La represión política en la Italia fascista

Aunque Mussolini mantuvo las instituciones parlamentarias del Estado italiano hasta 1925, en realidad no funcionaban como tal desde que en 1924 tuviera lugar el asesinato de Matteotti y se produjera el abandono del Parlamento por parte de la oposición, un hecho que para algunos fue un error político porque podría haber permitido sobrevivir a Mussolini cuando crecía la contestación contra él. Lo que está claro es que fue un momento crítico para la supervivencia del régimen fascista porque no estaba claro si el rey terminaría por enfrentarse al dictador. Algunos empresarios y políticos querían que el monarca despidiese a Mussolini, pero Víctor Manuel III temía más a una posible revolución social y no da ningún paso. Mussolini puede estar tranquilo. Entre 1924 y 1925 se produce la desaparición de los partidos políticos, la prensa es atornillada, se queman libros considerados subversivos en algunas plazas y calles, se maltrata y asesina a personajes considerados enemigos y comienza el exilio de muchos opositores hacia Francia.

Mussolini manipula la situación en esos dos años. Comienza a verse más fuerte en el poder, pero no lo suficiente porque no se fía de los fascistas extremistas. Anuncia que se volverá a la normalidad constitucional y los escuadristas amenazan con dar un golpe de estado. La violencia se desata en 1925. Es el pretexto para terminar con ellos, ya que el dictador da plenos poderes a los prefectos de las provincias para reprimir los hechos violentos. Mussolini enfrenta a unos sectores contra otros del fascismo para salir robustecido.

A partir de 1926 se emprende el pleno desmantelamiento de la oposición. Se destituye a los diputados populistas, liberales, socialistas y comunistas. Las denominadas Leyes Ultrafascistas refuerzan las competencias legislativas del ejecutivo, aboliéndose en la práctica la clásica división de poderes de los sistemas políticos liberales y democráticos. También se diluyen las fronteras instituciones con el poder judicial, ya que los jueces deben interpretar las leyes conforme al espíritu y la letra fascistas. El máximo líder concentra los poderes asesorado por una nueva institución, el Gran Consejo Fascista.

A finales de 1926 se aprueba la Ley sobre la defensa del Estado, que estipula los tipos de delitos políticos, que serían enjuiciados por un tribunal especial, que podía actuar sumariamente y cuyas sentencias eran inapelables.

Estos cambios legislativos permiten la represión sistemática de los opositores políticos. Solamente hacía falta establecer un organismo policial nuevo y específico para hacerlo. Así pues, en 1927 se crea la OVRA, es decir, la Organización de Vigilancia y Represión del Antifascismo. Además, de las detenciones, torturas y enjuiciamientos que terminaban con severas penas de cárcel o ejecuciones, otros métodos empleados por el fascismo para reprimir consistieron en la vigilancia domiciliaria, las penas de destierro a localidades del sur lejos de las grandes ciudades o en penales de los archipiélagos de Lipari o Lampedusa. Conocemos bien estas duras experiencias gracias a los escritos de Antonio Gramsci, Carlo Levi e Ignazio Silone.