La crisis entre el despilfarro y la corrupción

La dilatación de los procesos, que afectan a según quién, son un caso. Alguno de los cuáles no han sido capaces de determinar la identidad de M. Rajoy. En su conjunto, forman parte de la trama en esta tragedia nacional. En cualquier caso, toda corrupción, incluida la incompetencia judicial en penalizar esos comportamientos, implica despilfarro público. Esto es, ineficiencias y sobrecostes. Es más, vivimos en un Estado que no protege a los denunciantes de la corrupción. Eso, de por sí, mostraría un fracaso del sistema judicial, pero en este país las cosas son paradójicas.

Sería bueno definir que no todo, ni mucho menos, sugiere que el despilfarro público es corrupción. Las formas más comunes de corrupción se caracterizan por la desviación y el robo de fondos provenientes de los presupuestos generales del Estado. 

Se ha venido cuantificando que el daño causado por tramas criminales organizadas para saquear presupuestos públicos, y las prácticas desplegadas por empresas e individuos que pagan sobornos para conseguir contratos o para evitar las regulaciones sobre un amplio abanico de políticas públicas que pretenden beneficiar a todos los ciudadanos, es cercano por todo concepto al importe que necesitaríamos para afrontar la reconstrucción post pandemia. El FMI calculó que los sobornos suponían el 2 % del PIB mundial. Es decir, casi dos billones de dólares. En el caso de España, hay estudios que disparan la factura de la corrupción y su impacto en el crecimiento hasta el 8 % de la riqueza del país. Ya en 2018, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, confirmaba en 90.000 millones de euros al año el coste de los delitos por corrupción en España. Más de la mitad, el 4,5% del PIB procede de sobrecostes por deficiencias de control. Esto marca que los mecanismos de verificación del uso debido de los fondos o ha fallado o forman parte de la trama. Recordemos que la denominada “policía patriótica”, amparada por gobiernos democráticos, también tuvo efectos en las unidades de anticorrupción. En cualquier caso, esa cifra supone 500 euros por ciudadano, e implica recortes a nuestro estado del bienestar. Sería bueno que buscásemos los genuinos fondos de la reconstrucción dentro de nuestro sistema de corrupción, antes que en la generosidad del norte de Europa.

Por definición, la corrupción es la utilización con medios ilegales o alegales, que realizan los responsables de la gestión de fondos del sector público para beneficio privado. Así pues, toda corrupción genera ineficiencias que se traducen en sobrecostes innecesarios. Esto, es el despilfarro de los fondos públicos. Por eso hay que penalizar de una vez, la utilización de las puertas giratorias. Son una potencial vía de degradación social y financiera del país.

Por tanto, ese despilfarro es la muestra de una actuación inadecuada desde la dimensión económica de la administración de fondos. Porque es allí donde habitan los corruptos. Para España, la corrupción es el fenómeno general en el que se estructura un modo perverso de entender el uso de las responsabilidades públicas. Al parecer, era una práctica habitual desde las máximas instituciones del Estado y sus prácticas se proyectaban hacia abajo. Todo “atado y bien atado”, se encapsulaba en el lema de la omertá: callar por respeto a la unidad de España. Esto es romper España.