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El Papado frente a Italia en el último cuarto del siglo XIX


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A partir de la anexión de Roma a la Italia unificada en 1870 los Estados Pontificios de larguísima historia dejaron de existir, y con ellos el poder temporal del papa, generando un conflicto porque el mismo se negó a reconocer la nueva realidad. Además, la capital del nuevo Estado pasó a ser la misma Roma. Pío IX se declaró “prisionero del Vaticano”.

Italia ofreció una solución a través de la Ley de Garantías Papales de mayo de 1871, con el fin de poder regular la relación con el Papado. Por las mismas, el Estado italiano estipulaba que el Papado conservaría el derecho a recibir embajadores y hasta designar diplomáticos propios, mantener un cuerpo armado, la famosa Guardia Suiza, y se establecía un régimen de extraterritorialidad para las residencias papales, como si fueran legaciones diplomáticas extranjeras. Se garantizaría la inviolabilidad de los papas, y tendría derecho a recibir honores de jefe de Estado. Italia se comprometía a otorgar un presupuesto al Papado. El clero católico tendría plena libertad de reunión, y las jerarquías eclesiásticas pasarían a estar exentas del juramento de lealtad al rey de Italia.

Pero Pío IX se negó aceptar estas garantías y privilegios por considerar que no eran fruto de negociación sino ofertas o consideraciones unilaterales, es decir, de parte exclusivamente del nuevo Estado italiano. Pero, además, consideraba que dichas garantías al ser aprobadas por el Parlamento en un futuro podían ser abolidas por la misma institución legislativa. El papa no aceptaba especialmente este hecho porque afirmaba que el acuerdo debía haberse hecho entre pares, es decir, con el rey. Si aceptaba lo dispuesto parlamentariamente consideraba que se asimilaba a cualquier súbdito italiano, sujeto a lo que la Cámara aprobase.

Así pues, las relaciones entre el reino de Italia y el Papado comenzaron siendo pésimas, y ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Los sucesivos gobiernos italianos no consideran al Papado como un sujeto de derecho internacional. Por su parte, los papas rechazaron participar en apariciones públicas en Roma y hasta en la plaza de San Pedro, sin salir del Palacio Apostólico.

En 1874 el papa prohibió a los católicos italianos participar en la vida política. León XIII, a pesar de su talante liberal y social, confirmó esta prohibición en la encíclica Inmortale Dei, de 1880.

 

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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