El fortalecimiento del poder real en la Inglaterra de Enrique VII

La victoria de Enrique VII de Lancaster sobre Ricardo III de York, muerto en 1485, puso las bases para que en breve plazo terminara la Guerra de las Dos Rosas. Al año siguiente, Enrique se casaba con Isabel de York, la hija mayor de Eduardo IV, el hermano de Ricardo. Las dos grandes familias inglesas se reconciliaban y ponían fin a un enfrentamiento de treinta años. Nacía la dinastía de los Tudor.

En este momento la alta nobleza inglesa estaba en una situación harto delicada. Muchos de sus grandes protagonistas habían muerto en el conflicto y las matanzas. En todo caso, algunos fomentaron revueltas porque no se resignaban a que en Inglaterra viviera un proceso de fortalecimiento del poder real. En 1487 se produjo la sublevación de Simmel, cuyas tropas sublevadas en Irlanda fueron derrotadas. En el año 1496 estalló la revuelta de Perkins Worbeck, que terminó siendo hecho prisionero y ahorcado al año siguiente. Estos dos rebeldes se hicieron pasar por príncipes, es decir, fueron impostores.

Enrique VII tuvo que reconstruir un reino asolado por tantos años de enfrentamientos. Para ello necesitaba recursos económicos, por lo que emprendió una reforma de la administración del patrimonio de la Corona, especialmente de la riqueza derivada de la tierra. Incrementó las rentas que procedían de las aduanas gracias a las tasas sobre exportación de diversos productos como la lana, telas y estaño. Además, estaban los derechos de importación, los aranceles. Mejoró sustancialmente el cobro de las rentas de origen feudal y las multas derivadas de las sentencias judiciales. El patrimonio real era administrado por la Cámara del Rey, aunque el Exchequer trataba de las rentas procedentes de los derechos aduaneros. El rey intentó no recurrir a los subsidios extraordinarios que debía aprobar el Parlamento y lo consiguió en gran medida. Además, aprovechó alguna operación internacional para sacar un beneficio económico, como el Tratado de Étaples por el que consiguió una sustancial cantidad de Carlos VIII, con la única condición de dejarle el camino libre en Italia (unas 745.000 coronas por distintos conceptos). Por fin, Enrique VII aprovechó las revueltas nobiliarias para imponer durísimas sanciones económicas, tanto a través de multas, como con confiscaciones de propiedades y bienes. Así pues, saneó sustancialmente la hacienda real, un requisito fundamental para el fortalecimiento del poder real.

En materia de gobierno y administración, el rey gobernó con la ayuda del Consejo Privado cuyos componentes eran fieles a su política. También contó con la ayuda de importantes personajes, como el canciller Morton, a la sazón arzobispo de Canterbury. Otros altos funcionarios importantes, además del canciller, eran el tesorero y el guardián del Sello privado, todos ellos presentes en el Consejo. Este organismo tenía tres grandes funciones: la de gobierno, propiamente dicha, la de organizar la administración y la de máximo tribunal de justicia, algo muy común en este tipo de instituciones medievales y modernas, donde nunca se delimitaban claramente las funciones y/o poderes.

En la administración territorial la figura del sheriff u oficial del condado, un funcionario de origen normando, y encargado de mantener el orden, la supervisión de la administración y la ejecución de los juicios civiles, había terminado por desligarse del poder central en la época de las turbulencias de la Guerra de las Dos Rosas. Los sheriffs habían actuado a su libre albedrío y cometido no pocos abusos aprovechándose de los disturbios. El rey castigó a todos los que habían cometido atropellos e incumplido la ley. Les arrebató competencias a favor de otra figura, el justice of peace (justicia de paz), que asignó a miembros de la pequeña nobleza que ejercían sus funciones de forma altruista obteniendo a cambio un gran poder en las comunidades locales, pero solamente ejercían durante un tiempo determinado con el fin de evitar abusos y que ese poder se prolongase en el tiempo. Por otro lado, al establecer ese límite temporal el rey podía recompensar sucesivamente a las distintas familias de los condados para evitar rencillas, rencores y resquemores. Esta institución cumplía, por lo tanto, una doble función, social y política, y ambas favorecían el fortalecimiento del poder del rey.

Por fin, en el plano judicial se creó un nuevo tribunal que dependía del canciller, la Court of Chancery, con un procedimiento expeditivo, es decir, rápido, pero además menos oneroso y más equitativo que los largos procesos que se llevaban en los tres grandes tribunales de Westminster (Court of Common’s Pleas, King’s Bench y Exchequer.

Enrique VII, en conclusión, dejó un reino fortalecido para su sucesor.