”, la aplicación extraterritorial de las leyes de EEUU. La liberalización comercial, a través de la OMC y Tratados de libre comercio, potencia esa operación a escala mundial.

Los “tribunales de arbitraje”, que anulan la soberanía del derecho nacional, por su parte, vienen a consolidar tal entramado institucional. Ello es así, porque sus decisiones no pueden, en la práctica, ser apeladas a través de mecanismos legales que estén fuera de los Tratados. Esta legalidad está concebida para que ninguna decisión de esos tribunales pueda ser modificada. Esto, porque han quedado fuera del alcance de los parlamentos o del poder judicial de cada país. La temperatura del agua en la que estamos sumergidos sigue aumentando.

Como resultado de todo ello, este “derecho internacional” ha permitido extender y profundizar el derecho de propiedad de las grandes corporaciones empresariales. Además, por supuesto, “legaliza” los medios para hacer y defender este derecho. Salvo la denuncia del Tratado, con todo lo que eso implicaría a los estados rebeldes en materia de represalias comerciales, políticas, diplomáticas y eventualmente el enorme abanico de formas de desestabilización puestas en práctica, como la conocida estrategia del lawfare. Así, los países firmantes están condenados a aplicar sus términos, lo que implica que se deben cambiar las leyes nacionales para hacerlas compatibles con las reglas del Tratado y, en consecuencia, copiar las leyes estadounidenses sobre el derecho de propiedad.

En tanto, seguimos financiando el ocio, en ocasiones un tanto escandaloso, y disfrute de una monarquía que garantiza este Estado de Derecho.

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