Minería en la España decimonónica

Durante gran parte del siglo una serie de factores influyeron en el bajo nivel de actividad minera en España. En primer lugar, existía una combinación de falta de capitales y de conocimientos técnicos. La demanda industrial española, dado el atraso de la Revolución Industrial, era muy escasa y no ejercía suficiente presión sobre la explotación minera. Por fin, la legislación ponía muchos obstáculos para que se desarrollara la iniciativa privada, al declarar las minas propiedad de la Corona, como establecía la Ley de Minas de 1825 en el reinado de Fernando VII, en los estertores del Antiguo Régimen.

En 1868 comenzaron a darse una serie de cambios importantes en relación con los recursos mineros y energéticos. En ese mismo año se aprobó la Ley de Bases sobre las Minas, que simplificaba la adjudicación de concesiones y ofrecía seguridades a los concesionarios. Se trató de una evidente liberalización del sector, ya que las concesiones eran a perpetuidad a cambio del pago de un canon. Al año siguiente se aprobó otra legislación que permitía la libre creación de sociedades, entre ellas las mineras. Estaríamos hablando, en los inicios del Sexenio Democrático, de una verdadera desamortización del subsuelo, como antes se había hecho de las tierras amortizadas. Este momento coincidió con un aumento de la demanda internacional de productos mineros. España se convirtió en exportadora de materias primas: plomo (Jaén), mercurio (Ciudad Real), cobre (Huelva) y hierro (Vizcaya). Estas exportaciones constituyeron un capítulo fundamental de la balanza comercial española, pero estaban controladas por el capitalismo extranjero, fundamentalmente, británico, belga y francés.

En relación con la energía, las principales fuentes empleadas eran la fuerza humana, la animal, la hidráulica (molinos de agua) y la eólica. El consumo de carbón creció desde mediados de siglo por la red de ferrocarriles, la navegación a vapor y la industrialización. Pero España estaba en clara desventaja, desde el punto de vista energético, respecto a los países industrializados, porque el carbón asturiano era escaso, de mala calidad y su extracción era muy costosa, por lo que se hacía necesario importarlo. El carbón británico entraba en España para abastecer a la industria siderúrgica vizcaína. El sector minero asturiano subsistió gracias a la legislación proteccionista de 1891. Esa misma legislación permitió también la supervivencia del carbón de Sierra Morena, controlado por el capital francés.