El PSOE y la destrucción de los archivos del Movimiento en Murcia en 1977

Los socialistas, como informaba El País, pidieron aclaraciones en un escrito al Gobierno Civil de Murcia sobre la supuesta destrucción de 105 informes políticos de la Jefatura Provincial. Al parecer, se consideraba que se habían destruido informes de gran volumen y poco valor, pero el escrito de los socialistas exponía que ello debía ser juzgado, no por un funcionario cuyos criterios estuvieran mediatizados por la transformación política de España, sino por un historiador o grupo de historiadores competentes.

En El Socialista, Miguel Sánchez-Mazas publicó un extenso artículo en la sección de Opinión sobre este hecho con el significativo título de “Quemar la Historia”. El destacado profesor comenzaba afirmando que, afortunadamente, la transición hacia la democracia en España, salvo excepciones contadas de exaltados y provocadores, se estaba desarrollando en un clima pacífico y de tolerancia y respeto recíprocos. Eso se debería a la madurez, el sentido cívico y la “alta calidad moral” de dirigentes y militantes de las grandes formaciones de izquierda que, vencidas en la guerra civil y ferozmente perseguidas en la dictadura, no se estaban guiando por la revancha. Sánchez-Mazas consideraba que tanto el PSOE como la UGT habían impulsado esta forma de actuar.

Pero, dentro de este clima pacífico general, alguien estaba intentando iniciar una táctica de tierra quemada, aludiendo a la noticia citada de la quema de la documentación del Movimiento Nacional en Murcia. Si este ejemplo se extendía a las demás provincias españoles, opinando que no había razones para pensar lo contrario, si se había afirmado que las instrucciones habían partido de Madrid, antes de poder impedirlo una parte fundamental e irremplazable de la historia de los últimos cuarenta años habría volado. No sería extraño que el propio Movimiento Nacional se llevase “al otro mundo” los principales testimonios escritos y pruebas documentales en los que se detallaba la forma y los motivos por los cuales sus miembros se habían movido y cómo y por qué motivos no dejaron moverse a los demás españoles.

A Sánchez-Mazas le preocupaba sobremanera que se supiera quien había sido el responsable de la toma de la decisión de quemar los documentos, es decir, quien estaba detrás de la expresión “instrucciones de Madrid”. También se preguntaba sobre a quien pertenecían los archivos oficiales, la documentación de los organismos que habían tenido un papel preponderante en la dirección del país, quién tenía el derecho a apropiarse, a disponer y a decretar la destrucción y volatilización de una parte del patrimonio documental, histórico y moral de España, quién controlaba las decisiones y, por fin, dónde quedaba la soberanía popular y el papel de sus representantes en las Cortes en todo este asunto, es decir, un conjunto de interrogantes para reflexionar sobre a quiénes pertenecían los documentos que se generaban por organismos públicos.

Sánchez-Mazas lo tenía muy claro. El país necesitaba esos documentos porque formaban parte de la historia del país y pertenecían al país, a todos los efectos, es decir, desde el punto de vista jurídico, económico, moral y de investigación histórica.

Pero es que en los numerosos e inmensos archivos del Movimiento no solamente se encontraba parte de la historia de muchos de los perseguidores de la dictadura, expresando que para la mentalidad conciliadora defendida por los socialistas era lo menos importante, sino también la historia de los perseguidos, y nadie tenía derecho a callarla. Era la historia de las acusaciones, calumnias, insidias, delaciones, depuraciones, postergaciones, despidos, encarcelamientos, torturas, de las familias rotas, de las carreras deshechas, de los prestigios manchados. Los documentos serían la tarjeta de identidad, el pasaporte de los que durante tanto tiempo habían carecido de documento oficial para presentarse en la nueva etapa democrática ante sus compañeros y ante toda la sociedad española, ocupando cada uno el lugar que moralmente y profesionalmente le correspondería en la misma y obteniendo el respeto a que se era acreedor en virtud de esa historia. Eran las auténticas credenciales de ciudadanía de cada uno.

Sánchez-Mazas terminaba recordando que los que vencieron, pero no convencieron habían caído a sangre y fuego sobre los vencidos y todo lo que ellos representaban, además de hacerse con sus archivos y su memoria. El uso que habían hecho de los mismos era de todos conocido, planteando la falsificación del pasado reciente de España, de la denigración sistemática del honor, trabajo, cultura y sacrificio de los vencidos. La historia de los vencidos había quedado en manos de los vencedores.

Hemos empleado como fuentes el número del 28 de agosto de 1977 de El Socialista, los fondos digitalizados de la Fundación Juan March del Archivo Linz de la Transición española, y el número del 13 de agosto de 1977 de El País.