La Revolución francesa. Primera Parte

Durante los años ochenta del siglo XVIII la Monarquía de Luis XVI atravesaba por graves problemas financieros debido a los gastos militares de las guerras contra Inglaterra, especialmente la Guerra de los Siete Años, que excedían los ingresos obtenidos a través de los impuestos tradicionales. Los intentos de reformar el sistema fiscal emprendidos por varios ministros de hacienda –Turgot, Necker, Calonne, Brienne-, intentando que los estamentos privilegiados contribuyesen económicamente fracasaron. En la asamblea de notables de 1787, los representantes de estos estamentos se negaron a pagar impuestos, ya que suponía el fin de uno de sus más preciados privilegios. Esta negativa obligaba al Estado francés a subir los impuestos o a crear otros nuevos sobre el comercio, perjudicando a la burguesía comercial e industrial y, sobre todo, a campesinos y trabajadores de las ciudades. Éstos veían con preocupación que los precios del pan y otros productos básicos subiesen cuando estallaban las periódicas crisis de subsistencia. Si la burguesía reclamaba mayor protagonismo político y social, los grupos populares, por su parte, precios fijos y asequibles. Y todo el tercer estado, menor presión fiscal.

Ante la negativa de los privilegiados a contribuir, éstos pidieron al rey que convocara los Estados Generales, institución representativa del Antiguo Régimen francés, formada por los tres estamentos y de carácter consultivo, cuya función era aprobar nuevos impuestos y que no se reunía desde 1614. El rey y su ministro Brienne se resistieron porque consideraban que los Estados Generales debilitaban el poder real y podían ser un instrumento de confrontación en manos de la nobleza frente a las reformas. Pero la situación económica y política era tan grave que se determinó su convocatoria para 1789.

La campaña para la elección de los representantes de los tres estamentos fue agitada, publicándose muchos folletos y obras políticas, como el conocido “¿Qué es el Tercer Estado?” de Sieyès, manifiesto político de los no privilegiados. Cada estamento elaboró documentos –“cuadernos de quejas” (cahiers de doléances)- que reflejaban sus aspiraciones, protestas y peticiones. Destacaron los representantes de la burguesía, muchos de ellos abogados y de otras profesiones liberales, que llevaron un programa propio, opuesto a la monarquía absoluta y a la existencia de los estamentos privilegiados.

Por fin, los Estados Generales se reunieron en mayo de 1789, en Versalles. El primer problema que se planteó fue el del voto. Los representantes del estado llano propusieron, influidos por la Ilustración, el voto individual al considerar que representaban a la inmensa mayoría de Francia y eran tantos como los de la nobleza y clero juntos. Por su parte, estos estamentos privilegiados defendían la fórmula tradicional, de un estamento un voto, que les favorecía. Como no se alcanzó un acuerdo, los representantes del tercer estado bloquearon el desarrollo de las sesiones y optaron por constituirse en Asamblea Nacional, acompañados por algunos miembros de los estamentos privilegiados, realizando el famoso Juramento del Juego de Pelota, por el cual se reconocían como únicos representantes del pueblo y se comprometían a no separarse hasta haber elaborado una Constitución.

Mientras ocurrían estos hechos, estalló el “gran miedo” o “grande peur”, un movimiento de agitación en el que los campesinos asaltaron las casas de los nobles y quemaron sus archivos, movidos por el rumor de que éstos iban a restablecer el orden, y para destruir los registros donde se inscribían la rentas y las obligaciones feudales Si eso ocurría en el campo, en París se producían motines debidos a la falta de pan y por los rumores de que se estaban concentrando tropas para disolver la Asamblea. En ese contexto se produjo, el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, fortaleza en la que se encarcelaba a los presos políticos y un símbolo de la opresión del absolutismo. Ante la situación general, el rey decidió ceder y pidió a los representantes de los estamentos privilegiados que se incorporasen a la Asamblea. La Asamblea se ocupó de dos grandes tareas. En primer lugar, de elaborar una Constitución, la primera de la historia de Francia y que se aprobó en 1791. En dicha Constitución se incorporó como preámbulo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que había sido aprobada en agosto de 1789. La Declaración reconocía una serie de derechos individuales e inviolables de alcance universal: igualdad, libertad, derecho a la propiedad privada, soberanía nacional y libertad de opinión.

La Constitución establecía una monarquía constitucional moderada como forma de gobierno. Además se reconocía la división de poderes con un legislativo fuerte frente a un ejecutivo débil por los recelos de muchos diputados hacia el monarca. El legislativo residiría en una Asamblea Nacional Legislativa permanente y con grandes poderes en materia fiscal y de elaboración de leyes. El ejecutivo recaería en el rey, cargo hereditario, auxiliado por un gobierno con ministros que podía elegir. Pero el monarca no podía convocar o disolver la Asamblea. Podía ejercer el veto suspensivo sobre las leyes, pero solamente por un tiempo, ya que, si la Asamblea votaba una ley, al final debía entrar en vigor. El poder judicial era independiente. En cuestión electoral se optó por el sufragio censitario, es decir, limitado a los propietarios, y no podían votar los criados, las personas sin domicilio fijo, las clases humildes ni las mujeres.

Pero la Asamblea también emprendió un programa amplio de reformas. Comenzó aboliendo los privilegios feudales. Los franceses serían iguales ante la ley. Después abordó un plan de cambios económicos de signo liberal: modificación de los impuestos con desaparición del diezmo y de muchos impuestos indirectos sobre el comercio, establecimiento del libre comercio interior y de la libre industria con la disolución de los gremios, la libre contratación, abolición de la esclavitud en Francia y prohibición de los sindicatos y de las huelgas, así como la protección de la propiedad libre, aboliendo cualquier tipo de vinculación. Estas medidas formaban parte del programa económico de la burguesía. Se mantuvo el proteccionismo de los productos franceses y la esclavitud en las colonias. Las reformas administrativas y judiciales fueron las siguientes: se creó una única administración provincial, racional, formado por departamentos y comunas; se estableció un sistema judicial único e independiente de los otros poderes, y se impuso el sistema métrico decimal.

La cuestión religiosa era fundamental, dada la importancia de la Iglesia Católica en el Antiguo Régimen. Se reformó con la denominada Constitución Civil del Clero. La Iglesia Católica quedaba desposeída de gran parte de sus ingresos y tierras, que pasaron a ser bienes nacionales y se subastaron. Se intentó convertir al clero en un cuerpo de funcionarios pagados por el estado francés, al que debían jurar obediencia. Este hecho provocó el rechazo de buena parte del clero y del Papa. Muchos católicos se hicieron en ese momento, contrarrevolucionarios. En contraposición, entre muchos revolucionarios cundió el anticlericalismo.

Por fin, se crearon los asignados, papel moneda, aunque generaría no pocos problemas inflacionistas.